El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que el ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) Omar Caballo Suárez vaya a juicio oral y público por haber interrumpido el paso de buques en cinco ocasiones.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que el ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) Omar Caballo Suárez vaya a juicio oral y público por haber interrumpido el paso de buques en cinco ocasiones.
Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que envíe a juicio al sindicalista por el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión al que "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave".
Se trata de un tramo de la causa más avanzada contra el sindicalista, pues el pasado martes quedó detenido por ser considerado "jefe" de una asociación ilícita y defraudación en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu).
El martes pasado el juez le denegó la excarcelación por este expediente, por lo que Suárez seguirá detenido en Marcos Paz.
El tramo por entorpecimiento de las vías navegables estaba más avanzado y por eso ahora el fiscal pidió que vaya a juicio: concretamente se lo acusa de cinco hechos, algunos de ellos por no autorizar el ingreso de buques de bandera extranjera o bien negar el servicio de remolque, clave para que las embarcaciones amarren.
La causa más grave tiene que ver con la denuncia hecha por Miguel Angel Doñate, en representación de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (Calaprac) en mayo de 2012.
Según el procesamiento dictado por el juez, Suárez "encabezaba la sociedad que participó de los sucesos que le han sido inculpados".
En 2008, el Estado por un convenio entre el Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF, comienza a importar gas licuado a 160 grados bajo cero mediante buques metaneros y su posterior conversión a gas natural a través de buques gasificadores.
En ese momento, Suárez y otros gremialistas comenzaron a exigir a empresas navieras dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a través de la escuela Omar Rupp, del Somu para que estuvieran en condiciones de abordar esos buques a cambio de no bloquearles el ingreso a los puertos del mediante la negativa del servicio de remolque.
"Esas donaciones se liquidaban como remuneraciones por tripulación que nunca embarcaba, pero el ese dinero no se asignaba a la escuela de capacitación del sindicato sino que era facturado por la firma San Jorge Marítima SA, en representación de la Fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente fluvial, marino y lacustre", remarcó el juez.