Economía
Domingo 14 de Agosto de 2016

La crisis del empleo está pasando de castaño a oscuro

En julio se registraron 15.137 más suspensiones y despidos que en junio. En Santa Fe los gremios promueven una ley para frenar las cesantías.

La arremetida de un gremio como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario para lograr la aprobación de una ley provincial de emergencia ocupacional por 180 días _que ya fue avalada en la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina y espera tratamiento en el recinto en las próximas semanas_ es un emergente del acelerado deterioro del mercado laboral en Argentina y la región.

Desde el momento en que la ley antidespidos, hace dos meses, fue aprobada por el Congreso de la Nación y luego vetada por el presidente Mauricio Macri, el escenario cambió. La iniciativa que surgió como un intento de frenar la escalada de despidos en el sector público y que amenazaba con replicarse en el ámbito privado, hoy enfrenta a una nueva realidad que es más dura que las previsiones originales que imaginaron quienes impulsaron esta medida.

En el mes de julio, la evolución de los despidos y suspensiones se aceleró en todo el país. Más de 15.137 trabajadores se sumaron a esa situación, frente a los 11.721 de junio. El 93 por ciento de ese número, corresponde a empleados en el sector privado. Además en los primeros siete meses de este año, hay 194.422 cesanteados o suspendidos, según surgió de un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

Estos datos corrobaran las propias tendencias oficiales que difunde el Ministerio de Trabajo de la Nación, las cuales indican que en mayo de este año se registraron 59.840 trabajadores menos en el sector privado formal, es decir aquellos que están registrados, comparados con igual mes de 2015. Desde el mes de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno, la pérdida de puestos superó los 100 mil según la misma medición que toma los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que reúne sólo la información de los asalariados formales del ámbito privado. Este relevamiento mide cantidad de trabajadores y no puestos de trabajo, con lo cual se puede inferir que la caída es aún mayor.

De la mano del deterioro en los indicadores de actividad económica como la producción industrial (cayó 6,4 por ciento en junio según cifras del Indec), la construcción (se desplomó 19,6 por ciento en junio), o el salario real (en el primer semestre se perdió 12,1 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores formales), el gobierno no sólo no logró cumplir con la meta de reactivar la economía, sino que comenzaron a expresarse señales cada vez más claras del impacto de la macroeconomía en el empleo.

Un relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, los procedimientos preventivos de crisis en la provincia se duplicaron en el primer semestre comparados con igual lapso de 2015. Hasta el mes de junio, esa dependencia contabilizó 80 empresas que se encontraban en esa situación o que había iniciado alguna gestión en la cartera laboral contra 42 el año pasado.

En Santa Fe, el sector industrial de pequeñas y medianas empresas fue el primero en mostrar las señales de una crisis que está en proceso de expansión. Las empresas de línea blanca, carroceras y metalmecánicas, muchas de ellas asentadas en la zona del Gran Rosario, sintieron el impacto de la apertura de las importaciones en forma inmediata, pero la situación ya no discrimina sectores. Según Cepa, en julio los despidos y suspensiones se concentraron particularmente en seis actividades, que explicaron el 74 por ciento del total. Allí incluyeron en primer lugar al sector textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodomésticos, pero también en el sector servicios (comercial), que "sufrió despidos en casi todos los centros urbanos", dijo.

"El impacto de la caída del salario real conjuntamente con los despidos producidos afectó seriamente la evolución de este sector, sumado al impacto del aumento de tarifas en diversos tipos de comercios", agregó Cepa.

El impacto provincial

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, estimó esta semana que para fin de año el desempleo a nivel nacional rondaría el 10 por ciento, mientras que las previsiones para julio fueron del 7,5 por ciento.

"En Santa Fe, la foto en junio es la de brutal ajuste laboral en las horas trabajadas. Hubo más de 80 procedimientos de crisis, nos olvidamos de las horas extras, suspensión de turnos. Lo que me preocupa de la foto de julio, donde el empleo formal empieza a moverse levemente para abajo, que es lo que no teníamos a junio", agregó.

El sector metalúrgico fue otro de los que encendió las luces de alerta en la provincia. Esa fue la razón que motivó a la UOM Rosario a elaborar un proyecto de ley antidespidos de alcance provincial para que la política subsane lo que la economía destruye. El secretario local del gremio, Antonio Donello, dijo que en la provincia son 3.500 los trabajadores despedidos o suspendidos en el sector metalúrgico", para contextualizar el pedido por una legislación que en principio prevé suspender por seis meses las cesantías. "La situación cada día desmejora: la pequeña y mediana industria está preocupada porque se cayó el poder adquisitivo y al no vender, no se produce, por lo que cuesta cada vez más sostener los puestos de trabajo", indicó el dirigente.

Justamente el último el último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), reveló que los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado perdieron en el primer semestre 12,1 por ciento de poder adquisitivo. La entidad aseguró que ninguno de los convenios colectivos firmados llegó a cubrir el ritmo inflacionario de la primera mitad del año.

Esta semana, en Rosario los docentes se movilizaron junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo de la reapertura de las paritarias, una decisión que pocas semanas antes el gobierno provincial clausuró como posibilidad para este año. La demanda se fundamentaba justamente en la pérdida del poder adquisitivo del salario por la escalada inflacionaria.

De hecho, el segundo semestre no mostró señales de un cese en la suba de precios. Según el IPC Congreso que presentaron la semana pasada los legisladores de la oposición _ una metodología que hacía suya la dirigencia de Cambiemos durante el anterior gobierno_ la inflación en julio fue del 2,4 por ciento, que arroja un 46 por ciento en los últimos 12 meses. Fue el cuarto mes consecutivo con inflación mensual en baja pero el noveno consecutivo con crecimiento interanual. Así, en los primeros siete meses del año, la inflación acumulada llegó a 30,2 por ciento.

Por otra parte, el informe de Cifra precisa que la caída del poder de compra es todavía mayor si se considera el nivel salarial de los trabajadores no registrados y del sector público. "Así, las paritarias acordadas permitirán recuperar sólo parcialmente la contracción del salario acontecida durante el primer semestre del año".

Estimó que "en el escenario mínimo de inflación estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3 por ciento en diciembre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior".

"Si se evalúa el escenario de mayor inflación el salario real puede descender hasta 7,1 por ciento en el mismo período", consideró la entidad y alertó que "en este contexto, no se advierte que haya una recuperación del consumo privado en el segundo semestre".

Cifra señaló que "la devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos (aún inconcluso) provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45 por ciento anual y no del 25 por ciento como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión".

De acuerdo con estimaciones provisorias, la actividad económica cayó 1,1 por ciento en el primer semestre de 2016, por la baja en el consumo, el gasto público, las inversiones y las ventas al exterior.

Despidos y suspensiones

El relevamiento mensual de Cepa precisa que al 31 de julio de 2016 se registraron 67.392 despidos y suspensiones en el sector público, 988 más que un mes antes, mientras que en el sector privado ascendieron a 127.030, es decir 194.422, lo que representa 14.149 más que en junio pasado. Esto demuestra que la intención original y las previsiones que se manejaban cuando se analizó la ley antidespidos finalmente se concretaron. Es decir, las primeras señales de alerta aparecieron en el empleo público, pero lo peor llegaría en una segunda etapa cuando se trasladara efectivamente al empleo privado.

Así, los despidos en el primer caso a fines de julio representaban el 34,66 por ciento del total, mientras que en el segundo, el 65,34 por ciento.

Sobre el total de los despidos en el sector privado, en julio fue la construcción la que más aumentó, con el 46,12 por ciento del total, es decir unos 58.900; mientras que la industria representó el 45,38 por ciento, 57.649 trabajadores y finalmente servicios con el 8,49 por ciento, unos 10.791.

A la hora de tipificar la problemática, el Cepa indicó que sobre el total, 169.933 fueron los trabajadores despedidos y 24.489 los suspendidos, lo que muestra la gravedad de la situación, ya que la mayoría son pérdidas de puestos de trabajo.

En términos secuenciales, se observa que a los despidos producidos en una primer instancia (diciembre-enero) del sector público y la construcción (esta última como resultado del parate en la obra pública), le sigue una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), y que en estos dos últimos meses impacta en el sector de servicios, particularmente comercio y gastronómico.


Comentarios