La Justicia ordenó a la obra social Iapos que cubra la colocación de un estimulador cerebral a un hombre que padece Parkinson. El paciente presentó un recurso de amparo judicial y se sometió a estudios médicos que confirmaron que el mejor tratamiento para su enfermedad era el que solicitaba. En tanto, seis meses después de la cirugía, el paciente deberá presentar un informe de su evolución.
Arístides A., de 59 años, atraviesa el tercer estadío del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que produce temblores cuando el cuerpo se encuentra en reposo, rigidez muscular, lentitud y dificultad en los movimientos voluntarios e involuntarios, y pérdida de reflejos posturales, entre otras afecciones físicas.
En septiembre de 2014, se presentó en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) con un diagnóstico de la Junta Provincial Evaluadora de Discapacidad que indicaba que presentaba "un 50 o 60 por ciento de afectación en sus actividades, lo que le genera una importante alteración en su manejo personal". Por ese motivo le fue prescripta la colocación de un "estimulador cerebral subtalámico bilateral", que mejoraría sustancialmente su calidad y sus expectativas de vida, y además solucionaría los problemas gastrointestinales que le produce la fuerte medicación que debe consumir de manera diaria para su tratamiento.
El dispositivo se utiliza para un tratamiento conocido como "estimulación cerebral profunda". El neurotransmisor envía una estimulación eléctrica a áreas específicas del cerebro que controlan el movimiento para bloquear las señales nerviosas anormales que causan el temblor y los síntomas del Parkinson.
A principios de 2015, ya presentado el recurso de amparo, desde Iapos indicaron que no se oponían a cubrir el estimulador ni su aplicación, pero solicitaban que el paciente consultara con un médico del Instituto Fleni, en Buenos Aires, "a los efectos de tener mejor precisión médica". De acuerdo con la resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº15, a cargo del magistrado Carlos Cadierno, en el Fleni no dieron respuesta sobre esta cuestión. Por este motivo, los representantes legales de Arístides A. solicitaron una interconsulta con el Instituto Médico Legal.
El nuevo informe explicitó que la colocación de un estimulador cerebral era la mejor opción dentro de los tratamientos para el Parkinson existentes. Además, su colocación al menos reduciría la cantidad de medicamentos que el paciente debe consumir, lo que mejoraría las afecciones gastrointestinales y los efectos secundarios de las drogas utilizadas para el tratamiento. Por esto, concluyeron que la colocación del dispositivo aportaría una mejoría sensible al cuadro de Parkinson.
Por estos motivos, y entendiendo que nuevas demoras en una resolución atentarían contra el estado de salud del paciente, el juez Cadierno ordenó a Iapos la provisión del dispositivo y la asunción del costo de la cirugía.
Además, indicó al paciente que seis meses después de la cirugía deberá presentar un informe que de cuenta de la evolución de su patología, y sobre la eficacia del tratamiento.