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Viernes 25 de Enero de 2013

La dirigencia política ante un límite

Pregunta: ¿Hay algún límite para formular críticas sobre la seguridad pública? Respuesta: el de la buena fe. Más allá de ese borde se ingresa en un espacio yermo donde los problemas tienen por garantizada su irresolución.

Pregunta: ¿Hay algún límite para formular críticas sobre la seguridad pública? Respuesta: el de la buena fe. Más allá de ese borde se ingresa en un espacio yermo donde los problemas tienen por garantizada su irresolución. No hay logros en el terreno de la chapucería, del oportunismo, de la mezquindad. Todo lo que se hace desde allí no solamente está destinado a ahondar los fracasos ya probados. Esas acciones también se huelen, se intuyen, se notan y no llevan a sus impulsores a buen destino.

Más que derecho a formular sus críticas, la oposición tiene obligación de hacerlas, porque controla al poder administrador y porque representa en forma legítima a un vasto espacio de opinión. Pero lo del PJ provincial al abordar el tema de la seguridad es mucho más que un derrape. El documento partidario que critica al gobierno santafesino por su manejo del área describiendo a Rosario como Narcópolis, plagiando su diagnóstico del enfoque de un periodista deportivo y haciendo simplificaciones de problemas multicausales de criminalidad es toda una manifestación de intenciones. De las peores.

No sólo es imposible advertir allí voluntad de contribuir ante un problema general y afligente. Lo que se constata con esos métodos es impericia para proponer una salida de aquello que se critica. ¿Cómo habría reaccionado el gobierno nacional si un partido de oposición apelara a semejante metodología para trazar un estado de cosas? Lo habría criticado sin contemplaciones y con toda razón.

Es indudable que en el PJ hay dirigentes bien intencionados, capaces, con preocupación auténtica por un presente complejo y violento. Pero llamativamente las acciones más descaminadas y dudosas vienen de los espacios de responsabilidad encumbrados. Fueron los legisladores nacionales del peronismo los que dejaron a Bonfatti solo en una reunión convocada para intentar acordar políticas comunes contra la inseguridad. Fue el presidente del partido el que dijo que las condiciones para intervenir la provincia estaban dadas. Y ahora es el partido el que descarga su peso global con un documento de confección lamentable.

Muy parecido
. Es discutible que el problema criminal de Rosario se dé como en ningún otro lado. Se da en todos los distritos que tienen inequidades abruptas en sus conformaciones urbanas y fuerzas de seguridad penetradas por la criminalidad. En el noroeste del conurbano bonaerense los partidos de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, General San Martín y Hurlingham constituyen, pese a su división política, una indivisible continuidad urbana, de superficie semejante a Rosario. Y la criminalidad en esos distritos gobernados por el PJ es profunda, con tipologías de violencia (con los llamados secuestros express, la piratería del asfalto y el robo calificado de automotor) que en Rosario existen pero con recurrencia y despliegue menor.

¿Podría alguien plantear que los problemas de Saladillo y La Tablada son distintos a los de Pueblo Nuevo y Coronel Aguirre sólo porque los dos primeros barrios pertenecen a Rosario, de gestión socialista, y los dos restantes a Villa Gobernador Gálvez, gobernada por un peronista? A un lado y otro del arroyo que marca límites geográficos y políticos la crisis es la misma. El Ministerio de Seguridad de la Nación designó en abril pasado como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Rosario a un subcomisario que estuvo un mes bajo proceso penal por integrar una banda de traficantes de droga a Italia. ¿Implica eso que Nilda Garré lo hizo a propósito? Indudablemente no. Estas cosas suponen que los escenarios degradados en donde se despliegan los problemas resultan de procesos complejos y que actuar sobre ellos también lo es. Esos procesos gestan efectos iguales en ámbitos urbanos de distintas provincias. Y algo más: hay escasa experiencia técnica y política desarrollada para una problemática que es relativamente nueva.

El gobierno responsable. Los problemas de Rosario son serios. La tasa anual de homicidios creció entre 2010 y 2012 más de un 40 por ciento. Es un síntoma contundente de algo que a la vez que explotó aún no conocemos bien. Esta expansión no tiene un solo dueño pero se acentuó durante el gobierno del Frente Progresista, que de los más de cinco años de gestión despilfarró al menos tres con improvisaciones desdeñosas en el área de Seguridad Pública. Conforme avanzan los años los contrastes por las desigualdades en la ciudad avanzan también y eso tiene que ver con la gestión pública.

Meditar sobre los costos que tiene simular que los problemas que nos acucian no son problemas comunes es un buen desafío para la dirigencia política encapsulada en sus discusiones por radio o por twitter. Las protestas o puebladas que se dieron a veces en lugares diversos conforman expresiones semejantes de desaprobación frente a representantes políticos que no reparan en los hartazgos que producen los intercambios retóricos.

Y no es sólo un problema de la política. La procuradora Alejandra Gils Carbó acaba de señalar que en la Justicia federal sólo llega a condena el 10 por ciento de los delitos económicos que incluyen el lavado de activos por tráfico de drogas. Los ilícitos de mediana complejidad en la Justicia provincial tienen un alto nivel de impunidad. Identificar a los traficantes no es un trabajo exclusivo del Poder Ejecutivo.

Resolver problemas de criminalidad implica abrir una discusión pública sobre cuántos deben ser los recursos para afrontarlos, de qué bolsillos salen y con qué racionalidad se gastan. Esta discusión debe ser iniciada sin demoras y, fundamental, sin hipocresía. Todos queremos mejores índices de seguridad. En una provincia con desigualdades obscenas que repercuten en la inseguridad, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en desarrollo humano para achicar la brecha entre sectores prósperos y millares de ciudadanos negados? Que la mayor inseguridad esté en los suburbios y que las cárceles sean ámbitos exclusivos de pobres es también una obra de los tres poderes del Estado.

Sea la reunión de ayer entre los concejales de Rosario con la intendenta un primer paso auspicioso para generar políticas racionales por una seguridad democrática donde cada actor pueda contribuir, desde su esfera de acción, a mitigar un problema que persistirá entre nosotros. Porque aún cuando se logre perfilar una estrategia unificada seguirán existiendo episodios delictivos graves. En esos casos, antes de recomenzar con la cantinela circular que distribuye culpas, será bueno enfocar que las debilidades serán las mismas para unos y otros. Nada más ruinoso que actuar ignorando eso.

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