Amenazas de bomba
Miércoles 06 de Septiembre de 2017

Amenazas de bomba: buscan que los padres paguen los gastos de los operativos

El gobierno provincial anunció que accionará civilmente. Ya hay unos 25 teléfonos identificados en el marco de una causa por intimidación pública


En medio de la catarata de falsas amenazas de bomba en colegios, el gobierno provincial anunció que presentará acciones civiles en la Justicia para que los imputados, y en todo caso sus padres si son menores, se hagan cargo de los gastos que demandó cada operativo que se puso en marcha después de cada llamado apócrifo, y que conlleva el desplazamiento de móviles de la brigada de Explosivos, policía y la evacuación de escuelas.

Paralelamente, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la investigación, tiene en la mira unos 25 números telefónicos desde donde partieron las comunicaciones. La carátula hasta ayer era intimidación pública, un delito que conlleva penas de 2 a 6 años de prisión. En este marco, se detectó que una alumna de 13 años del Colegio Verbo Encarnado tenía un celular desde donde salió una de las llamadas (ver aparte).

"Seamos cautos, estamos a punto de tener algún tipo de resolución. Es un tema muy serio que conmociona a Rosario", le dijo a LaCapital Ponce Asahad, quien ayer participó de diversas reuniones con autoridades de los ministerios de Seguridad y Educación con el objetivo de profundizar acciones en conjunto para frenar la escalada de llamadas falsas a las instituciones educativas.

"Estamos haciendo un profundo entrecruzamiento de datos y rastrillaje con unos 25 teléfonos. Luego habrá que establecer si los imputados son menores de edad o adultos", indicó y advirtió que, cuando se los identifique, "tendrán que afrontar un proceso penal, porque se pone en jaque la seguridad ciudadana y el dispendio de recursos".

El funcionario avaló la decisión del gobierno provincial de iniciar acciones civiles contra los padres de alumnos que hayan realizado falsas amenazas. "Alguien tiene que responder por lo que se gasta en cada operativo", apuntó el fiscal.

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El director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, destacó ayer que "con la seguridad pública no se puede jugar ni tomar como una broma, ya que se moviliza una parte del Estado. En cada falsa amenaza hay 45 minutos de inspección, la calle cortada una hora y media con perjuicios para los comerciantes, conductores, usuarios del transporte. Es un costo operativo enorme donde el responsable se tendrá que hacer cargo y afrontar los costos. La idea es hacer las presentaciones penales correspondientes para que aquella persona que hizo la llamada como una broma o gracia, sea la que tenga que soportar el costo del operativo y no tenga que ser pagado por todos los ciudadanos", afirmó el investigador.

En el último mes, la ola de amenazas superó el centenar. A cada escuela en donde se denuncia una bomba se movilizan unos cinco vehículos oficiales e interviene al menos una docena de efectivos (entre la Brigada de Explosivos y la policía). Además, la Municipalidad activa su propio protocolo con la Guardia Urbana Municipal (GUM) y los inspectores.

Chávez aclaró que se debe resguardar la identidad de los menores involucrados pero trabajar sobre la visibilidad de este conflicto y hacer públicas las consecuencias.

El fiscal no descarta motivaciones políticas

El fiscal que investiga las falsas amenazas de bomba en colegios admitió que entre la catarata de comunicaciones que se recepcionaron al 911 se pueden identificar dos situaciones: aquellas que remiten al ámbito escolar (ya sea para evitar las pruebas evaluatorias o bien por efecto contagio) y una hipótesis "de agitación" a raíz de números con el prefijo 011 de Capital Federal.

"No descarto entre las hipótesis alguna cuestión de índole político. Vamos a ir a fondo", adelantó el fiscal y agregó: "No se pueden soslayar algunas cuestiones de índole político que tiendan a poner en jaque la seguridad o al gobierno provincial".

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