La ciudad
Miércoles 30 de Agosto de 2017

"Hay una decisión política de no dejar presos a los homicidas viales"

Duro cuestionamiento de entidades que trabajan sobre la seguridad vial en la previa del fallo contra un mecánico que atropelló y mató a un repartidor

El 9 de agosto pasado comenzó el juicio contra el mecánico Juan Carlos Schmitt, acusado de atropellar con un auto a más de 100 km/h al cadete de un bar que iba en moto y terminó desmembrado y muerto. Diez días antes del inicio del debate, dos jóvenes que corrían una picada en los límites del macrocentro chocaron a un auto que se les cruzó y mataron al conductor. Y, como si esto no fuera suficiente para instalar el tema de la seguridad vial en Rosario, el 18 de agosto una nena falleció después de que el auto en el que iba a la escuela fuera embestido por otro en barrio Las Delicias. Para Mónica Gangemi, fundadora de la asociación Compromiso Vial, entidad involucrada en esta problemática; la ciudad, la provincia y la nación se deben el debate sobre el paradigma desde el cual la Justicia se posiciona ante este tipo de hechos.

"El derecho no trabaja desde una mirada preventiva sino sobre un resultado consumado. Consideramos que debe haber un cambio de paradigma. Tenemos que repensar qué es lo que consideramos riesgoso para transformar las leyes y la forma en que se aplican", consideró Gangemi, quien en 2005 perdió a su hija Ursula en el resonado caso Capozzuca.

El caso del mecánico (ver aparte) cobró relevancia por lo inusual del planteo de la Fiscalía: que fuera condenado a 10 años por el delito de "homicidio con dolo eventual". Esa figura nunca tuvo demasiado éxito en la consecución de penas porque implica que se pruebe que el acusado preveía que con su accionar podía generar la muerte de alguien y, sin embargo, lo llevó a cabo.

Para Gangemi, el hecho de que, en lugar de esta figura se utilice la de "homicidio culposo" (por negligencia o impericia), es por una decisión política. "Hay un decisión de no dejar a los homicidas viales presos. Y además, hay una decisión de no sentar jurisprudencia al respecto", acusó Gangemi.

"Los jueces que tienen que aplicar la Justicia se sienten demasiado identificados con el victimario. En los casos de homicidios dolosos, sienten que ellos nunca agarrarían un arma para salir a robar o a matar, pero que sí podrían agarrar un auto alcoholizados, o pasar un semáforo en rojo, o conducir con exceso de velocidad. Ellos, o sus hijos, o sus amigos".

Prevención

Desde junio, miembros de Conciencia Vial realizan un trabajo conjunto con el fiscal general Jorge Baclini, para sentar las bases de un cambio de paradigma que trabaje sobre la prevención y no sobre los resultados. "Tiene que ver con el riesgo aceptable y el riesgo no aceptable para una sociedad. O sea, qué toleramos, qué consideramos riesgoso y qué no" dijo Gangemi. "Por ejemplo, decidir si una persona que conduce alcoholizada tiene consecuencias penales, o sólo se la castiga en el caso de que mate a alguien".

En ese sentido, se está trabajando en la posibilidad de la creación de Fiscalías de Seguridad.

Además, el lunes pasado Gangemi se reunió con el diputado provincial Antonio Bonfatti para avanzar en un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal (CPP) de Santa Fe para que los jueces puedan inhabilitar licencias de conductor. El artículo 208 bis prevé que un magistrado puede hacerlo sólo en causas por homicidio culposo o lesiones.

El proyecto de ley incorporaría la posibilidad de incluir al CPP de la provincia el artículo 84 bis del Código Penal, que tipifica el homicidio culposo con agravantes tales como conducir alcoholizado y con exceso de velocidad; y el artículo 193 bis, que castiga a quienes participen de una picada, incluso cuando no se registraran víctimas.

La modificación serviría en casos como el de la picada de 27 de Febrero y Necochea, que terminó con un automovilista que no participaba en la competencia, muerto. Por ese hecho, Ariel L. quedó imputado por homicidio triplemente agravado, ya que fue su auto el que impactó contra el de la víctima. Pero Lisandro A. fue imputado sólo por participar de la picada y cuando la Fiscalía pidió que le fuera revocada provisoriamente, el juez Carlos Leiva no hizo lugar al pedido porque la normativa no lo permite.

"Tenemos que

repensar qué es lo que

consideramos riesgoso para transformar las leyes y cómo se aplican"

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