Policiales
Lunes 22 de Agosto de 2016

Jueces contra ministros por "distorsionar datos"

Acusaron a Pullaro y Silberstein de "brindar información parcial y equivocada". Aquellos cuestionaron la decisión de liberar a un homicida

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia manifestó su "honda preocupación frente a la reiteración de ataques infundados contra integrantes del Poder Judicial provenientes de los ministros de Seguridad y de Justicia" del Ejecutivo santafesino. En un comunicado de prensa, los jueces cargaron contra "las declaraciones que recientemente han vertido en los medios en cuanto pretenden endilgar responsabilidades directas a los magistrados judiciales sobre episodios de violencia e inseguridad ocurridos en estos días, distorsionando datos sobre los procesos judiciales a los que aluden".

La entidad se refirió así a declaraciones de los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Silberstein dijo que algunos jueces "no aplican penas justas" en relación al homicidio de Franco Zulatto. Pullaro dijo que su homicida presunto volvió a matar por la decisión "de un juez garantista". Los jueces colegiados cuestionaron la interpretación de los ministros sobre las normas y estimó que "falta sentido común".

"En cuanto a la causa en la que se dispuso imponer una pena de trece años de prisión a un imputado por la comisión del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (en alusión a Andrés Soza Bernard, quien en 2008 mató a su novia y ahora está acusado por el crimen de Fabricio Zulatto), cabe destacar que dicha sanción resultó ser la máxima que podía aplicar la magistrada (en referencia a la jueza Carina Lurati) de acuerdo a la legislación vigente en aquel momento y lo solicitado por el fiscal", sostiene el comunicado firmado por el Consejo Directivo Provincial del mencionado colegio.

"Y en el supuesto —añade el texto— de la concesión de la libertad condicional a ese mismo imputado condenado a trece años de prisión, la jueza de Ejecución penal se ajustó plenamente al cumplimiento estricto de preceptos legales establecidos en la ley de ejecución penal 24.660 y sus modificatorias".

En ese sentido, el Colegio de Magistrados expresó su "solidaridad" con las juezas cuestionadas y señaló que "el recurso de brindar información parcial y equivocada en el espacio público sobre los procesos judiciales, como también la difusión de acusaciones carentes de fundamento técnico no hacen más que generar una grave afectación a la credibilidad de las instituciones democráticas y, principalmente, a la independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales para el sostenimiento del sistema democrático y republicano de gobierno".

Imprescindible. "Cabe resaltar EM_DASHconcluye el escritoEM_DASHque no pueden los mencionados ministros eludir que la fijación de la política de seguridad pública no constituye un cometido propio del Poder Judicial sino que es resorte exclusivo del Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, creemos imprescindible remarcar que es a través del trabajo coordinado y el permanente diálogo interinstitucional como deben buscarse las soluciones para los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad. Este Colegio ha dado muestras de su predisposición en tal sentido y no tolerará que se pretenda desde el poder político hacer responsables a los jueces por cuestiones que les son ajenas".

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