La ciudad
Viernes 07 de Julio de 2017

No declararon los detenidos por vender facturas "truchas"

Tres de los cinco se abstuvieron y los otros dos no lo hicieron por problemas de salud. Entre estos últimos hay una contadora pública

Tres de los cinco detenidos el miércoles por su presunta participación en una red delictiva que falsificaba comprobantes de pago para vendérselos luego a empresas que los usaban para evadir impuestos se abstuvieron de declarar ayer ante el juez que los investiga. Los otros dos, entre ellos una contadora también apresada hace dos días, ni siquiera llegaron a ser indagados por problemas de salud.

Las indagatorias fueron tomadas por el juez federal Carlos Vera Barros, quien ordenó las detenciones y también los 35 allanamientos realizados el miércoles en Rosario por efectivos de fuerzas federales. Lo que busca el magistrado son pruebas sobre una evasión de 2.500 millones de pesos atribuida a unas 6.500 empresas que supuestamente compraban las facturas "truchas" a la organización rosarina.

Después de ser apresados en distintos procedimientos, los cinco detenidos fueron trasladados al escuadrón de la Gendarmería Nacional en Funes y desde allí los trasladaron ayer a la mañana hasta la sede de los tribunales federales penales, en Oroño al 800.

Los detenidos son Delio Serafini, Marcelo Liporaci, Jorge Centeno, María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo.

Los tres primeros son los que fueron indagados por Vera Barros y se abstuvieron de declarar. Los otros dos, incluida la contadora Ottaviano, son quienes presentaron indisposiciones que les impidieron sentarse ante el juez. El magistrado evaluaba ayer cuándo volverá a convocarlos para cumplir con ese trámite.

Los cinco detenidos están sospechados de participar en la venta organizada de facturas apócrifas y constitución de sociedades ficticias. Su modo de operar, según denunció la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), consistía en inscribir empresas fantasma en el organismo fiscal y generar facturaciones que luego vendían a otras empresas y comercios. Esto les permitía a sus clientes evadir el pago del impuesto a las ganancias (IVA) y probablemente otros tributos por cifras astronómicas.

Aunque los detenidos llegaron al tribunal federal penal muy temprano, las indagatorias comenzaron formalmente a media mañana y se extendieron hasta poco más allá del mediodía. Se interrumpieron cuando Ottaviano y Astudillo comunicaron que no estaban en condiciones de responder a las preguntas del juez.

Las indagatorias eran importantes para que el magistrado federal a cargo de la investigación pudiera avanzar en la determinación de los roles que los detenidos cumplían en la organización delictiva, integrada en total por más de 80 personas. Las abstenciones y la imposibilidad de declarar de dos de ellos no permitieron avanzar en ese sentido, aunque la Afip ya le habría aportado a Vera Barros una investigación preliminar en la que esos roles están bastante claros.

En el juzgado había ayer una actividad febril que incluía el análisis de la evidencia incautada el miércoles en los allanamientos. Sin embargo, no hubo información oficial y tampoco se filtraron detalles significativos esas pruebas y sobre qué otras personas integraban la red delictiva.

Aun así, se sabe que en el juzgado esperan jornadas de intenso trabajo para los próximos días y no se descarta que Vera Barros pida la habilitación de la feria judicial para no interrumpir las pesquisas. Tampoco que ordene nuevas medidas para avanzar en la investigación.

De los detenidos el miércoles se sabe que Astudillo es comerciante y tiene 47 años, Serafini es gestor y tiene 62, Centeno es empleado y tiene 65 y Liporaci es comerciante y tiene 50. Ottaviano, como ya se dijo, es contadora.

En la causa hay además otras 20 personas con prohibición de salir del país. En total, según la denuncia que la Afip le presentó al fiscal federal Federico Reynares Solari, la organización investigada por asociación ilícita, fraude y falsificación y uso de documento contaría con unos 80 integrantes. Todos ellos están ahora bajo sospecha y son investigados por el juez Vera Barros.

Sin luz

Recién habían terminado las declaraciones indagatorias en el juzgado del magistrado Carlos Vera Barros cuando se cortó la luz en la zona de los Tribunales federales penales, en Oroño al 800. Alguien en los pasillos ironizó: "¿Cómo investigar y con pocos empleados?". No se escuchó ninguna respuesta.

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