La ex presidenta Cristina Kirchner declarará hoy, a las 10, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco de la causa en la que se le atribuye haber orquestado un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez. Por su parte, la militancia K convocó a "acompañar" a la ex mandataria sin un acto formal.
Cristina será indagada por el juez Julián Ercolini luego de dos duros dictámenes de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques respecto de los presuntos privilegios que habría tenido Báez para ser adjudicatario de los emprendimientos y cobrarlos en tiempo récord, en la primera vez en la que la ex jefa del Estado deberá declarar en una causa por corrupción.
Frente a esa instancia, el abogado penalista Gregorio Dalbón aseguró vía Twitter que en la presentación de Cristina "se van a llevar una sorpresa".
"En el acto de defensa, y dentro de los cuatro puntos, @CFKArgentina es inocente", adelantó el defensor de la ex presidenta, al resaltar que su representada "cumple con la Justicia".
Dalbón sostuvo, además, que "la causa de Ercolini, armada para buscar luz, cámara y acción, se destruye en derecho".
"No existe posibilidad alguna de una asociación ilícita" para con la ex presidenta, "para desilusión del periodismo manipulador", agregó el letrado.
En el Instituto Patria, el comando de operaciones del kirchnerismo, señalaron que no está previsto un acto formal, aunque La Cámpora y otras organizaciones afines convocaron a la militancia, a partir de las 9, en el cruce de Antártida Argentina y Letonia, en el barrio porteño de Retiro.
Bajo la consigna "Acompañamos a CFK", el kirchnerismo citó a las organizaciones militantes para respaldar a la ex mandataria en su tercer paso por Comodoro Py.
El 13 de abril pasado, acompañada por una gigantesca movilización, Cristina había prestado su primera indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de venta de dólar futuro.
Posteriormente, cuando tuvo que notificarse del procesamiento en su contra y el embargo a sus bienes, la ex presidenta fue acompañada por un grupo de seguidores, menor al que la había respaldado en una de sus primeras apariciones públicas luego de dejar el poder.
Para la declaración de hoy, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, le solicitó a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que incremente las medidas de seguridad en torno el edificio judicial "en cumplimiento de las normas vigentes".
En concreto, se convino que la ex jefa del Estado no pueda hacer declaraciones a la prensa ni a su seguidores en la puerta de los tribunales, como sí ocurrió en abril, en medio de rumores sobre su eventual detención.
Se dispondrá un vallado especial, de modo que Cristina pueda tomar contacto con sus seguidores y los medios de prensa a un centenar de metros del edificio judicial, frente al Correo Argentino, también ubicado sobre la avenida Comodoro Py.
Con la indagatoria de Cristina, Ercolini iniciará una ronda de interrogatorios (que proseguirá hasta fines de noviembre) en torno a la existencia de un plan para beneficiar a Báez, detenido por presunto lavado de dinero, con decenas de obras públicas para su empresa Austral Construcciones.
Réplica. La ex presidenta, en tanto, descartó ayer la acusaciones en su contra y, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que durante su gobierno la obra pública tuvo una "distribución horizontal", ya que el contratista santacruceño ocupó el lugar 38 en la nómina de proveedores, mientras que Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, se ubicó en la tercera posición.
Según publicó, el primer lugar en el ranking de adjudicatarios más favorecidos lo tuvo Techint, el grupo que encabeza el empresario Paolo Rocca.
La ronda de indagatorias continuará mañana con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el miércoles con la de Báez y el jueves con el también detenido ex secretario del área José López.
Son 17 los imputados que deberán responder por las acusaciones que realizaron Pollicita y Mahiques, quienes el viernes ampliaron su denuncia contra la ex presidenta en base a nuevas pruebas sobre la presunta operatoria en favor de Báez.
La base de la denuncia es una auditoría realizada por la nueva gestión de Vialidad Nacional, que detectó 49 obras adjudicadas al grupo Báez, de las cuales sólo dos se habrían terminado en el plazo previsto, lo que obligó a ampliar el presupuesto originalmente asignado.