Un estudiante de una escuela técnica que cobra una beca de unos 6.500 pesos de la Municipalidad fue imputado ayer del delito de intimidación pública por haber alertado por una falsa amenaza de bomba. Se fue a su casa, pero deberá pagar una fianza de 10 mil pesos y presentarse todas las semanas en Tribunales. Además, no podrá salir de la provincia.
Tiene 18 años y es una de las cinco personas que fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la investigación que busca detectar a los culpables de las falsas amenazas de bomba.
Entre esos detenidos estuvo su madre, que recuperó la libertad; un joven de 17 años, que fue puesto a disposición del Juzgado de Menores; y dos padres que tendrán una audiencia imputativa el martes que viene y también quedaron en libertad.
"1º de Mayo y San Luis. En diez minutos vuela todo a la mierda". La voz juvenil que recepcionó el 911 el 3 de julio a las 20.20 fue parte de la evidencia que el fiscal Gustavo Ponce Asahad reunió ayer para imputar a Juan Pablo P., alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 468 y becario de la Dirección de Parques y Paseos del municipio bajo el cargo de intimidación pública.
Por disposición del juez José María Caterina, recuperó la libertad, bajo fianza, que deberá depositar antes del martes.
El alumno de la "Luis Laporte", de 1º de Mayo al 1000 cumplió 18 años en abril y es el segundo de esa institución que afronta un proceso penal por efectuar una falsa amenaza de bomba.
El 3 de julio tomó su teléfono Motorola G4 plus XT y produjo una "broma" que ahora le resultará muy pesada. Ayer fue al banquillo de los acusados, tras el allanamiento producido en la vivienda que habita en Biarritz al 7800 junto a su madre Andrea V., de 45 años.
Ponce Asahad le mostró al juez las evidencias en su contra: las planillas de la Policía de Investigaciones (PDI) y el audio de la llamada intimidatoria registrada en el 911, entre otros elementos.El joven optó por no declarar ante el juez.
El fiscal, en tanto, indicó que su madre reconoció ser titular de la línea telefónica.
"Este es un delito que pone en jaque la paz social", advirtió el fiscal tras enumerar los perjuicios ocasionados por la falsa amenaza. Se tuvo que desalojar la escuela, se afectó el tránsito público y privado, las ambulancias y el comercio de la zona.
En su alegato y bajo el cargo de intimidación pública, Ponce Asahad puso de relieve que el imputado recibe del Estado educación y trabajo, ya que se desempeña como becario de Parques y Paseos. "Lo que se mal interpreta como una broma, le costó a la ciudadanía 50 mil pesos", subrayó para exigir la libertad bajo una caución real de 10 mil pesos, se notifique cada una semana ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y se le prohíba salir de la provincia mientras dure el proceso.
El juez Caterina aceptó la calificación y resolvió la libertad con pago de la fianza.
Entre el jueves por la noche y la madrugada de ayer, la policía realizó dos allanamientos en el marco de la investigación por falsas amenazas de bomba. Se detuvo a tres padres que recuperaron ayer la libertad y tendrán una audiencia imputativa el martes.
El primer operativo fue en una vivienda de Gálvez al 2500 donde detuvieron a María Eugenia C. y Oscar G., de 44, junto a Mateo, de 17, hijo de la pareja, quien quedó a disposición de Menores en turno.
El otro allanamiento fue realizado en Biarritz al 7800, los efectivos se llevaron detenidos a Andrea V. de 45 y su hijo Juan Pablo de 18, quien ayer fue imputado por el fiscal y recibió la libertad bajo fianza del juez Caterina.
En el primero de los domicilios se secuestraron dos CPU, dos notebooks y seis teléfonos celulares.
En la otra vivienda, en tanto,
se secuestraron cinco celulares, dos tablets y cuatro notebooks. En ambos operativos se secuestraron los celulares con los números de las línea s requeridas en la investigación.
Además se allanó un domicilio en calle Casaccia al 4900 con resultados negativos y otro en Beruti al 1900, donde se incautaron dos teléfonos celulares y una notebook. .