reforma
Martes 10 de Enero de 2017

Acortan los plazos judiciales para quienes tienen menos recursos

La Legislatura provincial convirtió en ley el proyecto remitido por el gobernador Miguel Lifschitz en abril pasado para modificar varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial, entre ellos el referido al beneficio de litigar sin gastos, también llamado declaratoria de pobreza. El objetivo del Ejecutivo al introducir este cambio es acortar los plazos de los juicios en los que intervienen ciudadanos de bajos recursos. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estimaron que, al simplificarse el trámite, los procesos se reducirán aproximadamente un año y medio.

La Legislatura provincial convirtió en ley el proyecto remitido por el gobernador Miguel Lifschitz en abril pasado para modificar varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial, entre ellos el referido al beneficio de litigar sin gastos, también llamado declaratoria de pobreza. El objetivo del Ejecutivo al introducir este cambio es acortar los plazos de los juicios en los que intervienen ciudadanos de bajos recursos. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estimaron que, al simplificarse el trámite, los procesos se reducirán aproximadamente un año y medio.

"Además de garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas más vulnerables, se descongestionará la actividad de los Tribunales de Responsabilidad Extracontractual y de organismos provinciales, como el Registro General de la Propiedad y Catastro", explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. De hecho, según las estadísticas, uno de cada tres expedientes que se sustancian en estos juzgados, donde se tratan pleitos por daños y perjuicios, son declaratorias de pobreza.

El ministro subrayó que esta modificación se orienta en el sentido de "trabajar para los que menos tienen, porque además de que el trámite se hace más sencillo y rápido, se abaratan los costos al reducir instancias y la declaratoria adquiere un formato de declaración jurada que evita notificaciones, audiencias y otro tipo de diligencias judiciales innecesarias".

Además, Silberstein agregó que "se optimizan los recursos y el funcionamiento del Poder Judicial, ya que se facilita la tarea de los magistrados al no cargarlos con tareas innecesarias, dado que deben contar con tiempo para resolver los problemas que la sociedad les exige que resuelvan".

Asimismo, la API podrá verificar las declaraciones juradas y su consistencia e iniciar los procedimientos de determinación de oficio, imponer multas y/o formular las denuncias pertinentes en caso de falsedad o inexactitud de los datos. La parte contraria podrá oponerse a lo afirmado en la declaración jurada, promoviendo un incidente que tramitará por el juicio sumarísimo.

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