Amenazas de bomba
Domingo 10 de Septiembre de 2017

Una escuela identificó al autor de una falsa amenaza de bomba, lo dejaron libre y se fue

Se lo individualizó tras cotejar el número a través del que llamó al 911 con la base de datos de la institución. Lo reconoció y acordó su salida

Una escuela de Rosario logró identificar al autor de una amenaza de bomba que se hizo contra la institución y le aplicó al menor una sanción ejemplificadora: lo dejó libre, el estudiante tuvo que rendir juntas todas las materias del año y no pudo seguir cursando sus estudios en ese colegio el año siguiente. El caso ocurrió en el Colegio Salesiano San José (Roca y Salta) con un alumno de tercer año. Las autoridades lograron identificarlo tras cotejar el celular desde donde se hizo la llamada al 911 con la base de datos de números de familiares en la escuela. "De común acuerdo se resolvió que se cambie de escuela porque su situación era insostenible", confió una fuente de la institución.

El caso y su pronta resolución marca un claro contraste con las 300 amenazas de bomba que recibieron distintas escuelas de la ciudad en lo que va del año, una ola de actos intimidatorios que generó decenas de evacuaciones, trastornos y operativos millonarios.

Según pudo reconstruir La Capital el incidente ocurrió en 2016 y hasta ahora no había tenido difusión pública. Pero en la comunidad de la Escuela de Educación Técnico Profesional y Secundaria Orientada 8.013 "San José" todos estaban al tanto de lo ocurrido.

Un día hábil de clases, las autoridades fueron advertidas por la policía de un llamado al 911 que advertía sobre un artefacto explosivo que se había colocado dentro de la escuela.

De inmediato se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones: evacuación de alumnos, personal docente y no docente y convocatoria a la Brigada de Explosivos para que inspeccione las instalaciones y determine la veracidad de la denuncia.

Como ha ocurrido con todos los casos denunciados hasta ahora, la advertencia no era cierta. En el colegio no había ninguna bomba y los agentes se fueron sin detonar ningún artefacto.

Pero la escuela decidió investigar quiénes estaban detrás de la amenaza que alteró el dictado de clases, obligó a evacuar a todos los presentes y alteró todos los ánimos.

La investigación   

Las autoridades pidieron al 911 el número de teléfono desde donde se hizo la llamada intimidatoria. Y cuando lo cotejaron con la base de datos de los números de familiares de alumnos que cursan en el colegio hubo una coincidencia.

Cuando este diario consultó si el celular era de un alumno o estaba a nombre de un adulto, los investigadores se limitaron a señalar que "coincidía con un número que estaba en la base de datos como contacto de uno de los estudiantes".

De inmediato, los directivos contactaron a los padres y al alumno involucrado y les transmitieron "la grave falta que se había cometido" desde el teléfono identificado a nombre de esa familia.

La evidencia era incontrastable y no hubo desmentida. "Se abordó el asunto en conjunto con el Ministerio de Educación y todas las partes acordamos las medidas adoptar, a sabiendas que era insostenible la continuidad del alumno en el colegio", apuntaron desde el San José.

Sanción ejemplificadora   

Fue así que se adoptó una sanción ejemplificadora: el alumno quedó libre, tuvo que rendir con examen escrito todas las materias juntas y se acordó que el año siguiente, siguiera sus estudios en otra institución.

"La falta cometida fue grave y ameritaba esta resolución. La familia lo entendió perfectamente y estuvo en un todo de acuerdo con las medidas adoptadas", agregaron desde el colegio.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, a los pocos días el caso tomó estado púbico en toda la comunidad educativa.

Y se había extendido y conocido los detalles, en particular entre los compañeros del alumno que hizo la llamada amenazante, lo que aceleró la decisión de impedirle que siguiera en la institución.

Fuentes de la institución educativa remarcaron que "no se trató una sanción extraordinaria sino más bien lo que establece el protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe para este tipos de conducta grave".

De allí que en la escuela no se habló de "expulsión" del infractor sino de haberlo dejado libre y acordar con él y sus padres que no podía cursar sus estudios el año siguiente en el mismo colegio.

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