La ciudad
Domingo 24 de Septiembre de 2017

Una fiscalía que busca bajar la conflictividad social desde el diálogo

Para la titular de Salidas Alternativas, Verónica López, es central desarticular las contiendas humanas que se esconden debajo del conflicto penal.

"El delito es una infracción a la norma, pero antes que eso es un problema social. Y cuando ves la infracción penal como un problema social, las formas de resolución son variadísimas e inmensamente mayores que si la pensás sólo como un delito". Ese es el punto de partida de Verónica López, fiscal de la Unidad Salidas Alternativas, una de las células en las que se divide el Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe. Desde el año pasado, desde allí lleva adelante una prueba piloto denominada Facilitación de Conflictos Públicos, que aplica en el territorio técnicas pacíficas para abordar la conflictividad de forma estratégica y evitar escaladas violentas que desemboquen en otros delitos mas graves.

Encuentro y diálogo entre las partes. Ese es el puntapié necesario para desandar la conflictividad social al que apunta la fiscal López. "Cuando ves al delito como un conflicto social, la salida puede ser una mediación o una conciliación, que le dan a la víctima y al imputado la posibilidad real de resolver el conflicto. Que puedan encontrarse, dialogar y desarticular el conflicto humano que está por debajo del conflicto penal, que no siga latente", sostuvo.

Las causas que ingresan en esa Fiscalía son "chicas" en términos del monto de pena que podrían aplicarse. "Hay gente que viene por conflictos menores que, si los trabajás mal, se hacen más grandes. Y algo que entró como una amenaza, si no se le da el tratamiento adecuado, puede terminar ingresando más tarde como un homicidio", dijo López. El ejemplo sirve para graficar la importancia que le otorga a la búsqueda de resoluciones que trabajen sobre la base social del conflicto.

Las salidas alternativas a ciertos delitos son posibles gracias a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que rige desde 2014. Abarcan, entre otras, los procedimiento abreviados, las probations, las mediaciones y las conciliaciones.

Verónica López sostuvo que prefiere trabajar con las dos últimas, porque implica que las partes entren en contacto, lleguen a un acuerdo y resuelvan los problemas que tienen. "Las salidas alternativas devuelven a las partes la posibilidad de pensarse como parte del conflicto que tienen originariamente, de responsabilizarse y llegar a una solución que sea satisfactoria para ellos", explicó López. La abogada Marcela Pasetti, que es parte de su equipo de trabajo, reforzó esta idea: "El Estado le tiene que preguntar a la víctima qué quiere conseguir. Porque a veces quiere cosas por fuera del ámbito punitivo".

Por el momento, los casos que se resuelve aplicando estas técnicas son un puñado respecto del total que ingresan. Ponderar estos espacios asignándoles más recursos económicos y humanos evitaría muchos posibles conflictos.

Desde el año pasado, López lleva adelante una prueba piloto. Se trata de la Facilitación de Conflictos Públicos, una herramienta que se aplicó en algunos casos buscando soluciones pacíficas a los conflictos.

"Tuvimos una experiencia muy interesante el año pasado en la zona sur, en un barrio donde había cerca de 14 legajos fiscales por amenazas, lesiones, abusos de armas, con allanamientos y muchos imputados. Detectamos el conflicto, empezamos a trabajar con instituciones del barrio que nos acercaron a las partes involucradas, que eran dos bandos del mismo barrio que venían transitando situaciones violentas. Después de meses de trabajo se los reunió, se pudo discutir lo que pasaba y se bajó la violencia de manera significativa", graficó López.

Esa técnica de trabajo busca convocar a individuos o grupos en conflicto, o con intereses contrapuestos, para desarrollar un programa de acción para abordar el conflicto desde el consenso. Se ha aplicado, por ejemplo, a algunos piquetes. Y también en barrios donde se registraban escaladas de violencia.

El objetivo final es que esta prueba piloto se convierta en una de las herramientas a utilizar cotidianamente para la resolución de conflictos.

Para López, trabajar de este modo es cumplir con parte de las obligaciones que tienen los fiscales: ejercer la acción penal logrando la pacificación social.

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