Accidente en la ruta 33
Domingo 26 de Febrero de 2017

Monticas, la empresa más denunciada por usuarios y legisladores

Desde hace años, el malestar de los vecinos por el servicio deficiente fundamenta proyectos legislativos para revocar la concesión.

La empresa de transporte interurbano de pasajeros Monticas SA, propietaria de las dos unidades siniestradas el viernes es una de las compañías más denunciadas por los usuarios y legisladores en los últimos tiempos. Los reclamos por mayores controles del Estado al cuestionado servicio son recurrentes en los organismos de control y en las redes sociales. Estos se acentuaron tras el incendio de una unidad que circulaba por la ruta nacional Nº 33 en cercanías de Casilda y recrudecieron tras el choque frontal en la misma ruta. A las reiteradas quejas y denuncias de los usuarios se sumaron planteos de concejales de varias ciudades y en el ámbito legislativo donde, además de las objeciones técnicas sobre le prestación del servicio pretenden ahondar en los beneficios que obtiene la compañía en términos de subsidios.

   Con esa finalidad la diputada provincial, Miriam Cinalli, solicitó recientemente al Ejecutivo santafesino su "urgente" intervención para que, a través de los organismos competentes, "controle e investigue el funcionamiento y estado de las unidades de la empresa Monticas y asociadas, que diariamente producen innumerables inconvenientes como el ocurrido en el último incidente de enero de 2017".

   A su vez, su par venadense, Mercedes Meier, impulsó un pedido para que se informe sobre la asignación de subsidios a la firma, que en 2016 habría recibido, solamente de la Nación, más de 33 millones de pesos. Además expresó que "quizás sería más provechoso para los santafesinos empezar a pensar en que sea el Estado provincial el que administre y brinde esa prestación cumpliendo con los estándares necesarios de seguridad y servicio".

   Dijo en la oportunidad que "nos preocupa que empresarios que demostraron un desprecio tan grande por los usuarios del servicio interurbano de pasajeros sigan recibiendo millones en subsidios cada año", al tiempo que se preguntó "si vamos a esperar que ocurra una fatalidad para tomar cartas en el asunto".

   A su vez, sobre el reciente incendio de un coche consideró que "lejos de ser un hecho aislado, es un capítulo más en la larga historia de un servicio deficiente que provocó numerosas denuncias, campañas ciudadanas, colecta de firmas pidiendo la rescisión del contrato y hasta altercados entre los choferes y los pasajeros que se negaron a aceptar como algo natural el pésimo servicio".

   Similar postura tomó Cinalli al asegurar que "las quejas de los usuarios son permanentes". Y tras recordar que presentó proyectos similares en 2015 y 2016 además de mantener reuniones con directivos de la empresa y funcionarios, dijo que "la situación no cambió. Como legisladora me hago eco de las quejas de los perjudicados".

   "Por el compromiso con los usuarios que son rehenes de esta empresa y por el riesgo vial que conlleva el funcionamiento del servicio tal como se está brindando, es que pido nuevamente la intervención del gobierno", justificó la legisladora, para agregar que "de ser necesario, y en caso de constatación de las irregularidades denunciadas, se debería aplicar la legislación vigente para regularizar la situación o avanzar sobre la caducidad de la concesión".

   Otra demanda en la Legislatura fue presentada por el senador Lisandro Enrico, quien propuso sancionar una ley que declare la emergencia del transporte de pasajeros en colectivo en el territorio provincial por el término de dos años. Enrico ya había presentado varias iniciativas similares. Tomó esta medida por los reiterados incumplimientos de las empresas Arito y Monticas, debido a que estas firmas continúan generando trastornos a los pasajeros santafesinos lo que lleva a tomar nuevas determinaciones para buscar una solución definitiva a un histórico problema.

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