La ciudad
Domingo 18 de Abril de 2010

En Roma reniegan de la Justicia en el caso del cura rosarino acosador

La máxima autoridad de la congregación a la que pertenece el ex párroco denunciado no sólo había intentado superar el caso sin demasiadas repercusiones públicas, sino que fue más allá. Le envió una carta personal a una de las víctimas de los abusos en la que le hace un llamado a "rescatar a los pecadores"

“Quien nos juzga es Dios; no debemos tener miedo del juicio de los hombres, siempre limitado y, a veces, falso”. Si había dudas acerca del pacto de silencio en torno a los casos de acoso sexual y abuso de autoridad en la parroquia de Pompeya, ahora ya será difícil disimularlo. La máxima autoridad de la congregación a la que pertenece el ex párroco denunciado no sólo había intentado superar el caso sin demasiadas repercusiones públicas, sino que fue más allá. Le envió una carta personal a una de las víctimas de los abusos en la que le hace un llamado a “rescatar a los pecadores” y , a contramano de las actuales recomendaciones del Papa, reniega de la Justicia civil.

La misiva habría sido enviada por el abad general después de decidir pagarle a la víctima 200 mil pesos como reparación material, en un acuerdo extrajudicial que sólo puede interpretarse como parte de un acuerdo para acallar el caso. Si fuera así, hasta ahora la víctima G ha cumplido porque, según pudo averiguar La Capital, no estaría entre las dos o tres víctimas que se han animado a dejar escrita su denuncia, al menos puertas adentro de la parroquia.

Esta reveladora carta fue publicada por el sitio “Religión Digital”, que difunde información religiosa de España y el mundo y cuyos contenidos son regularmente leídos y comentados en el Vaticano. El documento se convirtió así en la primera gran repercusión internacional de la investigación que La Capital viene difundiendo desde febrero pasado.

La nota personal está fechada el 27 de setiembre del 2009 y lleva la firma de puño y letra del abad de los Canónigos Regulares Lateranenses, Bruno Giuliani, la máxima autoridad de la orden que administra la parroquia ubicada en Mendoza 5160. Si bien las víctimas son al menos ocho, entre ellas un monaguillo adolescente, menor de edad cuando ocurrieron los hechos y con una discapacidad mental, Giuliani dirigió su carta a quien se conoce sólo por la inicial de su nombre, G, un ex profesor de la escuela parroquial y reconocido militante de la Acción Católica de Rosario, el único que, además, recibió una indemnización para mantener el silencio.

Absolver a la víctima. Un rasgo notable de la nota es que el abad general Giuliani libera de culpabilidad nada menos que a la víctima, después de reconocer que el “grave incidente moral, provocado lamentablemente por un hermano nuestro, te ha provocado consecuencias serias, tanto a nivel personal como a nivel de las relaciones con el ambiente parroquial y educativo donde desarrollabas diversas actividades”.

En uno de los párrafos más cuestionables, Giuliani exhorta al profesor G. a “superar con serenidad las consecuencias de este triste episodio”. Y, renegando del carácter delictivo de la actuación del sacerdote de su congregación, señala: “Quien nos juzga es Dios; no debemos tener miedo del juicio de los hombres, siempre limitado y, a veces, falso”.

En la misma misiva -cuyo fascsímil se reproduce y traduce del italiano en esta página- el abad admite que “en las dos visitas que he realizado recientemente a la Argentina, y en continuidad en la búsqueda por acertar en la verdad de los hechos, no he constatado ningún elemento que pueda declararte culpable de corresponsabilidad”.

Este pasaje (resaltado en negritas en el texto original) se interpreta como una suerte de respuesta a otra carta donde la víctima G podría haber manifestado sus dudas y culpas a raíz de su vinculación en el caso.

Tras esa insólita absolución lanzada sobre la víctima del abuso, Giuliani le pide “superar las consecuencias de este triste episodio”. Finalmente, el abad le aconseja a la víctima que “como padre de familia y como líder de la comunidad cristiana donde vives y actúas, debes mirar a Jesús, que se ha hecho pecado, para rescatar a los pecadores”.

La carta suma así un eslabón fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso, después que durante más de un año un pacto de silencio llevó a las víctimas a evitar la denuncia ante la Justicia. Sin embargo, algunas de las personas abusadas por el ex párroco Reynaldo Narvais (actualmente alojado en una casa para sacerdotes en Buenos Aires) declararon por escrito en actas que debieran estar guardadas en los libros de la Congregación.

Allí dijeron que no hablaron antes por temor a perder el trabajo y que, como Reynaldo era su jefe, tuvieron mucho temor en denunciarlo.

Las primeras sanciones. Tras una serie de publicaciones de La Capital, la justicia rosarina actuó de oficio en el caso, aunque no trascendieron aún los detalles de esas actuaciones. Fue la fiscal Adriana Camporini quien presentó un escrito ante la jueza de instrucción penal Raquel Cosgaya.

Al conocerse públicamente el caso, el arzobispo José Luis Mollaghan se encargó de resaltar en sus declaraciones que el sacerdote denunciado había sido suspendido en su ministerio parroquial y separado de su cargo de director de la escuela que depende de la parroquia. También reconoció haber tratado directamente con algunos fieles de Pompeya.

Mollaghan confirmó además que el abad Giuliani viajó dos veces desde Roma a Rosario para ocuparse personalmente del caso. Ninguna de estas gestiones se habían conocido públicamente hasta que este diario difundió el tema.

Los canónigos lateranenses son una veintena en la Argentina, con parroquias y colegios en Salta, Jujuy, Rosario y Buenos Aires. En Rosario también desarrollaron una prolífica tarea en la parroquia San Miguel Arcángel, que luego entregaron a la arquidiócesis. Ahora sólo mantienen la parroquia de Pompeya, donde el arzobispo se inclinó por esperar el fin del proceso canónico antes de nombrar párroco al actual administrador Raúl Lutz, quien suplantó a Narvais después de las denuncias.

Por estos días, en la parroquia de Pompeya y en toda la comunidad religiosa de Rosario se aguarda con expectativa el regreso del administrador Lutz, segunda autoridad de la congregación a nivel mundial y primera en el país, para que informe cuál ha sido la decisión que adoptó una cumbre general de los lateranenses realizada hace pocos días en Rímini, Italia.

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