La ciudad
Viernes 13 de Mayo de 2016

Inusual conflicto entre un fiscal y una jueza

El primero la denunció por negar medidas que llevan a la impunidad de la causa del Banco Municipal. La magistrada defiende su actuación.

Dos funcionarios judiciales quedaron envueltos en una infrecuente controversia en el contexto de una de las causas judiciales más importantes en Rosario de los últimos años: la que persigue a una organización de estafadores liderados por un juez local, ya destituido, para apropiarse de fondos del Banco Municipal. El fiscal que investigó a ese grupo delictivo, Carlos Covani, denunció a la jueza que está a cargo de la conclusión de esa causa, Alejandra Rodenas, de haber negado medidas procesales para aclarar una de las tantas estafas atribuida al grupo, ésta recién descubierta. Le enrostra haber cometido prevaricato, es decir, dictado una resolución a sabiendas de que era injusta. La magistrada declaró que a la denuncia en su contra no la conoce de manera formal porque nadie la notificó de su existencia. Pero a lo que trascendió de ella lo califica como un delirio liso y llano. Afirma que si aceptaba hacer lo que le pedía el fiscal, la causa contra los estafadores corría serio peligro de caerse y que en realidad trasladó el incidente a sus superiores de la Cámara Penal para que sean ellos los que definan el criterio a seguir.

El acontecimiento sobre el que emerge este inusual conflicto —un fiscal denunciando a un magistrado— fue un escándalo que salió a la luz hacia fines de 2012. Entonces un grupo de operadores judiciales en el que estaba el juez civil rosarino Alejandro Martín y su secretario Ricardo Lavaca fueron denunciados por falsificar documentación para absorber fondos de cuentas judiciales del banco Municipal. También estaba el martillero Oscar Kovalevski, y dos abogados, Jorge Heter y Luciano García Montaño. Mientras que los tres primeros fueron procesados por la jueza Mónica Lamperti y esperan juicio, los dos últimos reconocieron su participación en las estafas y fueron condenados en juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso y a cinco y siete años, respectivamente, de inhabilitación en su profesión.

La jueza Rodenas quedó a cargo de la causa por los cambios en el sistema de enjuiciamiento en la provincia. Por el avance del caso, la magistrada estaba urgida a elevar el expediente al juzgado de Sentencia encargado de seguir el juicio. En ese contexto en diciembre de 2015 el fiscal Covani le presentó las constancias de una estafa recién detectada, semejante a las que habían motivado el procesamiento de los acusados, concretada con un oficio del juez Martín para pagarle a Kovalevsky 10.800 pesos en una causa donde este martillero no había tenido ninguna intervención. Eso pasó el 30 de abril de 2010 cuando recién salía a la luz y por eso se lo consideró un hecho nuevo. Le pidió a Rodenas distintas medidas procesales y una indagatoria. Según Covani la jueza se negó con una resolución que impidió investigar esa maniobra lo que la dejaba impune.

Rodenas dijo ayer que se enteró por periodistas de que existía esta denuncia en su contra, que recayó la semana pasada en el fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos. Estaba quebrantada de ánimo porque la consideraba un desatino carente de fundamento. Pero fue capaz de fijar su posición.

"Toda esa causa no era de mi juzgado y está finiquitada. Yo no soy la jueza original de este trámite. Los implicados están todos procesados con confirmaciones de la Cámara Penal. Los plazos están vencidos y tengo que elevar el expediente para que tenga sentencia. El fiscal me pidió una medida, que considero extemporánea, con los plazos vencidos, sin haber pedido una prórroga extraordinaria. Yo le digo que no a un recurso de revocatoria del fiscal pero concedo el recurso de apelación sobre esa misma estafa nueva. Esto porque si la Cámara entiende que si en una causa donde hay 50 hechos de estafa ese hecho aislado es importante queda salvaguardado el derecho constitucional de la revisión de este incidente. Y la Cámara dirá si considera que se amerita ampliar la indagatoria de ese hecho con lo cual si eso pasa por supuesto que lo haré. ¿Entonces dónde está mi delito? ¿Dónde está el dolo?", dijo a La Capital.

Para el fiscal, la maniobra del grupo de estafadores que descubrió es un hecho probadamente ilícito por lo que no disponer acciones contra sus autores, como un llamado a indagatoria, suponía que el caso iba a prescribir, dejando la estafa impune. Por ello Covani dice haber insistido con la medida requerida por él inicialmente y señalado a Rodenas que mantener su negativa implicaba que ella misma incurriría en un delito: el de prevaricato, que supone que una autoridad dicta una resolución a sabiendas de que esa medida es injusta.

Frente a ello, el 21 de abril Rodenas dictó un decreto donde rechazó el reclamo del fiscal sin decir una palabra, afirma Covani, sobre la indagatoria a los denunciados. El fiscal consideró que eso le impedía avanzar en la persecución de un delito por defraudación de enorme sensibilidad pública porque el jefe señalado de la banda era nada menos que un juez: el ya destituido Alejandro Martín. También evaluó que con su conducta Rodenas habilitó, de manera consciente y voluntaria, la impunidad de esa estafa, dado que el 30 de abril el delito en cuestión quedó prescripto.

Rodenas replica con vehemencia que eso no pasó porque ella envió el trámite a la Cámara Penal para que resuelva si esa indagatoria pedida por Covani debe realizarse o no. Covani sostiene que la indagatoria por el hecho nuevo era necesaria porque estaban presentes los requisitos legales para que se hiciera. Narvaja deberá dirimir si esta denuncia tiene o no asidero.

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