Policiales
Martes 23 de Agosto de 2016

Juzgan a cinco policías de la 19ª por una secuencia de delitos

Mañana empieza el juicio. Los acusan por casos de extorsión, robo, secuestro y engaño a fiscales. El jefe de la comisaría, al banquillo.

Cinco policías de la comisaría 19ª de bulevar Seguí al 5900 serán sometidos a juicio oral desde mañana por cometer delitos como encubrimiento, robos, pedidos de coima y secuestro extorsivo, figuras agravadas por su condición de funcionarios policiales. Entre ellos se encuentra quien era jefe de la repartición dos años atrás, cuando el grupo fue detenido por un operativo de la fiscalía de Delitos Económicos a partir de las denuncias de vecinos.

La audiencia de apertura será a las 13. El juicio se extenderá hasta el 7 de septiembre en horario de 13 a 18. El tribunal estará integrado por los jueces penales Hernán Postma, Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese. Deberán juzgar las conductas del comisario Guillermo Ruiz Díaz, el suboficial Daniel Farini, el suboficial principal José Antonio Galván (dijo ser el chofer el comisario), el subinspector Víctor Luis D'Angelo y la suboficial Lucrecia Bustos, que era sumariante y está en prisión domiciliaria. Están acusados por una serie de hechos ocurridos entre el 21 de marzo y el 12 de agosto de 2014.

El juicio comenzará a dos años exactos de la audiencia imputativa en que los uniformados fueron acusados de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos varios, con Ruiz Díaz como jefe. Esa imputación no prosperó porque fue suprimida del encuadre por el juez Carlos Leiva en la audiencia preliminar al juicio.

Así, los cinco quedaron implicados en delitos puntuales como secuestro extorsivo, allanamientos ilegales, amenazas y robos cometidos al aprovechar situaciones en las que debían intervenir como funcionarios. En su mayoría son pedidos de dinero a vecinos para no inventarles o abrirles causas penales.

Por la fiscalía actuarán Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, quienes al imputar a los policías plantearon que se movían "en las falencias del sistema para lograr impunidad".

Los delitos. El primer hecho detectado ocurrió el 16 de marzo de 2014 cuando vecinas de Deán Funes al 5500 denunciaron una balacera y apuntaron como autor a un joven que se movía en moto, en un caso que no fue notificado a la fiscalía de turno. Dos ocupantes de una motocicleta les dispararon a otros dos que terminaron internados en el Hospital Carrasco. Los dos heridos, las víctimas del ataque, tenían antecedentes penales. Los policías los visitaron en el hospital y les reclamaron a cambio de dinero para no armarles una imputación. Pero, por otro lado, los policías se ocuparon de ubicar a los que les dispararon. Irrumpieron sin orden de allanamiento ni aviso al fiscal en la casa de uno de ellos, lo secuestraron, se apropiaron de una moto Honda y se lo llevaron a la comisaría.

Cuando familiares del retenido fueron a la seccional les exigieron 30 mil pesos para liberarlo. Lo mantuvieron 12 horas preso en la seccional sin que se dejara allí registrada su presencia.

El caso del Focus. Un hecho adicional se produjo el 26 de junio en Garzón al 3600. Según el acta labrada por los policías, que la fiscalía considera falsa, los efectivos vieron ir a alta velocidad a un Ford Focus en Perón y Garzón, al que persiguieron y frenaron. El acta relata que los dos escaparon por el techo pero en el auto quedó el conductor, a quien detuvieron luego de que opusiera resistencia. Este detenido como supuesto conductor era un chofer de la empresa Quilmes, que vive enfrente del lugar donde quedó el Focus y que esa misma tarde fue liberado.

Entonces se presentó en Asuntos Internos y dijo que estaba viendo televisión cuando escuchó el ruido de un choque y salió a ayudar a quienes iban en el auto. Se ofreció a maniobrar, dada su experiencia de chofer, y entonces llegó la policía. Dijo que entraron a su casa, lo golpearon, le robaron plata y lo subieron al móvil. Cuando su hermano fue a interiorizarse a la comisaría, según denunció, le exigieron dinero a cambio de liberarlo. Según la acusación, terminó pagando 5 mil pesos.

El almacén. Otro caso fue el 31 de marzo, cuando los efectivos fueron en un pastrullero a allanar sin orden un almacén de Campbell y Maradona. El almacenero dijo que los policías ingresaron a un área privada del inmueble, usado como vivienda, donde hallaron una caja con medicamentos.

Con el argumento de que vendía fármacos sin autorización amenazaron al comerciante con iniciarle una causa si no pagaba 25 mil pesos, cifra que se duplicó cuando el damnificado fue a la comisaría a pedir explicaciones. Como no accedió, se llevaron en el patrullero bebidas alcohólicas, comestibles y artículos de limpieza hasta la seccional. Entonces intervino el hijo del comerciante, a quien luego de aportar 12 mil pesos le reintegraron parte de la mercadería.

La Glock. El último caso se inició con la detención de parte de efectivos del Comando Radioeléctrico por portación de arma a un joven que tenía una pistola Glock con 15 balas de punta hueca. Los policías de la 19ª al llegar intentaron que el empleado de Comando cambiara el arma dado que una Glock es una pistola codiciada.

El policía lo ignoró, entregó el procedimiento en la 19ª por motivos de jurisidicción. Allí extorsionaron al detenido y le permitieron llamar a su madre a la que dijeron que si les pagaba le permitirían que saliera sin consignar el hecho ilícito. En el caso fueron engañados dos fiscales mediante falsedad ideológica de documentación.

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