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Domingo 31 de Julio de 2016

Imputan por sustracción de menor a familiares de un chico desaparecido

Es el niño que falta de su casa desde el 21 de diciembre pasado en Ceres, cuyo paradero aún se busca. Evidencias.

El hombre y la mujer detenidos en el marco de la investigación por la desaparición del niño de tres años en la ciudad de Ceres, fueron imputados ayer como coautores del delito de sustracción de menor de edad. Además, a la mujer se le atribuyó el delito de falsa denuncia, en concurso real, ya que fue ella quien avisó a la policía sobre la ausencia de Maximiliano Sosa.

La imputación se dio en el marco de una audiencia celebrada la mañana de ayer en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore fue quien le atribuyó la calificación jurídico penal a las dos personas. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Hugo Tallarico, en tanto Aníbal Gerardo Caula ofició como abogado defensor.

Las personas imputadas son la abuela del Maximiliano, Patricia S, de 40 años, y su pareja, Ariel M., de 34. Ambos habían sido detenidos el jueves pasado en el marco de una serie de allanamientos en Ceres, el paraje Montefiore (donde fue arrestada la mujer), y la localidad de Selva, en Santiago del Estero. El hombre, en tanto, fue detenido en la salida de la ciudad de Rafaela, cuando conducía una ambulancia del servicio de emergencias en el que trabaja.

Evidencias. En la audiencia de ayer, la fiscal Fissore dijo que "no se descarta la participación de otras personas en la comisión del delito". Y confirmó que la audiencia de prisión preventiva se realizará mañana, a las 9, también en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal. El juez de la IPP será José Luis García Troiano.

Fissore enumeró una larga lista de evidencias relacionadas con la investigación, que tuvo un vuelco en los últimos días y terminó con la detención de la abuela y el abuelastro del niño, a quien la fiscal pedirá el lunes, según confirmó al terminar la audiencia, la prisión preventiva. Los dos adultos fueron trasladados a la Alcaidía de Santa Fe, donde quedarán alojados hasta mañana.

La imputación es por el delito de sustracción de menores de diez años, a la que le cabe penas de entre 5 y 15 años de prisión, en tanto que a la mujer se la acusa también de ser penalmente responsable del delito de falsa denuncia, por haber denunciado en su momento la desaparición de su nieto con pleno conocimiento de que las circunstancias de la desaparición no eran las que había detallado. Además de la presentación ante sede policial, la mujer hizo público el pedido de ayuda para encontrar a Maximiliano (ver aparte).

Fissore explicó que son unas 50 las evidencias enumeradas en esta instancia judicial, y que serán desarrolladas frente al juez García Troiano cuando pida la prisión preventiva. Entre esas evidencias están los elementos secuestrados en los allanamientos (ropa, electrodomésticos, celulares) además de escuchas telefónicas y capturas de pantalla de mensajes de texto.

En esta ocasión, los dos detenidos, a los que el juez les levantó la incomunicación, se abstuvieron de declarar.

¿Oculto o vendido? Aunque no trascendieron mayores detalles de lo que la Fiscalía entiende que ocurrió con el niño, sí se dejó entrever que la abuela y su pareja fueron los que se lo llevaron.

Resta dilucidar si el chico, de estar vivo, permanezca oculto en algún sitio o haya sido vendido, aunque no habría elementos suficientes para probar todavía esta última hipótesis. De ser así, la causa debería pasar a manos de la Justicia federal de Rafaela, que es la que tiene competencia en este delito específico.

De encontrarse Maximiliano retenido en algún lugar —una hipótesis que mantiene la Fiscalía— les correspondería a los adultos, de probarse que fueron los autores del delito, una pena de 5 a 15 años. En el caso de la mujer, la pena máxima podría extenderse a 16 años por la falsa denuncia.

Siete meses. Tal cual lo publicó La Capital en anteriores ediciones, el pequeño Maximiliano Sosa, de 3 años, desapareció la tarde del 21 de diciembre del año pasado cuando jugaba con otros chicos en el barrio Juan Pablo II en la localidad de Ceres, en el noroeste provincial, cerca de la frontera con Santiago del Estero.

El chico se encontraba bajo el cuidado de su abuela, porque la madre estaba internada a punto de dar a luz un hermanito del niño desaparecido.

Al notar que Maxi no estaba, se inició una infructuosa búsqueda que involucró incluso a los vecinos de la familia. Fue entonces la misma abuela quien radicó la denuncia en la comisaría local. Por entonces, Patricia S., quien tuvo gran protagonismo mediático en la causa y ahora está detenida, dijo que Maximiliano "siempre salía a jugar y volvía; habla muy clarito y se le entiende todo".

Después de la primera búsqueda por parte de vecinos, primero, y de toda la ciudad después, se realizaron operativos de rastrillajes con más de 100 efectivos repartidos en todas las zonas adyacentes al barrio Juan Pablo II.

Unos cuatro días después de que el niño no apareciera, la Junta de Defensa Civil que se conformó en aquel entonces ofreció 50 mil pesos para quien aportara información certera sobre el paradero del menor. Una vez chequeados dichos datos, la suma de dinero iba a ser entregada. Posteriormente, la provincia incrementó el monto de recompensa, que trepó a 100 mil pesos. Además, se colocaron urnas en la Municipalidad de Ceres, la oficina del Correo Argentino y el hospital local para el acercamiento de información en forma anónima. Y la cara impresa de Maxi empezó a verse en lugares de tránsito como aeropuertos y estaciones.

Entorno. La investigación, en la que no se descartó ninguna hipótesis, se encaminó hacia el entorno familiar del pequeño. Incluso, trascendió que la búsqueda habría dado un vuelco significativo en los últimos días cuando una escucha telefónica entre miembros de la propia familia reveló un dato que los investigadores consideraron fundamental. Es que ya se había solicitado a la Justicia la intervención de algunos teléfonos de la familia, y una de esas conversaciones habría sido clave.

Después de meses de tareas, se llegó finalmente a los allanamientos y a la detención de la abuela de Maxi y de su pareja, y se secuestraron muchos elementos útiles para la causa.


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