Economía
Miércoles 01 de Junio de 2016

Excluirían del blanqueo a funcionarios jerárquicos del Ejecutivo

La Cámara de Diputados aguardaba anoche el ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados"...

La Cámara de Diputados aguardaba anoche el ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", que dispone del pago de deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes pasivos en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cuenten con los requisitos para jubilarse.

La iniciativa también incluye una blanqueo de capitales presentado como "amnistía fiscal" y el acuerdo firmado con los gobernadores que dispone el reintegro escalonado a las provincias y el Tesoro nacional del 15 por ciento de la coparticipación federal retenida desde 1992 para financiar a la Ansés.

Si bien en un primer momento fuentes del gobierno aseguraron que el proyecto iba a ingresar por el Senado, posteriormente hubo un cambio de estrategia y se decidió por el envió a Diputados.

La elección de la cámara de origen dio lugar a un debate interno en el oficialismo, ya que si bien las iniciativas tributarias deben ingresar por Diputados, las modificaciones al régimen de coparticipación (una ley convenio) tienen que entrar por la Cámara alta.

Las demoras en el envío al Congreso obedecieron a modificaciones de último momento, en especial a lo referente a la prohibición de acceder al blanqueo a los funcionarios jerárquicos, desde subsecretario hasta el jefe de Gabinete, además del presidente y vicepresidente.

Al respecto, el presidente Mauricio Macri finalmente parece haber cedido a la exigencia formulada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el radicalismo, y los funcionarios públicos del blanqueo de capitales. La decisión de excluir del texto de la ley también a diputados nacionales y senadores y a los magistrados quedará en manos del Congreso.

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