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Miércoles 19 de Abril de 2017

Tribunal contra la empresa Monsanto impulsa figura del ecocidio

La lectura de las conclusiones del tribunal de opinión fue seguida en directo desde el Parque España con los dos "testigos" de Rosario

Un tribunal internacional "de opinión" conformado por cinco jueces (una argentina) estimó ayer que la multinacional Monsanto daña los derechos humanos a la salud, a una alimentación sana, a un medioambiente saludable y a una investigación científica independiente como consecuencia del "poderoso lobby" que esa firma ejerce sobre poderes políticos en todo el mundo.

Los integrantes de este tribunal no vinculante de La Haya, que en octubre pasado escuchó a 28 testigos de todo el mundo que dieron testimonio sobre las prácticas de Monsanto, dijeron durante la lectura de sus conclusiones que el derecho internacional necesita "reequilibrarse" e incluir la figura del ecocidio, un término que designa "la destrucción persistente y durable del medioambiente". "Se debe considerar un crimen atentar contra el medioambiente" dijo el juez Steven Shrybman y afirmó que de existir esa figura legal "se le debería aplicar a Monsanto". Agregó que esos crímenes también deberían poder imputarse a personas físicas que ejerzan cargos de responsabilidad en firmas que dañan el medioambiente.

La sentencia del tribunal, sin validez legal, fue seguida ayer en directo desde diferentes partes del mundo y Rosario se sumó con una transmisión desde el Parque España donde estuvieron presentes el médico Damián Verzeñassi y el productor agropecuario Diego Fernández, los testigos rosarinos que brindaron su testimonio ante el tribunal, que fue una iniciativa de grupos sociales de todo el mundo que luchan contra el modelo agropecuario Monsanto.

Para Fernández, la lectura de las conclusiones significó un "momento bisagra" al visibilizar ante la opinión pública mundial las prácticas de Monsanto contrarias a las leyes internacionales que afirman el derecho humano a disfrutar de un ambiente sano y alimentos saludables.

Verzeñassi -quien dirige un equipo de salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR que estudia la relación entre exposición prolongada a agroquímicos y determinadas enfermedades- destacó la importancia de que el juicio haya sido llevado adelante "siguiendo protocolos muy formales".

Para el caso de Argentina -país emblema del paquete semillas modificadas agroquímicos- los jueces criticaron la aplicación de patentes como una regla y el uso propio de semillas como excepción.

Por su parte Antonio Lattuca, a cargo del programa de Agricultura Urbana de Rosario, consideró que la contaminación por agroquímicos "es un tema central" en la región, y dijo que una de las responsabilidades de dirigentes y funcionarios es "ver cómo salimos de este modelo que genera serios problemas ambientales y de salud".Los jueces trabajaron sobre cinco ejes para "sentenciar" de forma simbólica a Monsanto: el derecho a un ambiente saludable, a una alimentación sana, a la salud, la libertad para la investigación científica, y la consideración de la figura legal de ecocidio. Respecto al primero, encontraron que Monsanto "influye de manera negativa" sobre el medioambiente ya que tanto sus semillas modificadas genéticamente como los agroquímicos que produce y comercializa "afectan la salud de los individuos en todo el planeta".

También señalaron que las prácticas de la multinacional agroalimentaria "daña las producciones de comunidades agrícolas" tanto por la aplicación de productos químicos como el glifosato como por el monocultivo de soja resistente a ese herbicida. Los jueces señalaron que Monsanto "ha afectado a la salud de las poblaciones" a pesar de estar al tanto de los daños potenciales de sus productos con glifosato, como el Roundup. Los jueces también fueron muy críticos con la dificultad para llevar adelante investigaciones científicas independientes ya que las compañías "hacen sus propias investigaciones" y son los únicos actores que proveen datos sobre problemáticas que hacen a la salud pública.

"La conducta empresarial de Monsanto es incompatible con el derecho a la información y a una investigación científica independiente", concluyó el tribunal.

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