Amenazas de bomba
Lunes 11 de Septiembre de 2017

Educación ya advierte a padres que deberán pagar por las amenazas de bomba

Los papás recibirán esta semana una nota donde se les informa que tendrán que afrontar los costos de los operativos.

Después de semanas donde las falsas amenazas de bomba tuvieron a maltraer a las comunidades educativas de cientos de colegios, desde hoy las familias de los alumnos comenzarán a recibir una nota advirtiendo sobre las consecuencias civiles y penales de estos llamados. El escrito fue elaborado por las autoridades del Ministerio de Educación provincial y, entre otros puntos, reafirma la decisión de que los padres paguen el costo de los operativos de seguridad que activan estas intimidaciones.

Con el objetivo de que las familias sumen su colaboración para frenar con la multiplicación de denuncias ficticias que se reciben al 911, en los cuadernos de comunicaciones de los alumnos de nivel primario y secundario se incorporará una nota que propondrá "dialogar en casa sobre este problema".

El escrito sintetiza el estado de la investigación penal iniciada para individualizar a los autores de las falsas amenazas y recuerda que los padres son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores. Pero, además, señala que el gobierno provincial reclamará el resarcimiento de los costos de los operativos, calculados en unos 45 mil pesos.

Apelar a la responsabilidad de los padres de los alumnos es una medida original para un problema que se repite con frecuencia, algunas veces con la intención de evitar un examen. "Es fundamental que las familias estén interiorizadas de lo que pasa y se puedan hablar de estos temas", señaló la directora de la regional VI de Educación, Daiana Gallo Ambrosis.

Por eso, sostuvo, entre el jueves y el viernes, se mandó una circular a los directivos de todas las escuelas de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez y Granadero Baigorria, tanto de gestión oficial como privada. Allí se indicaba también el texto que empezará a circular en los cuadernos de los alumnos.

"Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo puertas adentro de las escuelas, ahora pedimos que este tema se hable con las familias que son actores fundamentales en todo esto", apuntó la funcionaria.

El acuerdo

La decisión de involucrar a las familias de los estudiantes forma parte de los temas consensuados en una reunión que se desarrolló el viernes pasado en la escuela Las Heras. Hasta el secundario de zona norte llegaron los directores de unos 26 colegios, además de docentes y referentes de centros de estudiantes.

En el encuentro se abordó la situación que genera múltiples trastornos en la comunidad educativa y el despliegue de protocolos de seguridad absolutamente innecesarios.

Además, se acordó una seria de pautas respecto a las sanciones que se apliquen a los alumnos que resultaran identificados como los responsables de las intimidaciones.

En general, se consensuó impulsar tareas comunitarias en los propios colegios en contraturno o incluso los días sábado. Entre otras propuestas, los adolescentes tendrán que colaborar pintando aulas o patios, arreglando el mobiliario de los salones de clase o realizar tareas de limpieza.

"Quedó claro que la acción tiene que ser reparadora", apuntó Gallo Ambrosis. Y recordó el caso de la escuela Belgrano, de la capital provincial, donde un alumno pintó una de las aulas o de otra escuela rosarina donde una estudiante asistió en contraturno 15 días para acompañar en juegos y tareas a docentes y niños del nivel inicial.

El encuentro llegó tras dos meses en las que las falsas amenazas tuvieran a maltraer a varios colegios y a las fuerzas de seguridad. En lo que va de septiembre, a la central del 911 hubo 135 llamados de alerta ficticios. En el año, hubo 312 situaciones.

La semana pasada, cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa judicial abierta para investigar estos casos. Todos eran propietarios de las lineas telefónicas de los celulares que se utilizaron para realizar llamadas por amenaza de bombas y fueron imputados del delito de intimidación pública.

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