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Viernes 14 de Marzo de 2014

La coyuntura pide una investigación en serio

En junio del año pasado el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, denunció haber recibido una intimidación que implicaba también al juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y a miembros de la División Judicial...

En junio del año pasado el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, denunció haber recibido una intimidación que implicaba también al juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y a miembros de la División Judicial. Era el principio de la avanzada contra el grupo encabezado por la familia Cantero, finalmente procesado por asociación ilícita hace tres semanas. Las denuncias de intimidaciones se reiteraron. El 5 de septiembre, el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, recibió en su celular un mensaje parecido al que le mandaron ayer. El texto refería detalles de la intimidad del ministro Lamberto, del jefe de policía provincial, Omar Odriozola, y su subjefe, Raúl Ardiles, describiendo circunstancias de sus vidas con coherencia.

El mensaje aquel también decía esto: "Al rati que le agarramo en casa con la mujer lloraba y le perdonamo". Esa alusión refería el violento robo a un colaborador de Ardiles, de apellido E., que sufrió una visita de violencia extrema en su casa, donde se ensañaron especialmente con su esposa.

Un mes después rociaron a tiros la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Algunos disparos ingresaron al vestíbulo, donde pudo haber alguna de las tres personas que había en el hogar.

Estos episodios temerarios no son invenciones. Ocurrieron de verdad. Producen inquietud y aflicción. Merecen la solidaridad más estrecha y la más incondicional compañía. Más que la soledad de la incertidumbre, para cualquier víctima el mayor dolor es el desdén o la incredulidad.

Todo esto es tan cierto como que no hay respuesta institucional a estas pesadas incógnitas. ¿Están conectados estos hechos? ¿Sus autores son los mismos? ¿Qué se proponen y a qué costo? El esclarecimiento al atentado al gobernador además de una prioridad para el orden público es una necesidad política. No aclararlo pone en crisis dos nociones centrales en un Estado democrático: lo que no puede ser tolerado y el poder de quién manda.

Sin embargo, un incidente de tanta dimensión estuvo en manos de una jueza ya jubilada cuya morosidad e ineficiencia se conocen de hace mucho. El fiscal que actuaba allí, esto no es reprochable para él, trabaja ahora en otra área. La conclusión es que todo refrena el esclarecimiento.

Las intimidaciones hacia las autoridades persisten. Sobre sus responsables acaso haya novedades en marcha que se desconocen. El conocimiento minucioso de celulares y vehículos oficiales, de las rutinas de autoridades y de sus puntos de desplazamiento huelen a inteligencia policial. Los osados que hacen esto parecen estar disfrutando. La difícil identificación de sus autores demanda algo poco visto: la exigencia de una investigación con seguimiento diario, riguroso y comprometido.

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