Accidente en la ruta 33
Miércoles 01 de Marzo de 2017

Casilda celebró la salida de Monticas, pero exige un servicio seguro

Vecinos ratificaron la asamblea anunciada para hoy en la terminal, para pedir justicia y medidas que garanticen un mejor transporte de pasajeros.

La decisión del gobernador Miguel Lifschitz de hacer caducar la concesión de la empresa Monticas tras el trágico siniestro ocurrido el viernes pasado en el que fallecieron 12 personas fue bien recibida en Casilda, aunque abrió el interrogante en torno a si la medida finalmente garantizará la seguridad que los usuarios esperan a la hora de trasladarse en colectivo.

   Si bien la disposición satisface la demanda social surgida casi espontáneamente tanto en esta ciudad como otras localidades de la región sacudidas por la tragedia vial no desactivó la asamblea pública anunciada para hoy, a las 19.30, en la terminal de ómnibus de Casilda donde se espera una fuerte presencia de autoridades locales y distintos sectores de la comunidad.

   En ese marco, además de abordarse la problemática en cuestión serán entregados a los funcionarios sendos petitorios firmados por vecinos en demanda de Justicia y medidas tendientes a mejorar el trasporte de pasajeros. Aunque uno de los planteos ya fue resuelto con la quita de la concesión, un grupo de vecinos autoconvocados fue aún más lejos e incluyó dentro de los requerimientos la expropiación de la flota de coches con que cuenta la firma.

   Es que no pocos usuarios sospechan que las empresas que se hagan cargo del servicio terminen absorbiendo y reciclando unidades de Monticas. Y en tal sentido sostienen que "la única garantía para que ello no suceda es que se expropien los colectivos a la empresa".

   Pero más allá de tal postura de algunos habitantes, por estas horas la principal mirada parece estar enfocada en el papel que le compete al Estado en materia de garantizar los controles a fin de minimizar riesgos.

   "Estamos de acuerdo con esta medida que debería haberse tomado antes, ya que Monticas es desde hace tiempo la empresa más denunciada por usuarios y políticos a raíz del mal estado de sus vehículos y el pésimo servicio que brindaba", dijo a ayer a La Capital Adriana Liborio de Caratti, una de las principales referentes de la agrupación local Prohibido Olvidar, integrada por familiares de víctimas en siniestros viales.

   No obstante, la mujer aclaró que "es necesario que el Estado controle con firmeza todas las líneas de transporte para garantizar seguridad a los pasajeros, porque de lo contrario nada cambiará".

   Similar planteo, como dio cuenta este diario en la edición de ayer, realizaron desde la Facultad de Veterinarias y la Escuela Agrotécnica de Casilda, que también depende la UNR, además de promover que la institución universitaria se constituya como querellante en la causa donde se investiga el fatal suceso.

   "Hay que resolver el problema de fondo", opinó el profesor universitario de Veterinarias Danilo Renzi, tras sostener que "mientras el Estado no controle y exija que las empresas de transporte público de pasajeros cumplan para circular con las correspondientes condiciones de seguridad no valdrá de nada esta decisión de quitarle la concesión a Monticas, más allá de que haya caído bien".

   En tanto, el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio casildense y jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de esa ciudad, Federico Censi, calificó como de "acertada" la resolución, aunque consideró que "no es la solución definitiva". Y resaltó además que "los Estados nacional y provincial deben reforzar la fiscalización de todas las empresas de colectivos para asegurar que sus coches estén en condiciones de circular, lo que además debe ser acompañado de inversiones para mejorar el estado de las rutas y autopistas y una fuerte conciencia ciudadana sobre el tema que nos preocupa".

   En las redes sociales la noticia también corrió como reguero de pólvora y despertó opiniones y especulaciones que mayoritariamente tuvieron buena receptividad, aunque baja el denominador común de recriminar la tardanza de lo dispuesto en virtud de las cataratas de reclamos que pesaban sobre la firma desde hacía años.


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