La ciudad
Martes 31 de Enero de 2017

Se desató una polémica en el Concejo Municipal por falta de obras en Puerto Norte

Los bloques de la oposición en el Concejo cuestionaron ayer la "flexibilidad" y "permisividad del Estado para que los desarrolladores privados cambien las reglas de juego", que le permiten patear para adelante las obras en espacios públicos que deben realizar a cambio de los beneficios que le otorgó la ciudad a sus proyectos.

Los bloques de la oposición en el Concejo cuestionaron ayer la "flexibilidad" y "permisividad del Estado para que los desarrolladores privados cambien las reglas de juego", que le permiten patear para adelante las obras en espacios públicos que deben realizar a cambio de los beneficios que le otorgó la ciudad a sus proyectos. Además de solicitar pedidos de informe al Ejecutivo, varios de los ediles consultados por LaCapital analizaban ayer convocar al secretario de Planeamiento municipal para que brinde explicaciones sobre las demoras en los reiterados incumplimientos de los convenios público privados.

Por su parte, los empresarios agrupados en la Asociación Civil Puerto Norte, sin ocultar su malestar señalaron ayer que le solicitarán una nueva reunión a la intendenta Mónica Fein, porque desde el encuentro que sostuvieron el año pasado consideraron que no se avanzó prácticamente con ninguno de los problemas planteados. En las últimas semanas cerraron tres bares y otros podrían seguir sus pasos. Además manifestaron su preocupación porque uno de los desarrolladores está prácticamente con un pie fuera de Rosario debido a sus problemas financieros.

El Ejecutivo volvió a proyectar para el 2017 una decena de obras públicas a realizar por desarrolladores que firmaron convenios público privados. El problema radica en que la mayoría de los casos figuran año tras año en los mensajes de los presupuestos elevados al Concejo, pero finalmente no se concretan los trabajos. Es más, esa información fue obligada a ser enviada al Concejo producto de las recomendaciones surgidas de la comisión investigadora de concesiones creada en 2013, cuando los ediles pusieron bajo lupa el otorgamiento de espacios públicos a criticadas iniciativas.

Los cuestionamientos también surgen del Tribunal Municipal de Cuentas, organismo contralor de las cuentas locales, que además de velar por el apego a la normativa vigente ausculta el cumplimiento los plazos de obras dentro de los espacios públicos.

Para este año está proyectado que los privados deben invertir 130 millones de pesos en obras públicas.

El presidente del bloque macrista, Alejandro Roselló, consideró que el Ejecutivo debería "intimar" o "sancionar" a los desarrolladores que no cumplen, "porque se trata de un beneficio para toda la ciudad, no sólo para ellos". Agregó que la fórmula de convenios público privados "pierde sentido con este modelo de gestión para la realización de la obra pública".

"Siempre lo más postergado de los convenios son los beneficios para toda la ciudad", señaló la edila Norma López, después de enumerar las inversiones que deberían haber desembolsado los privados que firmaron los convenios, cuestionamiento que lo extendió a otras concesiones de espacios públicos que incumplieron con lo acordado con el Estado local. Apuntó a varias concesiones, entre ellas a la de La Florida. "El municipio les permite a los desarrollos urbanísticos el cambio de las reglas de juego", agregó.

"La Municipalidad quiso habilitar un nuevo balcón al río Paraná, lo inauguró pero después lo abandono", coincidieron empresarios de la Asociación Civil Puerto Norte. "No controlaron a las desarrolladoras, no auditaron las obras y ahora estamos preocupados porque hay riesgo que una de las ellas termine de armar sus valijas y todo quede así como está", manifestaron.

Además de las inversiones pendientes en la costa central de la ciudad hay demoras de obras públicas a realizar por desarrolladores urbanísticos privados, fundamentalmente en Fisherton, la otra zona de la ciudad donde más creció la valorización inmobiliaria, y que les permitió a estos emprendimientos obtener una serie de beneficios respecto a la competencia de inversiones inmobiliarias realizadas en otras zonas menos favorecidas de Rosario.

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