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Domingo 11 de Enero de 2015

Gendarmería y la Babel política

Se publicó a fines de noviembre de 2013 y, pese a estar en la tapa de Policiales, quedó disminuida y eclipsada por un acontecimiento mucho más desplegado: el inicio de los saqueos y rebelión policial de ese mismo año.

En su momento pasó sin pena ni gloria pero fue una de las noticias más impresionantes y bizarras relacionadas con drogas en Rosario. Se publicó a fines de noviembre de 2013 y, pese a estar en la tapa de Policiales, quedó disminuida y eclipsada por un acontecimiento mucho más desplegado: el inicio de los saqueos y rebelión policial de ese mismo año.

La noticia hablaba de un texto anónimo dejado un mes antes en el juzgado de turno de los Tribunales Federales de Oroño al 900. El escrito decía que 14 kilos de cocaína secuestrados en un operativo de la Policía Federal de Rosario en una cocina en Empalme Graneros, en julio de 2012, no eran cocaína sino bicarbonato de sodio. Explicaba que habían sido entregados por un traficante de la zona oeste a un jefe recién llegado a Rosario de la Policía Federal para que éste estrenara su cargo con un operativo exitoso ante la prensa, y el traficante obtener así su tolerancia.

La partida de droga estaba almacenada por protocolo desde hacía 18 meses y el entonces fiscal Patricio Murray ordenó una prueba con reactivos sobre la sustancia. La prueba le dio la razón al anónimo. Lo que contenían los diez panes era bicarbonato y no clorhidrato de cocaína. El que había entregado "la droga" era, según el anónimo, Esteban Alvarado, un hombre que para entonces estaba preso en San Isidro como jefe de una banda que robaba autos de alta gama, pero que casi no tenía prontuario por delitos graves en Rosario. Hoy Alvarado está mencionado tanto en la causa del atentado a Antonio Bonfatti como en la del homicidio de Luis Medina.

Si el dato del bicarbonato resultaba certero, los demás retazos de la historia cobraban verosimilitud automática. El policía que recibió la cocaína/bicarbonato era el comisario Gustavo Serna, un oficial de 45 años al que el Ministerio de Seguridad de la Nación destinó a Rosario pese a que unos años antes había sido detenido, él mismo, como parte de una red internacional que traficaba cocaína a Europa. Y que terminó desvinculado de la causa por una falta de mérito. Quien detuvo a Serna fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comandada por el criminólogo Marcelo Saín, quien tiene un recuerdo muy vivo del comisario. "Fue el primer operativo de la PSA en un caso de tráfico de drogas a nivel internacional y por eso Néstor Kirchner nos invitó a difundir el procedimiento a la Casa Rosada. Recuerdo muy bien a Serna cuando lo detuvieron en su casa de Villa Lugano: seguíamos a una organización importante e íbamos a apresar a un policía".

El escándalo de Serna estalló el mismo año en que fue nombrado Sergio Berni como secretario de Seguridad de la Nación. A este no correspondió aquella designación, que sí hizo la cartera a la que Berni pertenecía. A Serna lo denunció la mujer de un narcotraficante, David Zacarías, por un operativo alevoso que hicieron los policías federales en la remisería que Zacarías tenía en Granadero Baigorria. Un policía de adentro le contó a este diario el método regular de Drogas de la Federal hace un año. "Hay una lista permanente con los traficantes que queda de gestión en gestión. Los nuevos jefes vienen siempre de afuera, pero gracias a la lista saben con quién arreglar. A Zacarías le pidieron una fortuna y se negó. Entonces le declararon la guerra y lo allanaron de forma brutal. La mujer no se lo bancó y denunció. Eso fue el fin de Serna, pero la historia dentro de la Federal obviamente la conocían todos".

Berni es la máxima figura del Ministerio de Seguridad de la Nación en un país que no tiene plan contra el narcotráfico. En mayo pasado quince especialistas (algunos de ellos, como Juan Tokatlián, muy respetuoso con el kirchnerismo) lo dejaron claro en un documento de doce páginas titulado La Argentina y la Cuestión de las Drogas. Allí señalaban los problemas multidimensionales del narcotráfico: los consumidores que sin ser delincuentes movilizan un negocio multimillonario, sociedades poco hospitalarias y dañadas en su cohesión social que propagan el consumo y el negocio, Estados muy mal preparados para enfrentar las dinámicas financieras del lavado de dinero, operaciones inmobiliarias extrañas, corrupción a niveles de las vías de paso, como fronteras y aduanas.

Argentina tiene todos esos problemas y además enfrenta una dinámica económica global en virtud de la cual el narcotraficante detenido o extraditado es rápidamente reemplazado. Los países productores como Colombia, Perú o Bolivia buscan destinos como Argentina tanto para expandir el consumo como para redespachar cargamentos hacia los habituales destinos de ultramar (Europa y EEUU), dada la dificultad de hacerlo desde los puertos tradicionales.

Todo esto ha reconfigurado las conexiones mafiosas y redifinido redes trasnacionales, con sus tremendos impactos en la economía y en los hábitos urbanos. Contener el fenómeno de las drogas, su debilidad estatal, no puede concebirse sin la unión entre todos los niveles intraestatales y nuevas formas de colaboración entre los países de la región.

En Argentina, no obstante, el debate político más persistente es aquel donde el muerto se asusta del degollado. Berni retira dos mil gendarmes de Rosario llegados hace ocho meses como si en ese tiempo pudiera quedar resuelta una crisis de seguridad pública. Y aprovecha para decirle a Binner que hace dos años miró para otro lado cuando se le advirtió la corrupción policial.

Cuesta aquí no coincidir con el enunciado de Berni. Binner no tuvo a la seguridad pública como agenda, improvisó en esa área realizando collages de funcionarios que no pegaban ni con engrudo y sobre todo consintió una política de ascensos en la fuerza vergonzosa, premiando a corruptos, de la mano de un jefe policial como Daniel Toledo, arquitecto de esa infausta etapa. Si pasó por desconocimiento no es menos grave. Este desconocimiento siguió después con designaciones de policías cuestionados de cuya historia la gestión no se enteraba por la compulsa de legajos sino cuando los medios avisaban. El último ejemplo de una serie larga es el de Juan Garro, acusado de pronazi, en la Unidad Regional I.

La policía santafesina es el resultado histórico de un proceso de construcción que, con el fenómeno de la droga en fortísima mutación hace diez años (básicamente con la producción local en cocinas que multiplicó la mercancía y abarató costos de venta), acrecentó su degradación, siendo parte activa del negocio y trabando contacto privilegiado con los jefes traficantes. Entonces, un narco llamaba a una comisaría del sur provincial para que allí le informaran sobre unos autos que lo seguían, el hijo de otro narco aparece como testaferro de un ex jefe de Rosario y gente que trabajaba en Delitos Complejos le informa a Monchi Cantero sobre el destino corporal de los balazos que recibió un hombre al que mandaron ejecutar.

Pero las policías nacionales y de provincias vecinas no les van en zaga. El hecho de que el fenómeno no cobre la virulencia que adopta en Rosario no lo desmiente. Saín, que es aliado kirchnerista en el Partido Nuevo Encuentro, habla del doble pacto como ex viceministro de Seguridad: la bonaerense garantiza cierta estabilidad política regulando a los factores del delito a cambio de que se le permita negociar con ellos. Doble ganancia: orden en el territorio y plata del hampa para la fuerza.

El criminólogo colombiano Juan Carlos Garzón dice que los homicidios en territorios violentos marcan disputas delictivas, pero advierte que la baja de homicidios en esos lugares no se explica por falta de crimen organizado sino porque sus movimientos están administrados racionalmente por un actor más fuerte: casi siempre las fuerzas de seguridad.

Y los gendarmes de Rosario se van al conurbano bonaerense, donde los delitos letales crecen también. En Ciudad Evita, La Matanza, la tasa de homicidios supera a Villa Gobernador Gálvez. Y allí, a veinte kilómetros de la Plaza de Mayo, la mayoría de estas muertes dolosas son en ocasión de robo.

Pero no es cuestión de señalar qué tigre está más manchado sino de ver que frente a procesos comunes de construcción de la política y la vida social, los problemas también son comunes. Si a Berni se le ocurre en una conferencia de prensa hablar de Binner buena parte del tiempo, es su elección. Pero también se puede hablar de Berni.

Trabajador incansable, dotado de un carisma innegable, a su obcecada voluntad no le importa un comino ser bienpensante, lo que le genera pasiones a ambos lados del arco político. A no pocos periodistas progresistas les toca el corazón, aunque ninguno admita en serio que el problema del delito en Argentina sean los delincuentes extranjeros o aunque la mayoría criticaría el modo en que manda a Gendarmería como fuerza de choque para avanzar sobre conflictos laborales. Con esos mismos argumentos se gana el saludo alborozado de electorados de derecha.

Berni da algunas discusiones que merecen la pena. Pero de repente se sitúa en un discurso cerril y megalómano. Por ejemplo cuando señala que el Estado Nacional intervino en Santa Fe mandando (por 250 días) las fuerzas federales cual si fuera una ayuda digna de ser agradecida de rodillas, como si la provincia fuera un estado libre asociado a la Argentina, o como si Gendarmería fueran los Cascos Blancos y Rosario la capital de Haití.

Si en su juego funcional y político Berni privilegia la chicana, habrá que avisarle que él también está en condiciones de responder. Su patrimonio creció un mil por ciento estando en la función pública, lo que le valió la imputación de un fiscal federal. Dice poder demostrar que todos sus ingresos son bien habidos y ojalá tenga razón. Pero lo mismo dice Hugo Tognoli en un proceso en trámite. Y si bien el ex jefe de policía provincial permitió como jefe de drogas que el sur provincial fuera un colador para narcos de toda laya, es cierto que el proceso en su contra, al menos en Rosario, se inicia con un acta inventada y bochornosa, la de aquel pan de cocaína que terminó siendo azúcar.

Las preferencias ideológicas ocultan un problema compartido que kirchneristas y socialistas tendrán que resolver juntos. O mejor: que cualquier colectivo partidario que en materia de políticas contra el delito busque perseguir de manera más eficaz deberá darse: examinando todas sus fuerzas de seguridad corruptas, el lucro empresarial que incorpora dinero del delito a sus desempeños legales y el modo en que funciona la Justicia y los asesores profesionales de los traficantes.

Como muestra, todavía no está aclarado el asunto de los 14 kilos de cocaína/bicarbonato en la Policía Federal de Rosario y los bochornos en avalancha en la policía de Santa Fe exponen que los problemas de las fuerzas de seguridad son compartidos. La Policía de Acción Táctica que "reemplaza" a la Gendarmería en Rosario tiene el mismo déficit de formación que los más novatos de los 12 mil efectivos lanzados por Daniel Scioli (de alianza pública con Berni) a la Costa Atlántica, dotados con un arma de fuego a cuatro meses de instrucción, tal cual una uniformada le confiaba días pasados en Pinamar a un periodista de este diario.

Este miércoles, dos días después del retiro de Gendarmería, mataron a un chico de 20 años en Casilda y Teniente Agnetta cuando fue a un local precario de ese lugar de Ludueña a comprar drogas. Un lugar que según los vecinos nunca dejó de expender durante el año. Mientras estaban allí el fiscal y una decena de periodistas se produjo una lluvia de balazos entre soldaditos, demostración de una violencia arraigada y sin freno, que no cesa ahora que la decisión es que las tropas llegadas a Rosario en abril se asienten en el conurbano bonaerense, donde hay idénticos problemas.

Los sectores políticos en debate no tienen futuro sin cooperación interestatal que, como pedían los especialistas en mayo pasado, coordinen medidas para reducir daños ante la cuestión de las drogas, con políticas fundadas sobre el desarrollo humano combinadas con otras para perseguir con eficiencia a la criminalidad organizada.

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