Ruta del dinero K
Lunes 07 de Noviembre de 2016

Imputan a Rocío García, pareja de Máximo Kirchner, por presuntas irregularidades en el plan Argentina Sonríe

El fical federal Eduardo Taiano impulsó una investigación contra exfuncionarios del gobierno kirchnerista, además de directivos de universidades nacionales que intervinieron en el programa.

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó hoy una investigación contra funcionarios del exgobierno kirchnerista, entre ellos Rocío García, pareja de Máximo Kirchner, además de directivos de universidades nacionales que intervinieron en el programa "Argentina Sonríe, plan nacional de salud bucal gratuito", a raíz de irregularidades denunciadas en las prestaciones, como pago de sobreprecios, o de insumos de baja calidad y supuesto desvío de fondos.
Taiano impulsó la investigación y pidió medidas de prueba al juez federal Julián Ercolini, en relación a una denuncia presentada por el abogado Ricardo Mussa tras la difusión periodística de irregularidades en el plan que preveía presentar asistencia odontológica a sectores vulnerables.
Según el dictamen, el fiscal recordó que el denunciante responsabilizó a la exPresidenta por haber designado a Rocío García, su nuera, en el cargo de "Coordinadora Regional del Centro Articulador de Políticas Sanitarias, con competencia directa en el programa Argentina Sonríe".
Además, mencionó a las universidades nacionales del Chaco, Entre Ríos, San Martín y Tecnológica Nacional de Río Gallegos "como aquellas que habrían intervenido en los convenios" mediante los cuales se habrían tercerizado pagos.
En el dictamen al que accedió Télam, el fiscal se remitió a la denuncia de Mussa, quien aludió al pago de supuestos sobreprecios en la compra de 50 móviles equipados para atender a pacientes odontológicos, a adquisiciones directas o tercerizadas de manera irregular, y sostuvo que parte de estos vehículos fueron traspasados del ámbito nacional a Santa Cruz poco antes del fin del mandato de Cristina Kirchner en la Presidencia de la Nación.
También se denunciaron tercerizaciones a través de las Universidades para eludir controles.
A raíz de una denuncia periodística, y de otros realizadas en el ámbito judicial -además de la denuncia de Mussa hubo otra de la legisladora porteña Graciela Ocaña que recayó en el juzgado de Sergio Torres-, el gobierno nacional dispuso en octubre pasado la baja del programa, creado en diciembre del 2014.
En este sentido, en los considerandos de una resolución publicada en la edición del 21 de octubre pasado del Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación justificó su decisión de derogar el plan en el hecho de que el programa "no fue dirigido a las poblaciones vulnerables", como establecían sus objetivos, y que fue implementado "en provincias con un bajo índice de infecciones bucales y alta cobertura de la salud".
En este sentido, la norma indicó que el Programa Nacional Argentina Sonríe "no alcanzó a dar cumplimiento con las políticas públicas de salud establecidas al momento de su creación" y que "sólo llegó a tres provincias".

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