La ciudad
Domingo 10 de Septiembre de 2017

El avance judicial contra las amenazas generó los primeros "arrepentidos"

Los contaron responsables de distintas escuelas. Hubo confesiones y lealtades que se quebraron. Acordaron las sanciones a infractores.

El avance judicial contra las amenazas de bomba a escuelas de la ciudad empezó a dar resultados. Directivos de varios colegios contaron que ya hubo algunos casos de estudiantes "arrepentidos" que admitieron haber efectuado una llamada intimidatoria y se comprometieron a tratar de reparar el daño con alguna tarea comunitaria. Así, empezaron a hacerse visibles chats de WhatsApp donde se anunciaban las comunicaciones amenazantes para que no se tomara un examen.

Estas novedades se escucharon el viernes en una amplia reunión que se hizo en la escuela Las Heras donde se abordó la problemática de los más de 300 llamados con amenazas de bomba que recibieron en lo que va del año distintas escuelas de la ciudad.

Participaron del encuentro el fiscal que lleva adelante las investigaciones desde el Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Ponce Asahad, la titular de la Delegación VI del Ministerio de Educación provincial, Daiana Gallo Ambrosis, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de Santa Fe.

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También asistieron directivos de 26 colegios, tanto públicos como privados, que recibieron intimidaciones, un numeroso grupo de padres y varios alumnos representantes de los centros de estudiantes.

Según pudo reconstruir La Capital, en el cónclave se mencionaron algunos casos de menores que se quebraron en sus escuelas admitiendo responsabilidad y conocimiento de quienes habían efectuado las llamadas intimidatorias que tanto impacto causaron a la sociedad.

En su exposición, el fiscal Ponce Asahad explicó las implicancias penales de las amenazas de bomba y el estado de las investigaciones que lleva adelante. Hasta ahora hay tres imputados por intimidación pública y en breve se estima que habrá más allanamientos tras el entrecruzamiento de datos y la identificación de las líneas desde donde se hicieron las llamadas.

Los representantes del Ministerio de Seguridad contaron en qué consisten los operativos y la logística que se despliega cada vez que aparece una amenaza de bomba y su costo, entre 40 y 50 mil pesos cada uno. Por la cantidad de repeticiones, ya se gastaron más de cinco millones de pesos.

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Circular

Por su parte, Gallo Ambrosis precisó el contenido de una circular emitida a todos los colegios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez y Granadero Baigorria, localidades alcanzadas por el fenómeno de las amenazas a colegios.

En ese documento de la cartera educativa se instruye comunicar oficialmente a los padres de los alumnos sobre las consecuencias civiles y penales de efectuar una amenaza de bomba.

Varios directivos hablaron. Hubo una autoridad que contó que la escuela que dirige recibió en el último tiempo unas diez llamadas con amenazas de bomba. Y puso en duda que todas hayan sido efectuadas por alumnos que concurren a esa institución, instalando la sospecha de grupos ajenos al colegio que operan con la intención de generar pánico colectivo.

En la cumbre se acordó una serie de pautas respecto a las sanciones a efectuar a los alumnos que se identifiquen como los responsables de las intimidaciones.

Si bien hubo un largo debate, se consensuó impulsar tareas comunitarias en los propios colegios en contraturno o incluso los días sábado. Las actividades a realizar van desde pintar, arreglar el mobiliario hasta tareas de limpieza.

También se mencionó la necesidad de que los alumnos implicados "tomen conciencia de lo que hicieron, aprendan las consecuencias que sus actos tuvieron y se conviertan en agentes multiplicadores de un mensaje que debe llegar a todos los estudiantes para que no se repitan más estos hechos lamentables".

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