La ciudad
Lunes 08 de Mayo de 2017

Ordenan el desalojo de familias que ocupan tierras municipales

La Cámara de Apelaciones en lo Penal falló a favor de la Municipalidad y ordenó el desalojo de una veintena de familias que el año pasado levantaron viviendas en un predio de Amenábar y Valparaíso, en la zona sudoeste.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal falló a favor de la Municipalidad y ordenó el desalojo de una veintena de familias que el año pasado levantaron viviendas en un predio de Amenábar y Valparaíso, en la zona sudoeste. En septiembre pasado el juez Luis María Caterina había fallado en ese sentido, pero la defensa apeló la resolución al entender que el predio había estado abandonado durante muchos años y que los ocupantes eran todos vecinos del barrio que no tenían recursos para acceder a una vivienda digna. Ahora la jueza Carina Lurati confirmó esa resolución y fijó fecha de desalojo dentro de los próximos seis meses.

De acuerdo con la causa, el 8 de marzo del año pasado una veintena de familias de la zona sudoeste ingresaron en un terreno de Amenábar y Valparaíso, hicieron un precario loteo y levantaron algunas viviendas.

Las tierras en cuestión son propiedad de la Municipalidad de Rosario, que a través de la ordenanza 7.528, sancionada hace 14 años, las integraba dentro del plan de urbanización de Villa Banana.

Pero, de acuerdo con la defensa, el municipio jamás hizo uso de esas tierras, que al momento de la ocupación se encontraban en estado de abandono.

Además, se sostuvo que ese espacio era "insalubre y riesgoso", ya que se había formado un basural por la falta de mantenimiento.

El 8 de septiembre del año pasado se llevó a cabo una audiencia imputativa contra todas las personas acusadas de ocupar el predio. En ese momento eran más de 30.

El juez Luis María Caterina los imputó como "coautores de usurpación" y ordenó que el terreno fuera desalojado en el plazo de 60 días.

La resolución fue apelada por la defensa. Pero, la semana pasada, la jueza de Cámara Carina Lurati falló a favor de la Municipalidad al confirmar el fallo de primera instancia.

Sin embargo, la magistrada entendió que, ante la situación de "vulnerabilidad social y desamparo" en que se encuentran las familias que se establecieron en los terrenos, y la cantidad de niños que pertenecen a esas familias, el plazo para que se concrete el desalojo debía ser de 180 días y no de 60, como había fijado Caterina.

Comentarios