Colombo llega a la ciudad convocado por la Fundación para la Democracia Internacional, a través de su programa Ver Más Allá y expondrá, a partir de las 18.30, en la sede de Sarmiento 702 con entrada libre y gratuita. Conduce la Procuraduría desde su creación en 2013, pero desde 2008, cuando se dictó la ley 26.842 (de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas) trabaja en el tema.
"Será una charla abierta para socializar el recorrido hecho hasta ahora y contar desde el punto de vista de la persecución penal y la aplicación del castigo, en qué situación está la Argentina hoy", anticipó a La Capital. Entre sus objetivos, la Protex brinda asistencia a las fiscalías de todo el país en las causas de secuestro extorsivo, trata de personas y delitos conexos, además de diseñar políticas, informar y prevenir.
La actividad del organismo arrancó focalizada en la explotación sexual, la difusión en los medios de casos emblemáticos ayudó a visualizar el sistema prostibulario y el día a día de sus víctimas. "En términos sociales, pero también en la aplicación del delito, fue una muy buena noticia porque eran situaciones que estaban debajo de la alfombra, que no se discutían socialmente", reseñó Colombo.
Entre las bisagras del desocultamiento, el procurador anota a la ley de trata, la federalización del delito y el trabajo de las organizaciones civiles desde 2005. Esta convergencia permitió que la agenda pública hiciera foco en el tema, hoy insoslayable a la hora de hablar de derechos. Y de hacer visible que la trata no significa alguien encadenado sino aprovechamiento de la vulnerabilidad, es decir, de no poder optar.
Según Colombo, en el imaginario popular anidan varios prejuicios sobre los dos tipos de trata, sexual y laboral. En el primer caso "hay preconceptos anclados en la visión patriarcal, machista respecto de la utilización de la mujer como objeto, cuando el sistema en su estructura está diciendo que en realidad vienen de contextos de pobreza absoluta donde las chances de conseguir un trabajo son limitadas", explicó.
"Pero por suerte este discurso fue puesto en crisis y está siendo rediscutido; incluso hay una serie de jurisprudencia no sólo en la aplicación del delito, sino también con discusiones y debates públicos sobre los estereotipos", aseguró. Y dio un dato inquietante. "A estos prejuicios que tiene la sociedad no son ajenos jueces y fiscales, por eso se trabajó mucho y, hay que decirlo, hay otra Justicia que tiende a dictar fallos en línea con los derechos de las mujeres", analizó. Dijo que uno de los objetivos de su tarea fue "desanudar esta madeja de prejuicios que muchas veces tienen los operadores judiciales"; y citó al respecto los cursos de capacitación realizados.
A destajo
"La explotación laboral tiene una raíz distinta a la de género, pero se da con la misma fuerza", aseguró Colombo con respecto a los prejuicios culturales y sociales que naturalizan la explotación abusiva extrema. Así, citó el ejemplo de un fallo en la ciudad de Buenos Aires, donde una década atrás, un juez federal "llegó a decir en un sobreseimiento que en realidad los ciudadanos bolivianos estaban muy acostumbrados por razones atávicas a soportar jornadas laborales extremas y en condiciones de mucha precaridad".
El Procurador dijo además que tuvieron fallos contrarios donde "si bien no desnudan su pensamiento real sobre el tema, se nota que de fondo lo que está imperando tiene que ver con esos prejuicios, casi como decir no sé de qué se quejan". En los casos penales por explotación laboral, las modalidades detectadas fueron textiles y rurales, con un 82 y 18 por ciento respectivamente.
Colombo colocó al trabajo a destajo entre las formas modernas de esclavitud: prestación de servicio por ningún pago o pago irrisorio, como el que suele encontrarse en el trabajo rural. "Tuvimos un caso en Balcarce para la cosecha de papas, habían traído personas de Santiago del Estero a quienes les cobraban el transporte inflado en términos de costo al igual que la manutención", relató. Y no pasó por alto que se trata de cooptar una persona en un marco de asimetría no sólo económica sino también simbólica.
Escollos y logros
"Hay dos grandes escollos, uno es la idea de que esto existió siempre y que ahora se le pone el título delictivo, pero son prácticas sociales admitidas; otro punto de fondo tiene que ver con complicidades y connivencias de funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo o a veces son prácticamente socios de los lugares de explotación, en especial la sexual", describió Colombo.
Como botón de muestra citó una norma desde 1937, una norma muy clara sobre prohibición del prostíbulo denominado en aquel momento casa de tolerancia. Pero "esto ha sido pasado por alto por las sucesivas y muy distintas administraciones tanto nacionales como locales, todas las provincias, lo que significa un estado de rebeldía con respecto a la norma, habilitándolos con eufemismos. Había algo que decía la norma y una práctica social que la barrían", argumentó.
En su opinión, lo satisfactorio de la ley de trata fue precisamente poner en orden ese esqueleto normativo, dando "una pelea muy fuerte en relación a la connivencia y a los negocios que existen entre el sistema prostibulario y quienes hacen la vista gorda en cualquiera de las formas del Estado".
¿Cómo se traduce la efectividad del trabajo de la Protex? "Desde 2014 tenemos un promedio de 50 condenados por año en el delito de trata en todo el país", comentó. Y dijo que desde 2011, Argentina es el país de la región que más condenas ha conseguido.
"Esto demuestra que la rueda de aplicación de delito se puso en marcha y que logró alguna eficacia, por supuesto esto no nos conforma y la idea es tratar de conseguir condenas que apunten a grupos o redes de organizaciones más robustas y consistentes", explicó. También dijo que en los últimos dos años hubo "algunos ejemplos interesantes de organizaciones criminales en red con la complicidad de funcionarios públicos. Finalmente, citó el caso de Alika Kinan, activista por los derechos de las mujeres y abolicionista de la prostitución argentina, quien logró declarar responsable solidario a la Municipalidad de Ushuaia, ya que el lugar donde fue explotada durante 16 años estaba "fraudulentamente habilitado", por lo cual logró una indemnización, "caso único que esperamos replicar", comentó.