Política
Viernes 17 de Febrero de 2017

Gómez Centurión fue imputado por apología del delito

El titular de la Aduana había negado la existencia de un plan sistemático durante la última dictadura para hacer desaparecer personas.

controversia. Gómez Centurión quedó en el centro de la polémica.

El fiscal federal Ramiro González promovió ayer una investigación penal contra el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por "apología del delito", a raíz de los dichos con los que el funcionario negó la existencia de un plan sistemático puesto en marcha por la última dictadura para hacer desaparecer y exterminar opositores.

El fiscal impulsó la acción ante la denuncia formulada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Héctor Recalde, Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto, Lucía Masin y Rodolfo Tailhade, la legisladora porteña Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), ex detenida-desaparecida, y otras fuerzas y organismos defensores de derechos humanos.

Gómez Centurión, quien participó de los levantamientos carapintadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, dijo días pasados que "no fue un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio" el exterminio de opositores por parte de la dictadura militar de 1976-1983.

"Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas; fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el (año) 75 con una orden constitucional de aniquilamiento", expresó.

También sostuvo que "la desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mil mentiras".

En el dictamen, el fiscal sostuvo que los denunciantes dijeron que el funcionario "se habría expresado en defensa del genocidio que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983 al negar una realidad incuestionable para nuestra sociedad".

Además, sostuvieron que "en el 29 por ciento de los procesos iniciados por crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar se determinó que existió un plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños".

Y que "entienden que el denunciado con su accionar defiende públicamente el terrorismo de Estado", agregando que "a partir de hechos judicialmente probados, el negar los mismos implicaría enaltecer la realización de aquellos delitos".

González envió el pedido de investigación y la propuesta de medidas de prueba al juez federal Sebastián Casanello, quien quedó a cargo de la denuncia formulada tras las declaraciones de Gómez Centurión dos semanas atrás en América TV.

El juez no tiene obligación de seguir la recomendación del fiscal y, de hecho, podría considerar que las expresiones del militar retirado —condecorado por la guerra de Malvinas— Gómez Centurión no constituyen delito y podría archivar la denuncia.

Entre las medidas de prueba reclamadas por el fiscal figuran las grabaciones originales de las declaraciones del jefe de la Aduana y la recolección de jurisprudencia sobre la existencia del plan sistemático de represión de la dictadura que, según algunos fallos judiciales, desplegó un plan genocida para eliminar opositores.

Según organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, en la Argentina hubo 30 mil desaparecidos durante la dictadura de 1976-83 y que incluso la represión ilegal comenzó antes del gobierno de facto, durante la administración de María Estela Martínez de Perón, entre 1974 y 1976.

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