AFIP
Viernes 04 de Agosto de 2017

La Justicia Federal procesó a diez personas por la estafa con facturas truchas

Entregaban recibos truchos y defraudaban al Estado. Seis de los involucrados quedarán tras las rejas, los otros cuatro permanecen libres

El juez federal Carlos Vera Barros procesó ayer a diez de los 13 involucrados en la causa por facturas falsas que culminó con decenas de allanamientos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y Gendarmería en varios sitios de la ciudad.

El resonado caso salió a la luz el 5 de julio pasado cuando se supo que el magistrado federal detuvo a cinco personas sindicadas como los cabecillas de una organización y restringió a otras 20 la salida del país. A todas les inhibió además la utilización de sus bienes.

Entre los integrantes de la banda hay escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores, todos engranajes indispensables para la ejecución del delito.

Si bien al principio no se dieron a conocer las identidades de los detenidos, con el paso de los días sus nombres fueron trascendiendo en el marco de la investigación por evasión agravada, falsificación y uso de documento falso, y asociación ilícita. También se conoció que la organización está conformada por unos 80 integrantes.

Según detalló el juez en la resolución dictada ayer, el modus operandi de la banda consistía en "crear empresas que en realidad no existen como tales e inscribirlas en la Afip". Eso les permitió generar facturas falsas que luego vendía a otras empresas para que pudieran evadir el pago de tributos al fisco. En otras palabras, "dichos comprobantes apócrifos eran requeridos por contribuyentes interesados en evadir impuestos a través de créditos fiscales o gastos ficticios. De esa manera, disminuían IVA o Ganancias", dijeron los investigadores.

Las empresas estaban armadas con personas insolventes y facturaban con 72 Cuit distintos y con diferentes modalidades de facturas apócrifas, que incluyen comprobantes en papel, electrónicas, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.

La Justicia federal determinó que seis de los procesados que estaban detenidos seguirán en esa condición en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Otros cuatro continuarán el proceso en libertad, mientras que el escribano Fabián Tosini quedó desvinculado de la causa al dictársele falta de mérito como coautor del delito de asociación ilícita tributaria en relación al hecho que se le imputó.

Los procesados con prisión preventiva son Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Miguel Centeno, Adrián Marcelo Zeballos, María Cristina Ottaviano y Ricardo Cayetano Astudillo bajo la imputación de "coautores del delito de asociación ilícita tributaria" y "en calidad de organizadores".

No obstante, Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti permanecerán en libertad previo pago de una fianza de 100 mil pesos. Todos deben comparecer cada treinta días en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrán salir del país.

Peligro

A la hora de referirse a los acusados que continuarán detenidos, Vera Barros manifestó que "no es posible descartar hasta el momento la existencia de peligrosidad procesal en relación al posible entorpecimiento de la investigación" si quedaran en libertad. En efecto, serán trasladados a dependencias del Servicio, inexistentes en la provincia. Así, Ezeiza o Marcos Paz son algunas de las alternativas.

Por otro lado, en relación con los acusados que quedaron en libertad, el magistrado dijo que "Miotti, Rete y Sgariglia no se resistieron al momento de llevarse a cabo sus detenciones, e incluso García compareció espontáneamente en el juzgado; también surge de los legajos que no poseen antecedentes penales".

Además, para los diez procesados el juez trabó embargo de bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.

Según se desprende de la investigación judicial, los denunciados constituían "empresas ficticias o pantallas creadas al sólo fin de ser utilizadas para esconder, encubrir o simular negocios realizados" por otros contribuyentes.

De esta manera, "la modalidad del delito se basó en la fabricación de una cartera de empresas que luego comercializaban a contribuyentes usuarios, prestándoles por su intermedio, servicios y herramientas necesarios para la evasión de impuestos convirtiéndolas en verdaderas usinas generadoras de facturas apócrifas que se utilizaban para inventar un falso crédito fiscal, que los usuarios después computaban en la ecuación impositiva y en su favor, dando una apariencia de legalidad a lo que en definitiva, sería una evasión tributaria", surge de la redacción del procesamiento.

1.200 millones

Tras el análisis de todas las operaciones que se habrían llevado a cabo por la organización delictiva, la Afip expuso que "durante el período enero 2015 a diciembre 2016 se habrían detectado 19 usinas, las cuales, en relación al impuesto al valor agregado, generaron un monto de crédito fiscal impugnable que ascendería a $247.315.951, mediante la emisión electrónica de 28.795 comprobantes, por un monto neto de $1.204.276.275, los cuales habrían sido utilizados por aproximadamente 3.419 de usuarios".

Los allanamientos ordenados por Vera Barros se hicieron en 32 domicilios donde se secuestró documentación contable y extracontable, y soportes informáticos" que permitieron avanzar con la investigación.

Pero además, se realizaron intervenciones telefónicas "en relación a los abonados que estarían siendo utilizados por los principales investigados en autos, actividad investigativa a partir de la cual comenzaron a surgir elementos de relevancia para la comprobación de los hechos atribuidos a los imputados, y a su vez, permitió determinar la participación que tendrían los demás integrantes de la organización delictiva sospechada en autos", se puso de manifiesto en el expediente.

Falta de mérito

El escribano Fabián Tosini respira más tranquilo por estas horas. Vera Barros dispuso para él la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo. "Con las pruebas hasta aquí reunidas, no resulta posible confirmar ni descartar que su vínculo con la asociación ilícita investigada sea acompañado con propósito delictual", manifestó.

Los últimos dos detenidos en el marco de la causa, Hernán Racca e Iván Dobboletta, fueron indagados el viernes pasado y se espera todavía la decisión del juez en torno a su situación procesal. En este sentido, Vera Barros podría emitir alguna resolución ampliatoria en las próximas horas.

palacio judicial. La resolución del magistrado de primera instancia, Carlos Vera Barros, tiene fecha de ayer.

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