Amado Boudou no se expresó con una metáfora cuando dijo que el juez Ariel Lijo lo va a procesar. Lo comentó porque es consciente de que, un poco más tarde o más temprano, eso va a pasar. El magistrado tiene ya colectadas las pruebas que lo convencen con fundamento de la comisión de al menos dos delitos relacionados con las actividades del vicepresidente incompatibles con la función pública. Será por eso que el ex ministro de economía sobreactuó su periplo mediático usando un tono casi petulante para reclamar la televisación de la audiencia de mañana o desafiando al juez por sus presuntos vínculos con algunos medios nacionales.
Respecto de la insólita idea de poner cámaras en una declaración indagatoria sólo caben dos posibilidades para analizarla: presión para apartar al juez o una egolatría rayana con la necesidad de tratamiento específico. Los abogados de Boudou saben de memoria que el Código de procedimiento veda semejante publicidad de un acto material de defensa como es la indagatoria, en resguardo, primero, de la verdad custodiada por el debido proceso y, luego, de la necesidad de no desvirtuar el resto de las declaraciones o medios de prueba. Sería bueno recordar que quien mañana inaugurará la historia de funcionarios con rango de vicepresidente desfilando por los estrados judiciales ya consiguió apartar al primer fiscal (Carlos Rívolo), al juez original (Daniel Rafecas) y a un segundo integrante del ministerio público hoy sometido a juicio político (José Campagnoli). ¿Por qué no ver en esta bravuconada de reclamar casi a los gritos cámaras de televisión un intento de embretar al juez para que deba apartarse por alguna causa de recusación?
Si esta no fuera la razón habría que ahondar en la psicología de un hombre que recibió la bendición del dedo omnímodo de Cristina Fernández para llegar hasta la cúspide del poder que cree que por estar allí tiene derecho a atropellar al Código de procedimientos, a la Constitución nacional y cuanta norma le preexiste. Eso sería delirio de egolatría más una muy mala formación en las lecciones elementales de historia universal. Es que los manuales de esta disciplina saben contar que nunca nadie mantuvo el poder de manera eterna. Tampoco le ocurre ni le ocurrirá a Amado Boudou.
El juez le tiene preparada una no muy cordial bienvenida. Primero le pedirá que ratifique o rectifique su pedido por escrito de nulidad de la convocatoria desconocido públicamente luego por el alto funcionario. Si el número uno en la sucesión presidencial desautoriza a sus letrados, se vería en la obligación de revocar el mandato y cambiar de abogados ahí mismo. Nadie cree que esto pueda ocurrir. Por lo que se espera que Boudou se defienda con un cuidado discurso que vienen preparando sus letrados y luego dé por finalizada la indagatoria. El hombre del poder no tiene intención de someterse a preguntas.
Es imprescindible recordar que jurídicamente el vicepresidente dejará el despacho del juez sin tener un solo achaque jurídico que sea definitivo. Sigue siendo, para la ley, inocente y merece la protección de esa presunción. Políticamente, el caso es bien distinto. Es cierto que la presidente mandó a respaldar a su compañero de fórmula. También lo es que nadie ha salido con fervor a hacerlo y, en privado, se escuchan reparos muy severos para quebrar una lanza en su nombre. El camino que recorrió el hoy vicepresidente está plagado de heridos político por su destrato y demasiadas jactancias de tener acceso directo a Cristina haciendo de lado a los jóvenes (y no tanto) militantes del kirchnerismo que preferirían verlo lejos de su despacho oficial.
Rosario. A la par de este proceso penal específico, se sigue desarrollando otro en el fuero de la sociedad y, especialmente, en el de los medios de comunicación que tiene a nuestra ciudad como la acusada de ser la titular de todos los hechos de violencia delictual y de la tenencia de todo el narcotráfico argentino. Ya se ha dicho desde esta columna que la ineficiencia del primer gobierno socialista en la provincia a la hora de conducir la seguridad y de ordenar la policía estadual es la mayor responsable de lo que pasa y se vive hoy en esta geografía. Antonio Bonfatti ha tratado de corregir ese rumbo pero, hasta ahora, sin grandes resultados más que las buenas intenciones. Claro, también, que hay droga comercializada a alta escala en Rosario y sus alrededores. Pero nada distinto a lo que se vive en el gran Buenos Aires gobernado por Daniel Scioli o en los municipios sostenidos por los barones del conurbano leales a Cristina o cruzados al campo de Sergio Massa.
Por eso retumban como temerarias algunas crónicas policiales que resaltan en tapa de diario que Rosario es el paradigma de la violencia citando como ejemplos irrefutables que los gps de los autos marcan la zona cercana a las villas de emergencia como “territorio peligroso”. Quien escribe eso o sale poco o no maneja acompañado por los indicadores satelitales, sin contar que como rigurosidad periodística un aparatito con voz española no resulta muy fidedigno.
La intendente Mónica Fein ha comenzado una rueda reservada de consultas con actores sociales, periodistas y dirigentes políticos para entender por qué se sigue estigmatizando a su ciudad como la dueña única del patrimonio delictivo. ¿Alguien sabe que la ciudad más violenta del país en cuanto a tasas de homicidios por cantidad de habitantes es Tierra del Fuego y no Rosario? ¿Se conoce que el índice más severo de homicidios cometido por menores de 25 años está ubicado en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires? No resulta para nada una mala idea escuchar y cotejar que, muchas veces, los medios se manejan por intereses mezquinos, sea de “bajada de línea” o simplemente de resultado de audiencias que pervierte cualquier criterio periodístico. “Da rating, se hace a cualquier costo”, parece ser el apotegma que rige a muchos en este oficio. También es cierto que la política supo ser más mezquina y con tal de marcar la cancha entre amigos y enemigos fue capaz de recurrir, de un lado, a giros como el narcosocialismo y, del otro, a la tozuda negación desde la casa Gris respecto de cualquier responsabilidad provincial propia de un gobernante a tono con lo que ocurría.
Si a Amado Boudou, a pesar de la muchas pruebas contundentes ya reunidas en su contra, se le garantiza el principio de inocencia hasta la sentencia definitiva, a la ciudad de Rosario se le ha aplicado un juicio sumarísimo que casi no admite defensa para, sin dejar de decir que hay mucho para hacer, creerla la meca de todos los males. Una verdadera injusticia.