Juan Carlos tiene 58 años. La madrugada del lunes dormía tranquilamente junto a su esposa Susana en su vivienda de pasaje Drumond al 2900, en barrio Tablada. De repente, su vida dio un giro inesperado. Una explosión hizo volar al matrimonio de la cama. A Juan Carlos, a quien todos en el barrio conocen como Charly, le empezaron a caer encima varios litros de agua hirviendo. La caldera del laboratorio de al lado, esa que tres meses antes les había dado un gran susto y lo había llevado a golpear a patadas la puerta del establecimiento para increpar al encargado, había volado por los aires.
El temor de los vecinos se había hecho realidad. Habían denunciado infinidad de veces al laboratorio. El municipio lo había clausurado otras tantas, pero la empresa seguía ahí. Con ruidos, con malas condiciones de salubridad y bajo la conducción de algunas personas cuyos nombres integran abultados expedientes judiciales, varios en el fuero penal.
El lunes pasado sucedió lo que todos temían. Una vez más, como con la tragedia del International Park y la muerte de un bajista electrocutado en el Café de la Flor, el control municipal volvió a quedar cuestionado.
Paradojas del destino, en una administración que le dio el rango de Secretaría al área de Control, suceden estas cosas. Una fábrica viola reiteradamente las clausuras, de hecho Apolo lo hizo al menos seis veces, y sin embargo el municipio explica que en la actualidad estaba tramitando la renovación de la habilitación y funcionaba acorde con lo que exigen las normativas vigentes.
No habían pasado ni diez horas de la explosión en el barrio Tablada cuando el subsecretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrín, convocó una rueda de prensa para detallar que los permisos y habilitaciones del laboratorio estaban en orden. Curiosamente, cinco días después, esos documentos aún no fueron girados a la Fiscalía que investiga el incidente.
Dialogar con Turrín para ahondar en los detalles de las inspecciones que se le hicieron al laboratorio fue una misión periodística imposible durante toda la semana. Todos los llamados de este diario fueron filtrados por segundas líneas del área. No hubo voces oficiales. Esas que aparecen ávidas para detallar operativos integrales de control y convivencia en los barrios, pero que ante la explosión de un laboratorio en el centro de una manzana no se mostraron tan locuaces.
Mientras tanto, varios concejales exigen que se explique lo inexplicable. Por qué el laboratorio violaba las clausuras reiteradamente y seguía funcionando y cómo es posible que su constitución societaria fuera cambiando sin que nadie en el municipio lo percibiera.
En el Laboratorio Apolo había tantas irregularidades que en febrero de 2011 hasta asesinaron en la puerta a uno de sus empleados, que intentó evitar un robo. La empresa les pagaba en efectivo a varios trabajadores porque estaban en negro. Eso llevaba a que la contadora llegara a principios de mes con un maletín cargado de billetes, que fue el objetivo que tuvieron los ladrones. Un empleado quiso evitar el asalto y recibió un balazo mortal.
El martes, un día después de la explosión que además de la casa de Charly dañó otras diez propiedades, los vecinos mostraban imágenes captadas con sus celulares en los que se veían los ensordecedores chorros de vapor que lanzaba la caldera del laboratorio.
Esta gente merece que se les explique por qué una fábrica puede violar las clausuras, someter a un barrio a ruidos tremendos durante todo el día y, con ese historial de décadas, estar tramitando nuevamente la renovación de los permisos y tener, tal cual lo remarcó Turrín, sus habilitaciones en orden. Evidentemente, algo está fallando. Y no admitirlo o no querer verlo es un grosero error.
En el medio hubo una explosión y un hombre está grave en un sanatorio.