Ruta del dinero k
Jueves 30 de Junio de 2016

La Cámara federal cuestionó la orientación del juez Casanello en la denominada "ruta del dinero K"

El tribunal de alzada se apuntó a varios razonamientos para interrogarse sobre el origen del dinero que manejó Lázaro Báez, el cual apunta al poder político.

La Cámara federal cuestionó duramente la orientación de la investigación llevada hasta ahora por el juez Sebastián Casanello en el caso de la llamada "ruta del dinero K" y apuntó a varios razonamientos para interrogarse sobre el origen de la plata que manejó el empresario Lázaro Báez, que apunta al poder político de turno que comandaba la ahora expresidenta Cristina Fernández.
"Existen pruebas que revelan que determinados bienes de Lázaro Báez fueron obtenidos mediante delitos -hecho por el que se confirma el procesamiento-. Y hay más, mucho más, capital sospechado de tener un origen semejante. La pregunta básica, conceptual, es ¿de dónde provienen los bienes?", señala el fallo expedido por el tribunal de alzada.
A su vez, indica que la raíz de las denuncias promovidas apunta a la obra pública, "desde la cual habrían partido las cantidades muchas veces millonarias cuyo manejo y traspaso se investiga. Allí entonces, es desde donde debe iniciarse cualquier estudio. Y de la lectura del trámite se encuentran datos concretos que indican que empresas de Lázaro Báez fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación. Se impone, entonces, que el Juez a quo provea lo conducente para confirmar o descartar la relación, esbozada desde los inicios de la causa, entre las maniobras de lavado de dinero y la adjudicación de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de los años Lázaro Báez y su grupo empresario".
"Paralelamente, la información disponible muestra que existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta Cristina Fernández o a familiares de la nombrada. Ello era así mientras todo lo anteriormente explicado se desarrollaba, e incluso desde antes".
Sobre eso, la Cámara advirtió que entonces, "sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández", y añadió que "va de suyo que estas relaciones derivadas en negocios con el dinero estatal, que superan a las operaciones de lavado, no resultan inocuas para el derecho penal y también se encuentran abarcadas en este proceso".
En una parte de la resolución denominada "Consideraciones Finales. En busca de una investigación eficaz", el tribunal dedicó un apartado a precisar formas de lograr que la instrucción avance ordenadamente, buscando formas novedosas para coordinar con investigaciones por ahora a cargo de otros jueces ("Hotesur", denuncia de la Diputada Elisa Carrió contra Néstor Kirchner y otros por asociación ilícita, etc.) y que todas avancen sostenidamente, previo a eventuales conexiones en la instrucción o la etapa de juicio.

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