La ciudad
Martes 30 de Mayo de 2017

Reclamo de trabajadores frente al sanatorio de Los Nuevos Ayres

Silvina Dezorzi

De los casi 120 trabajadores médicos y de la sanidad que supo tener el sanatorio de Los Nuevos Ayres (Pellegrini 1353) hoy, bajo la firma Acción Médica Carlos Pellegrini, sólo quedan 72. Pacientes, ninguno. La casona de valor patrimonial que fue sede original de Cami (Cooperativa Argentina de Medicina Integral del Trabajo) y que según los actuales gerenciadores le sigue perteneciendo, luce vallada por riesgos de desprendimiento, toda una metáfora. Sin embargo, mucho más grave es la situación de los empleados: llevan tres meses sin cobrar.

La empresa que gerencia el efector implora cualquier posible solución legal que les saque la papa caliente de las manos, pero la Justicia demorará algún tiempo más extenso en actuar porque el expediente iniciado acaba de recaer en un nuevo juzgado civil y comercial: pasó del Nº 9, que quedó vacante, al 7ª, a cargo de Marcelo Quiroga, el mismo juez que resolvió el traspaso del Hospital Italiano.

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) se mostró renuente ante la protesta que protagonizó un grupo de trabajadores frente al sanatorio ayer al mediodía. Según su secretario general, Juan Martino, es inminente una decisión judicial respecto de "dos o tres" propuestas realizadas por otros gerenciadores para hacerse cargo del efector, con un "modelo similar" al traspaso que hace un año devolvió viabilidad al Hospital Italiano.

Fue justamente en ese mes cuando al entonces sanatorio de los Nuevos Ayres le pasó casi lo contrario: perdió unas 12 mil cápitas de Pami después de que falleciera un paciente, cuyas causas del deceso la obra social y el centro asistencial se atribuyeron mutuamente.

Para el sanatorio, fue el comienzo del fin. Un vocero de los trabajadores, Carlos Gastaminza.

remarcó que el 12 de diciembre "tomó el sanatorio la nueva gerencia, Acción Médica", aunque los empleados continuaron "en la incertidumbre, porque no se retomaron las cápitas y todo fue de mal en peor".

Una de las últimas pérdidas fue la del convenio que el sanatorio mantenía con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyos afiliados, "al finalizar las cápitas, fueron derivados a otro prestador porque nadie habló con (el titular del gremio, Manuel) Cornejo".

Así, bajo la consigna coreada de "queremos trabajar" y pancartas que clamaban por lo mismo, los empleados del sanatorio se definieron como "el gran capital" que le queda al centro asistencial, "gente dispuesta a trabajar, pero que no tiene medios para hacerlo".

Cuando ya finalizaba la protesta, aparecieron en el lugar dos socias de la firma, las únicas que "dan la cara", Adriana Serres y Nanci y Torquiatti. Ambas afirmaron que su sola preocupación pasa por "salvar las 72 fuentes de trabajo" y refuncionalizar las 60 camas, más 8 de terapia intensiva, que se podrían aportar a la salud local.

"La SRL no tiene el dinero suficiente para afrontar esto, hicimos convenios con las obras sociales y llevamos toda la documentación al Pami, pero nada dio resultado", afirmó Selles.

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