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Viernes 29 de Abril de 2011

Impulsan una ley universitaria sin cupos ni aranceles

Es un proyecto de la diputada nacional Adriana Puiggrós. Propone cambiar los puntos más polémicos de la norma menemista.

A pocos meses de finalizar la presidencia de Cristina Fernández, el oficialismo presentó un proyecto para cambiar la ley de educación superior. A diferencia de iniciativas anteriores, propone la modificación de los artículos más polémicos de la norma menemista, sin necesidad de su derogación.

El proyecto fue presentado esta semana por la pedagoga y diputada nacional, Adriana Puiggrós, y entre sus puntos más salientes destaca la responsabilidad del Estado en el financiamiento del sistema, la prohibición de cobrar aranceles y limita los acuerdos que puedan derivar en la “mercantilización” de las universidades.

Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Puiggrós ingresó en el Congreso el proyecto de “ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de educación
superior”, cuyo objetivo principal es el de modificar la vigente ley de educación superior 24.521. La legisladora explicó a La Capital que como no se podía garantizar que en un año electoral se llegara a tratar
una nueva norma, la idea era que al menos se modificaran aquellos artículos que considera clave, “sobre todo porque se expande mucho el proyecto de Bolonia, un acuerdo europeo entre empresas y educación
superior, que avanza sobre las responsabilidades del Estado”.

Desde 2003 hasta hoy, el kirchnerismo sancionó una batería de leyes, como la de educación sexual, técnico profesional, financiamiento, garantía de 180 días de clases y la nacional de educación. Esta normativa
fue acompañada por decisiones políticas la construcción de 700 escuelas, la entrega de netbooks a los secundarios y las obligaciones escolares generadas por la asignación universal, que tenían como horizonte dejar atrás la herencia educativa de los 90.

Sin embargo, la ley de educación superior, y su modificación o derogación, se transformó con el tiempo en una gran deuda, al punto que pese a innumerables foros de discusión, debates y decenas de proyectos
presentados por legisladores, académicos, sindicatos y estudiantes, el tema no logró pasar más allá de las paredes de las comisiones de Educación del Congreso.

Además del de Puiggrós, hay actualmente en la Cámara baja nacional cuatro proyectos con estado parlamentario, presentados por Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur; Eduardo Amadeo por el Peronismo Federal, Federico Pinedo (PRO) y uno del socialismo, que lleva las firmas de Mónica Fein y Alicia Ciciliani, entre otras.

Contra el arancel. La garantía de la gratuidad de los estudios de grado y el ingreso irrestricto son para Puiggrós dos temas que merecen ser subrayados en la ley universitaria, ya que la actual “deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso”.

En este sentido, el artículo 5º del proyecto de Puiggrós indica que el financiamiento indelegable del Estado a la educación superior “debe garantizar la gratuidad de los estudios de grado y el adecuado desarrollo de sus funciones, e implica la prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen directo o indirecto sobre los estudios de grado”.

Impulsa además becas y recursos tecnológicos para quienes “sufran carencias económicas verificables o tengan discapacidades, permanentes o temporarias”. Respecto del acceso, la iniciativa de la diputada kirchnerista suprime el controversial segundo párrafo del artículo 50 de la ley actual, que habilita a las universidades con más de 50 mil alumnos —la UNR tiene 73 mil— a definir en cada facultad “el régimen de admisión, permanencia y promoción”, autorizando así la chance de establecer cupos de ingreso.

Además propone que “el control administrativo lo tiene que tener la Auditoría General de la Nación, pero disponiendo de un área específica para el control de las instituciones de educación superior”.

Un freno a la mercantilización

En sintonía con el debate mundial que pretende frenar el avance del mercado sobre la educación, el proyecto de Puiggrós advierte sobre “los riesgos de fragmentación del sistema universitario frente a intereses
reforzados por normativas propiciatorias lo comprometen con intereses particulares y dispersos en el océano del mercado”.

También que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social”, resaltando al Estado como proveedor del financiamiento. Se limita además la suscripción de acuerdos o
convenios “que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización”.

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