El Mundo
Jueves 13 de Octubre de 2016

La Corte venezolana, alineada con Maduro, se arroga el poder de legislar

La insólita sentencia descarta a la Asamblea Nacional, en manos opositoras. Parece una jugada a todo o nada del chavismo.

Una sentencia sin precedentes de la Corte Suprema de Venezuela profundizó la grave emergencia institucional y democrática que vive el país. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establece que "el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del propio TSJ), bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley". De esta forma, Nicolás Maduro eludirá el deber de hacer aprobar las leyes por el Parlamento, desde enero pasado en manos opositoras, y esta función legislativa quedará en poder de la propia Corte Suprema, totalmente alineada con el régimen chavista. Es difícil hallar antecedentes de una sentencia similar en el mundo, aún en regímenes autoritarios.

Diputados opositores dijeron que la sentencia va contra la propia Constitución, que establece la división de poderes y otorga al Legislativo el de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley del Ejecutivo. "No hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto", aseguró Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que agrupa a la totalidad de las fuerzas opositoras.

Curiosamente, el tribunal fundamentó su decisión en "el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional". La medida responde al "desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el estado de excepción y emergencia económica", en vigor por decreto desde marzo pasado. La Corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de encontrarse en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo.

El TSJ, totalmente alineado con el chavismo, ha bloqueado sistemáticamente todas las iniciativas del Parlamento, dominado desde enero por la oposición . Antes de que asumieran sus bancas los opositores, el gobierno forzó la renovación de la Sala Constitucional, en muchos casos con jueces que no cubren los requisitos para tan alto cargo. Esta sala será ahora la encargada de revisar los presupuestos de Maduro.

Falacia. Según analizaba la revista online ProDavinci, "la Sala Constitucional se atribuyó una competencia que no tiene, la de aprobar el presupuesto. Esto fue necesario, según la Sala, ante la «imposibilidad jurídica de presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional y de que ésta lo apruebe o lo rechace». Una imposibilidad que, según la sentencia, se mantendría incluso si la Asamblea decide desincorporar a los diputados de Amazonas". Este argumento es una falacia "porque tal imposibilidad no existe. Incluso cuestionando la incorporación de los tres diputados de Amazonas, la Asamblea Nacional podría aprobar el presupuesto con el voto del resto de sus diputados. La supuesta irregularidad en la incorporación de tres diputados no puede afectar las decisiones tomadas por los otros 109 diputados de la MUD e, incluso, por los 55 diputados oficialistas, cuyo mandato popular también está siendo desconocido por la Sala". Además, "no hay en la Constitución ninguna norma que atribuya a la Sala Constitucional la competencia para aprobar el presupuesto. Todo lo contrario: la Constitución es clara cuando señala que el presupuesto se aprueba mediante ley, y sólo la Asamblea Nacional puede dictar leyes". Una obviedad en cualquier democracia normal, pero que en la Venezuela en crisis de Maduro es necesario puntualizar.

José Guerra, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea, hizo un llamado de "alerta a los bancos de Venezuela, a los bancos del exterior, a los bancos de inversión, que se van a tener que abstener de otorgar financiamiento a un gobierno que está cometiendo una ilegalidad. Creo que se le hace un daño muy grande al país. Lo mejor hubiese sido que el gobierno hubiese llevado la ley del presupuesto y la ley de endeudamiento al Parlamento, y nosotros le hacemos las modificaciones pertinentes y se lo aprobamos". Ahora "se va a trancar (bloquear) el financiamiento interno y externo, porque nadie va a adquirir un bono de la deuda pública nacional si no está en la ley de endeudamiento que tiene que aprobar la Asamblea".La decisión "genera cada vez más desconfianza sobre Venezuela", dijo el analista Jesús Casique. "Será mal visto por los mercados y va a afectar el riesgo país de Venezuela, que es de los más altos del mundo".

Comentarios