La Legislatura provincial aprobó finalmente el jueves la expropiación y urbanización integral de 12 hectáreas del barrio Cullen, una zona de Empalme Graneros. Eso permite ahora a casi 400 familias pensar en acceder a su terreno y su casa. Se trata de vecinos que llevan 30 años habitando ese lugar de la zona noroeste en medio de un juicio por las tierras, que todo este tiempo significó el fantasma del desalojo.
La provincia espera tener reglamentada la norma en 30 días, se propone iniciar un relevamiento los primeros días de marzo y estima que las obras de infraestructura y reurbanización llevarán por lo menos dos años.
"Luego de años de lucha en Tribunales, en la calle y en la Legislatura la gente podrá acceder a la tierra y a las obras de urbanización", señaló Facundo Peralta, integrante de la organización Causa, que trabaja en el territorio, al tiempo que el secretario de Hábitat de la provincia, Diego Leone, anticipó que en 15 días arranca un "relevamiento en profundidad" de la zona y se abre una mesa de diálogo con los vecinos para consensuar las obras a llevar adelante.
Las familias comenzaron a instalarse en los terrenos en los años 80 y su batalla por mejorar el lugar fue tan ardua como evitar que las sacaran de ese enclave en el noroeste de la ciudad, en el predio delimitado por Sorrento, Cullen, Campbell y el arroyo Ludueña.
Leone detalló cuáles son los pasos y tiempos previstos a la hora de concretar las obras, y anticipó que "la idea es tener la ley reglamentada en 30 días e iniciar en marzo un relevamiento en profundidad del terreno".
El funcionario explicó que "se trata fundamentalmente de determinar la apertura de calles, lo que determina la relocalización de las familias", que puede ser el punto de mayor conflicto.
Eso permitirá poner en marcha obras de consolidación de calles, construcción de desagües y cordones cunetas, conexiones a la red de agua potable y alumbrado público, un proceso que Leone estimó "en dos años de obras fuertes".
En paralelo, con Economía Social del municipio se trabajará en proyectos de cooperativas de acuerdo al perfil de las familias.
La batalla de los vecinos lleva un tiempo largo; así y todo la mejora del barrio siempre fue su objetivo, e incluso su explícita voluntad de pagar por el terreno que habitan. El año pasado, cuando ya habían sorteado un intento de desalojo, festejaron haber avanzado en la pavimentación de 200 metros de calle y se planteaban como desafío tener veredas y luz.
Es más, consiguieron un permiso en los Tribunales provinciales para hacer mejoras "de emergencia" y, en el marco del acuerdo con la provincia, propusieron comprar los lotes en los que viven a un precio de 15 dólares el metro cuadrado basado en la valuación hecha por la propia Secretaría de Hábitat de la provincia.
Sin embargo, el juicio de la Compañía Santafesina de Tierras para desalojarlos continuaba, y ese conflicto es el que recién logró saldarse ayer con la aprobación del proyecto de expropiación. Si bien el paso cierra una pelea de años, el dirigente de la organización Causa anticipó que lo que se viene "también es un proceso complejo de ordenar el terreno y que todos los vecinos tengan su lugar para vivir".