La ciudad
Sábado 26 de Agosto de 2017

Avanza el proyecto que reduce comisiones e impuestos a inquilinos

Se fija un tope de 4 por ciento del contrato a los corredores, pagadero entre propietario y locatario. Y se exime Sellos e Inmobiliario.

El oficialismo en la Legislatura buscará sancionar en dos meses una ley provincial de alquileres que beneficiará a 100 mil familias de inquilinos de todo Santa Fe. La propuesta establece un tope en la comisión inmobiliaria del 4 por ciento del contrato a pagar por mitades entre el propietario y el locatario, frente al 5 actual que abona quien alquila. En el caso de las renovaciones, el máximo será del 2 por ciento, repartidos entre los suscriptores del convenio. Además se impone al dueño de la unidad el pago del impuesto Inmobiliario, se exime el impuesto a los Sellos para los empleados que cobren hasta 40 mil pesos y se crea un registro para monitorear incumplimientos y planificar políticas.

"Es una ley que regula y transparenta el mercado inmobiliario, que está a favor de los inquilinos pero no va en contra de las inmobiliarias y los propietarios", resumió el autor del proyecto, el diputado socialista Rubén Galassi.

El ex ministro de Gobierno reveló que hay consenso para que la iniciativa obtenga despacho en pocas semanas en la comisión de Vivienda y luego media sanción en el recinto "en el término de 60 días", donde el Frente Progresista tiene 28 votos sobre 50.

La iniciativa fue presentada en abril por Galassi y ahora cobró impulso tras la repercusión que tuvo la ley de alquileres que aprobó el jueves pasado la Legislatura porteña.

Para la ciudad de Buenos Aires se estableció que la comisión inmobiliaria será del 4,15 por ciento del contrato. Y quedará a cargo de los propietarios y ya no los inquilinos.

La propuesta del socialismo es diferente. "Proponemos una norma razonable, equitativa, pero orientada a favorecer al eslabón más débil de esta cadena, que es el inquilino", indicó Galassi.

Según el legislador del PS, la iniciativa "no va contra las inmobiliarias ni contra los propietarios. Va a aportar transparencia al mercado y ayudará a abaratar costos de los alquileres, sobre todo para quienes más lo necesitan".

El texto que debate hace unas semanas la comisión de Vivienda fija un tope a las comisiones del 4 por ciento del valor del contrato, pagadero en partes iguales entre el propietario y el locatario.

"Actualmente —precisó Galassi— la comisión es del 5 por ciento y por lo general sólo la paga el inquilino. Creemos que el porcentaje que proponemos para una intermediación es más que suficiente".

Asimismo, cuando el contrato se renueve entre las mismas partes y lo único que se modifique sea el costo, "que no implica ningún trabajo extra del intermediador", se propuso una comisión máxima del 2 por ciento, también abonada en partes iguales.

Además, se promueve la exención del impuesto a los Sellos para inquilinos que perciban tres jubilaciones o pensiones mínimas ($21.750) y aquellos cuyos ingresos familiares no superen tres sueldos de comercio (cerca de $40 mil).

Galassi estimó que "en un contrato tipo, el impuesto de Sellos suele estar entre 1.500 y 2.000 pesos, que siempre se paga cuando se firma el contrato y también lo hace el inquilino. Con esto el Estado resigna recursos y le permite ahorrar al inquilino".

En paralelo, la propuesta establece que el impuesto Inmobiliario debe ser abonado por el propietario, mientras que el inquilino se hace cargo de la tasa general de inmuebles (TGI).

Se faculta al ejecutivo para que cobre una sobretasa de entre el 50 y el ciento por ciento en el impuesto Inmobiliario para aquellas propiedades que estuvieron al menos un año desocupadas.

También se habilita a la gobernación a instrumentar mecanismos para ofrecer garantías que sean accesibles al inquilino y a su vez al propietario le garanticen un cuidado de su casa. Así, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia.

Y se crea un registro de alquileres para hacer un seguimiento de perfiles y sus niveles de cumplimiento para planificar políticas públicas en la materia.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe sede Rosario, Julio Ibrahim Farah, cuestionó el proyecto de ley de alquileres que impulsa el socialismo en la Legislatura. "Es una propuesta inconsulta, confusa e injusta, ya que regulará los honorarios de los corredores inmobiliarios, cuando el resto de las profesiones lo hace a través de sus colegios", opinó.

   Farah fue más allá y advirtió que, de prosperar el texto presentado por el diputado Rubén Galassi, "el efecto será perjudicial para todas las partes. Es muy probable que se traslade al valor de la locación la disminución de los honorarios de los corredores".

   Para Farah, "no se entiende por qué a sólo cinco años de haber aprobado esta misma Legislatura la ley de corretaje inmobiliario de Santa Fe, que está funcionado correctamente, ahora se la quiere cambiar de manera inconsulta e intempestiva".

   Farah consideró "temerario que se afirme que en 60 días la ley estará sancionada, cuando como parte directamente involucrada todavía no fuimos siquiera convocados a dialogar y a opinar sobre el texto".

   Según Farah, "es muy cuestionable que en un contrato entre privados el Estado se involucre a favor de una de las partes, en este caso los inquilinos, con lo cual la otra parte tenderá a resguardarse subiendo el valor del contrato o sacando propiedades del mercado".

Y remató recordando que "la contratación de los corredores inmobiliarios no es obligatoria, pero es una necesidad social, tanto que en Santa Fe hay 1.800 corredores matriculados".El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe sede Rosario, Julio Ibrahim Farah, cuestionó el proyecto de ley de alquileres que impulsa el socialismo en la Legislatura. "Es una propuesta inconsulta, confusa e injusta, ya que regulará los honorarios de los corredores inmobiliarios, cuando el resto de las profesiones lo hace a través de sus colegios", opinó.   

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