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Sábado 29 de Julio de 2017

No podrán salir antes de prisión los condenados por homicidio agravado

La ley impide también ese beneficio a las personas culpables de secuestro seguido de muerte, violación y robo con armas, entre otros.

Las personas condenadas a partir de ayer por homicidio agravado, secuestro seguido de muerte, violación y robo con armas, entre otros delitos graves, no podrán pedir beneficios como salidas transitorias o libertad condicional sino que deberán cumplir toda la pena en prisión.

Este histórico reclamo de familiares de víctimas entró en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas, aprobada por el Congreso Nacional el 5 de julio último.

Se trata del proyecto que reformó la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el cual cobró impulso tras el femicidio de la joven entrerriana Micaela García, de 21 años, el 8 de abril último, hecho por el cual está detenido un ex convicto que había sido condenado por violación y al momento del crimen gozaba del beneficio de la libertad condicional.

La ley 27.375 fue promulgada a través del decreto 573/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El proyecto se había votado en noviembre de 2016 en la Cámara de Diputados, pero el 26 de abril pasado el Senado introdujo cambios para acotar a determinados delitos la prohibición de otorgar la libertad condicional o transitoria, y luego la iniciativa volvió a la Cámara baja, que le dio sanción definitiva el 5 de julio último.

Delitos graves

La norma establece que no podrán otorgarse salidas transitorias o libertad anticipada a los condenados por homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte y tortura seguida de muerte.

Tampoco podrán ser alcanzados por los beneficios quienes cumplan condena por homicidio en ocasión de robo; robo con armas, o en despoblado y en banda; secuestro extorsivo seguido de muerte; trata de personas; violaciones a la ley antiterrorista; financiamiento del terrorismo; contrabando agravado, y producción y comercialización de estupefacientes.

La nueva ley también estipula que la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de Ejecución penal o juez competente, cuando un condenado solicite algún beneficio.

Por ese motivo, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de pedidos del detenido para obtener salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación.

Para cumplir con las notificaciones, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones acerca de estas cuestiones.

Debido a las reiteradas críticas a la actuación de los jueces de Ejecución Penal, la nueva ley establece que cuando concedan algunos de los beneficios mencionados, el magistrado deberá notificarlo en el plazo de cinco días al Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas Procesales (Renabem), el cual se creará en la órbita del Ministerio de Justicia.

Allí se deberán detallar todos los datos del detenido beneficiado, condenas anteriores y tribunales intervinientes, el tiempo de la condena fijado y el lapso de privación de libertad cumplido y el que faltare por cumplir.

En caso de que al interno le corresponda una salida transitoria porque está condenado por un delito menor, podrán ser de 12, 24 y hasta 72 horas para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, cursar estudios o participar en programas específicos de prelibertad.

De acuerdo con el nivel de confianza, estará acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado o quedará a cargo de un familiar o persona responsable.

En tanto, al concederse la libertad condicional, se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.

La ley prevé que la Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes dentro de un año a partir de ayer y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar el mismo temperamento.

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