La ciudad
Jueves 21 de Marzo de 2013

El abogado y juez de Faltas acusado de estafa, cada vez más complicado

Un abogado del foro local, que también se desempeña como juez de faltas de la Municipalidad de Rosario, fue detenido ayer tras ser indagado e imputado de estafa, aunque al cierre de esta...

Un abogado del foro local, que también se desempeña como juez de faltas de la Municipalidad de Rosario, fue detenido ayer tras ser indagado e imputado de estafa, aunque al cierre de esta edición recuperó la libertad. El letrado está sospechado de apropiarse de una porción importante de la indemnización que debían percibir los familiares de un hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito.
  Sergio B., el profesional en cuestión, fue denunciado en noviembre pasado por los cuatro hijos de Ricardo Cecilio Gallardo, un ciclista que murió el 16 de abril de 2001 luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido el 2 de febrero del mismo año (ver aparte)
  Como se da en estos casos, los hermanos contrataron al abogado para que los representara en el juicio civil por daños y perjuicios contra el conductor y su compañía de seguros, Federación Patronal.
  En el juicio se comprobó la culpa del conductor, y en un fallo de mayo de 2012 el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 lo condenó —y subsidiariamente a su compañía de seguros— a resarcir a los hermanos Gallardo con 790.000 mil pesos más los intereses acumulados desde el momento del accidente, una cifra total de casi 2 millones 200 mil pesos.
  Pero B., que litigó junto a otra abogada identificada como Mariela P., no le informó de esa resolución a los deudos. Recién en octubre de 2012 les comunicó que la compañía de seguros les había ofrecido 270 mil pesos en dos cuotas, una cifra alevosamente inferior a la que les correspondía según el
fallo.
  Como los familiares de Gallardo pidieron que se mejorara esa oferta, el abogado los citó el 5 de octubre en la sucursal del Banco Galicia del Paseo del Siglo (Córdoba 1851), donde se concretó el pago. El profesional puso sobre una mesa cuatro paquetes con fajos de billetes que sumaban 82 mil pesos cada uno (328 mil pesos en total), y les hizo firmar un recibo donde se alteraba el pacto por la cuota litis.
  Un dato que le suma gravedad al caso es que el letrado acusado figura como empleado de planta permanente como juez de Faltas de la Municipalidad de Rosario, donde percibe un salario bruto de 14.680 pesos.
  Lo concreto es que los hermanos Gallardo se dieron cuenta del perjuicio del que fueron víctimas cuando un familiar los llamó para decirles que La Capital había publicado una nota sobre el caso, donde se mencionaban las cifras del resarcimiento. Entonces lo denunciaron el 22 de noviembre de 2012 con lujo de detalle en la Unidad de Información y Atención a la Víctima.

Tensión. Desde que este diario ventiló el caso en su edición del 6 de marzo, el juzgado de Instrucción Nº 1 que investiga el hecho, a cargo de Roxana Bernardelli, se manejó con absoluto hermetismo respecto a los avances de la causa. Pero ayer todo se precipitó.
  El abogado se presentó espontáneamente a media mañana en el juzgado para cumplir con la declaración indagatoria, acusado del delito de estafa y de acuerdo a la requisitoria del fiscal Esteban Franichevich. Negó los cargos y acompañó documentación respaldatoria para sustentar esa postura.
  Durante la audiencia, que se extendió por casi dos horas, no faltaron las discusiones y las voces altisonantes entre los defensores y funcionarios judiciales, según aportaron fuentes cercanas al caso.
  Pero el trámite tuvo un corte abrupto. Es que según fuentes judiciales, el acusado le habría levantado el tono de voz a la jueza cuando ésta decidió la detención. Para ello convocó de urgencia a un agente policial del destacamento de Tribunales, que lo acompañó hasta un patrullero que lo esperaba en el subsuelo de Tribunales. De allí fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde fue identificado y se determinó su lugar de alojamiento.
  En tanto, y bajo el argumento de que no existe peligrosidad procesal, la defensa de B. solicitó la excarcelación, requisito que tuvo dictamen favorable de la fiscalía. La magistrada resolvió el pedido más tarde y se la concedió.
  De acuerdo a las pericias contables y entrecruzamientos de documentación de la compañía de seguros y bancaria, el abogado quedó seriamente comprometido respecto a la conducta que desplegó con sus clientes. A su vez, la abogada que acompañó a B. también será citada al juzgado para que explique su función en el hecho que motivó la grave denuncia.

Comentarios