Opinión
Sábado 11 de Febrero de 2017

Inundaciones, pobreza y hábitat

Los anegamientos en zonas urbanas y rurales son previsibles y obedecen a razones identificables, pero la solución a esta problemática está lejos de residir únicamente en hacer obras de desagüe

En nuestra región, recurrentemente lluvias copiosas en pocas horas generan situaciones de mucha gravedad tanto en zonas rurales como urbanas. La previsibilidad de estos fenómenos meteorológicos y la incidencia humana en sus causas pueden ser polémicas. Lo claro es el enorme grado de responsabilidad que decisiones políticas, o su ausencia, tienen en las consecuencias catastróficas que tales lluvias provocan.

El modelo de monocultivo sojero, de avance decisivo en los últimos 20 años, además de acarrear agotamiento de suelos, dependencia tecnológica y empleo abusivo de agrotóxicos con serias implicancias en salud pública, disminuye dramáticamente la capacidad del suelo para absorber agua. Así, grandes cantidades de fluido que antes quedaban donde caían ahora se desplazan, acumulándose hasta conformar las enormes masas hídricas que cubren viviendas, arruinan muebles, heladeras, así como cosechas, ahogan ganado, etcétera.

Esta situación empeora cuando los dueños de algunos campos, para salvaguardar sus intereses como sea, canalizan clandestinamente para evacuar rápidamente el agua de sus propiedades, agravando la situación del resto de la comunidad ante la mirada pasiva del Estado.

Las urbanizaciones indiscriminadas, con desarrolladores que procuran maximizar ganancias, también a costas del conjunto social, además de ignorar con frecuencia estándares mínimos que hacen a la calidad de vida de las mismas personas que las habitarán, generan otra impermeabilización extra de suelos, que también derivarán las lluvias incidentes sobre ellos hacia otras áreas menos favorecidas y con frecuencia pobladas.

Las demandas sobre el Estado suelen estar concentradas en el reclamo de obras de desagüe que —se supone idealmente— realizadas en un volumen suficiente alejarían el fantasma de las inundaciones para siempre, o casi.

Sin embargo, los propios técnicos encargados de planear esas obras son los primeros en advertir que, de seguir las tendencias arriba señaladas, por más obras públicas que se hagan se volverán insuficientes con el tiempo. La intervención estatal, entonces, debe ser mucho más amplia que la mera ejecución de aliviadores y emisarios si se quieren evitar nuevas tragedias de este tipo.

En las ciudades, los que más sufren estos cataclismos no son cualquier sector de la población. Salvo situaciones excepcionales (inundación de Fisherton, 19 y 20 de diciembre 2012), los inundados son pobres, que no han accedido a una vivienda digna.

En Rosario, como en todas las grandes ciudades de Latinoamérica, las familias sin capacidad económica de acceder a la vivienda dentro de los mecanismos de mercado (nada menos que casi la quinta parte de la población) levantan viviendas —al principio muy precarias— en los terrenos que logran conseguir. Estas son áreas donde mayoritariamente el constructor formal nunca edificaría.

En regiones montañosas, suelen ser laderas en las que vuelta a vuelta se producen deslizamientos fatales. En llanuras como la nuestra, las áreas ocupadas con más frecuencia son los terrenos bajos, inundables, aunque también hay viviendas sobre veredas de colectoras, pegadas a vías de trenes en actividad, etcétera.

Las dos grandes preguntas que deberíamos formularnos, sobre todo viviendo bajo un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero (¿se acuerdan? ¡Fue hace apenas un año!) son:

• ¿Por qué para estas familias un lote adecuado de su propiedad está fuera de su alcance? De tenerlo, la experiencia muestra que en la mayoría de los casos es cuestión de tiempo para que sobre ellos se erijan viviendas que en poco se diferencian de las demás de la ciudad. Basta recorrer la ex villa La Lata para comprobarlo.

• ¿Por qué en su mayoría sus habitantes, en especial los jóvenes, no logran acceder a una cantidad suficiente de empleos dignos que les permitan escapar no solamente de la precariedad habitacional, sino también de la miseria?

Hablamos de "lote" y no de "vivienda" porque el primero permite construir la segunda y, de hecho, la mayor parte de las viviendas de los barrios populares de las grandes ciudades ha sido levantadas por sus propios moradores sobre lotes, a veces legalmente comprados y otras ocupados de hecho-.

"En 2005 teníamos 25 mil familias en condiciones vulnerables y en 2011 se pasó a 30 mil, cuando en el medio se dieron soluciones a 7 mil núcleos". Esto lo dijo el director del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de Rosario, pero podría repetirlo, adaptando los números, casi cualquier responsable nacional, provincial o municipal de vivienda. Es decir que las políticas de vivienda corren por detrás del déficit habitacional y, además, pierden la carrera.

Es vistoso para los funcionarios entregar en un acto, llave en mano, cien viviendas pintadas e igualitas, aunque mientras estas se construían mil familias se hayan visto obligadas a levantar nuevos ranchos sin agua, luz, cloacas (ni hablar de pavimento, alumbrado y gas). Más importante aún, es rentabilidad para empresas constructoras.

Entregar lotes con servicios, en cambio, es menos fotografiable porque, aunque en poco tiempo allí se erigirían muchas más viviendas y a un costo menor para el Estado, la edificación no sería tan homogénea y prolija, aunque resolvería muchos más problemas habitacionales (justo es reconocer que en los últimos años el programa "Mi tierra, mi casa" ha comenzado a tomar este concepto, pero sólo para sectores medios y nada equivalente se plantea para sectores de menor nivel de ingresos).

Esto obliga a las nuevas familias pobres (surgidas del crecimiento vegetativo de la población) y las expulsadas de las zonas rurales (por el avance sojero principalmente) a seguir ocupando lotes inadecuados, usurpados, irregulares geométricamente y muy dispares en cuanto a tamaño. Dentro de algunos años, con suerte, el Estado vendrá a "urbanizar la villa", introduciendo mejoras pero también forzando a algunos a dejar casas grandes y de buena calidad por otras pequeñas, tratando de que los vecinos no se organicen entre ellos para poder imponerles desde arriba las propuestas que los técnicos (sin su participación, o en el mejor de los casos con un simulacro de ella) consideran mejores. Todo esto, a un costo mucho mayor y con resultados más pobres que si el Estado hubiera planificado el hábitat con anticipación, sabiéndose de sobra que esto ocurriría.

Si ante alguna lluvia grande la situación se vuelve muy crítica, algunas de estas familias tal vez intenten ocupar otros terrenos mejores o cortar alguna ruta para llamar la atención, y entonces ahí si aparecerá el Estado. Para reprimir.

La mera vivienda no termina de resolver las problemáticas vitales fundamentales de las víctimas de estas tragedias evitables. Aún con tierra y vivienda, sin empleo digno para todos los problemas siguen. Cabe preguntarse: en una economía basada en la extensión de la frontera sojera, que destruye muchos más puestos de trabajo que los que crea, y en el marco de una renovación tecnológica de grandes empresas que expulsan mano de obra al no reducir jornadas laborales, empeorado todo esto con políticas recesivas que destruyen pequeñas empresas y mercado interno, ¿esta problemática puede tener solución?¿Alcanza con recitar que los que no consiguen trabajo es por falta de calificación, que hay que mejorar la capacitación, etcétera?¿O son éstos meros paliativos (que es adecuado mantener y desarrollar mientras tanto)? Nue no podemos ignorar que el modelo productivo global condena inexorablemente a una parte de la población a "sobrar" y que esos políticas paliativas en todo caso sirven para trasladar el problema de una región a otra, de un país a otro o de un grupo a otro, pero destinando siempre a grandes masas de personas a quedar afuera.

Propietario: © Editorial Diario La Capital S.A. Dirección Nacional del Derecho de Autor (Expediente N° 5226063). Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido de este diario. Las ventas de La Capital son auditadas por el IVC. Dirección, Redacción, Comercial, Circulación y Administración: Sarmiento 763. CP 2000 Rosario, provincia de Santa Fe. Teléfono: 5226000 Fax: 5226014. Fax recepción de avisos: 5226035/012. Avisos telefónicos: 5226060. Imprenta propia en Santiago 159 bis CP 2000 Rosario, provincia de Santa Fe. Teléfono: 4117784. La Capital utiliza los servicios periodísticos de las siguientes agencias: Internacionales: Reuters, DPA y AP. Nacionales: Télam y Noticias Argentinas.

Comentarios