En el gobierno nacional la palabra que más se escucha es “normalizar”. Las primeras y segundas líneas del gabinete repiten que hay que “normalizar” la economía, las relaciones con los ciudadanos y hasta se usa esta expresión adosada al clima social. Un conjunto de expertos en comunicación saturan a los funcionarios para entrenarlos en tonos y modos que transmitan calma y reprenden a los que recurran a voces altisonantes o ironías que exasperen. Los ministros responden todas las llamadas de los periodistas. Quienes hablan en público no se privan de metáforas “amigables”. Normalizar, dicen, es la tarea, para que ocurra lo que en las democracias asentadas.
Habrá que ver si eso alcanza para atender lo que aparece como el primer reclamo de la sociedad que evalúa esta gestión iniciada el 10 de diciembre: la inflación, el costo de vida, los sueldos que no alcanzan. Uno de los ministros que aborda esta cuestión confiesa en su despacho que el cimbronazo de estos tres primeros meses se aquietará (en realidad, claro, usa la expresión “normalizará”) a partir de junio gracias a la política monetaria que evita la emisión descontrolada y la llegada de dólares si se destraba la cuestión buitre y las leyes necesarias. ¿Y hasta entonces? Allí exhibe una de las herramientas de gestión que más ama el PRO y que son las encuestas. “La imagen del gobierno creció. Nos han dado la confianza para aguantar hasta entonces”, dice ante la mirada incrédula de este cronista.
En materia económica, Cambiemos reza sobre la Biblia de la oferta y la demanda. Para seguir con la metáfora, no desde el Antiguo Testamento pero sí con la base del Estado poco intervencionista. No hay discursos del liberalismo de mitad del siglo XIX pero expresiones como “la mano invisible del mercado” no se pronuncian sólo porque se reprimen. No porque no se deseen o piensen. La desmembrada cartera de Economía de este gobierno que licuó las aspiraciones de un súper ministro del área, tiene la ventaja de no necesitar de funcionarios iluminados pero el contrapeso de no saber quién se ocupa de la inflación. Porque digámoslo con todas las letras: el alza indiscriminada de precios es muy severa y taló sin anestesia el bolsillo de la mayor parte de la población y, sobre todo, del sector más humilde.
Esta inflación fue, sin dudas, provocada por el festín populista y doloso de la anterior gestión, por la devaluación inevitable de Macri y por la mezquindad de mucho empresario formador de valores que gritaba por un cambio y hasta ahora sólo cuidó su abultada ganancia sin el mejor gesto de solidaridad social. Vale apenas como ejemplo relatar el intento de un grupo de automotrices que pretendió publicar una solicitada en los diarios para darle el apoyo al gobierno el mismo día que incrementó sin motivo los precios de los coches, con especial tasa en los más económicos. Algunos sobreactúan las palabras pero accionan sólo con sus bolsillos. La administración actual debería, sin embargo, saber que hace más de 30 años el viejo Juan Carlos Pugliese habló como ministro de Economía con el corazón y el “ser nacional” le contestó con el bolsillo.
¿Tiene pensado el gobierno alguna medida extra mercado para esto? No parece. Si se camina por los pasillos de la Secretaría de Comercio, a más de verse los miles de expedientes acumulados por el viejo mandamás de estancia Guillermo Moreno, que reflejan el patoterismo para autorizar una compra o una venta, no hay nada. Se espera el milagro de la “normalización” del mercado. Es cierto que el exsecretario amigo del Papa es el mismo que ahora habla impúdicamente como si fuera un marciano y no el responsable de esa olla presión inflacionaria que coronó 12 años de gestión, pero es extraño que quienes hoy gobiernan pasen de la patota a la nada misma. Está decidido: no habrá controles de precios, valores máximos ni siquiera inspecciones exhaustivas para los que aumenten sin explicación.
La herramienta de los precios cuidados se sostendrá más por marketing que por otra cosa. El sistema informático de precios on line tarda en confeccionarse como la fallida llegada de los tanques del general Alais en tiempos alfonsinistas de levantamientos militares. El propio presidente Macri anunció en su discurso desde el Congreso de la Nación que se reduciría el IVA a los productos de la canasta familia. ¿El proyecto llegó al Congreso en las ya inauguradas sesiones ordinarias? Ni siquiera está a la firma del jefe de Gabinete. Demasiados pocos gestos sociales para una Argentina que no la pasa bien y se crispa realmente si no se le muestra consideración.
Es cierto que nuestra nación carece de chances de discutir en serio sobre los temas que importan. Los últimos años de dogmatismo kirchnerista (la expresidenta Kirchner alguna vez deberá anotar cuánta intolerancia ha sembrado) que bautizó como enemigo a todo el que osara preguntar desde el disenso ha permeado de manera notable. Aquí no se debate de las cosas sino de las personas. No importa discutir la inflación, por ejemplo, sino apenas descalificar a quien argumente. Son tiempos de falacias ad hominen en donde una verdad indiscutida puede ser negada porque sólo es esgrimida por un “enemigo”.
Aquí sí aplica el deseo de normalizar este terreno. Cambiemos debería poner énfasis en actuar de modo que aun si un opositor feroz critica el argumento para contraponer no sea quién lo hace sino qué cosa dice. El presidente luce partidario de esta idea pero algunos de sus administradores (y de sus seguidores militantes) han vuelto a caer en el imperdonable vicio del fanatismo de creerse con toda la razón por sólo pertenecer al grupo que más votos obtuvo.
La ejemplaridad debe llevarse al punto de lo excesivo. Por citar un ejemplo, es imprescindible fundamentar la decisión de prescindir de empleados de la administración pública porque fueron nombrados a las apuradas por el anterior gobierno con el único deseo de coparla con amigos militantes. Claro que hay ñoquis y el kirchnerismo fue impúdico al designarlos. Que cesen, no es un despido en el sentido peyorativo de la palabra. Lo es para garantizar la transparencia del destino de los impuestos que pagamos todos y la igualdad ante la ley para acceder a ser empleado público.
La gestión Pro fue desprolija en este aspecto. Hubo cesantías erradas si bien la mayoría era justificada. Sin embargo, a la par de ello, no resulta admisible desde la ejemplaridad que varios funcionarios de Mauricio Macri les hayan conseguido trabajo en el Estado a sus familiares. Oscar Aguad, Jorge Lemus, Jorge Triacca y Pablo Avelluto, entre otros. Si hasta el propio ministro encargado de “modernizar” el estado Andrés Ibarra permitió que su esposa fuera designada directora de eventos y actos públicos en la Radio y Televisión públicas. ¿Es ilegal? Claro que no. Pero que quien se ocupa de hacer racional la plantilla de empleados públicos con cesantías y finalizaciones de contratos admita que su propia cónyuge ingrese a esa plantilla sin concurso ni motivo imprescindible para hacerlo, es chocante. ¿Un ministro no tiene derecho a designar a su familia? La ley no lo impide. Sí el mandato moral de quien dice que viene a cambiar las cosas y le impone una discriminación positiva que permita recordar que, en situaciones extraordinarias, los ejemplos aparte de empezar en casa, vienen de arriba hacia abajo.