El comisario general Ricardo Daniel Cáceres, jefe de la policía provincial entre octubre de 2007 y diciembre de 2009, volverá a ser investigado por enriquecimiento ilícito luego de que la Cámara Penal revocara el sobreseimiento que en noviembre pasado le dictó la jueza de Instrucción Delia Paleari. Entonces la magistrada señaló que "la justificación (de bienes) presentada por el ex jefe policial es válida en tanto demostró que el enriquecimiento tiene origen lícito".
El fallo fue apelado por la Fiscalía y en una audiencia pública celebrada el 30 de marzo la fiscal de Cámara Cristina Rubiolo objetó cuestiones contables de la pericia oficial, requirió la ampliación de la auditoría por "inconsistencias" y pidió que se revocara la resolución de Paleari.
El origen. La investigación contra el ex jefe policial fue iniciada en febrero de 2009 por la Dirección de Asuntos Internos de la policía tras la recepción de un anónimo que denunciaba que Cáceres había "comprado un terreno" en el country Puerto Paraíso de Pueblo Esther por un valor de 60 mil dólares y aludía a "negocios e inversiones" del policía.
En ese marco se inició una pesquisa y Cáceres fue citado para que justificara sus posesiones. La causa fue acumulando informes pedidos al Banco Central, la Afip, la API y otros organismos de control fiscal. De esos registros se supo que Cáceres posee una casa en 3 de Febrero al 600, un departamento en Mendoza al 600, una cochera en Juan Manuel de Rosas al 1200, un local en Maipú al 2000, un Peugeot 407, un Citroën C4 y una embarcación además de títulos públicos y el inmueble de Pueblo Esther que es de su madre.
Dura crítica. Ayer, la camarista Georgina Depetris revirtió la decisión de la magistrada de primera instancia y avaló el requerimiento de la acusación, aunque no ahorró críticas acerca de su actuación. "Advierto con sorpresa, que tal como lo destacó la defensa, no sólo la Fiscalía no hizo nada durante la instrucción (del caso) que orientara a la magistrada a una decisión en sentido contrario, sino que se conformó con lo que había e instó la resolución. Primero solicitó la realización de una pericia contable para determinar la base de la imputación, pero no pidió ninguna aclaración o ampliación. Tampoco la usó para la imputación en la indagatoria", (de Cáceres) afirmó la jueza.
En la audiencia de apelación realizada en marzo, Rubiolo puso el acento en "la capacidad de ahorro" del ex jefe policial que, según el informe oficial, fue del 30 por ciento. "Se tuvo en cuenta siempre el mismo valor para cuantificar los sueldos de Cáceres entre 1977 y el 2010, pero no fue explicado. Los ingresos que recibió fueron variando durante esos años", había dicho la fiscal.
Rubiolo añadió que la esposa de Cáceres abrió un local de ropa interior con una indemnización que recibió de la firma Cotar, donde trabajó 14 años, pero no se evaluaron los gastos de instalación del negocio. Cáceres además tiene una licencia de taxi y "la pericia omitió gastos de mantenimiento, pago de patente, seguro y sueldos de los choferes", dijo la fiscal. Sobre el negocio de la esposa planteó que se consideraron "las ventas, pero no las ganancias". Y acerca de la propiedad de Pueblo Esther, Rubiolo dijo que el terreno fue comprado por la madre de Cáceres pero la casa la construyó él.
Acreditados. Por su parte el abogado de Cáceres, Horacio Corbacho, dijo que la fiscalía tuvo cuatro oportunidades para expedirse sobre la pericia oficial pero recién lo hizo luego de dictado el sobreseimiento. Y sobre la casa en Pueblo Esther señaló: "Están acreditados los ingresos de la madre, que era procuradora y tiene dos pensiones. El segundo marido era juez de Cámara. Tiene un solo hijo y un nieto. Por eso puede ayudarlo. Las cuotas del Citroën C4 se las pagó la madre al nieto. Además, cuando ingresó a la policía tenía casa y auto", afirmó.
Ayer la camarista Depetris afirmó que "es evidente que no hay por el momento ningún mérito para procesar" a Cáceres. Pidió a la Fiscalía que solicite las explicaciones y ampliaciones que pretende para seguir la pesquisa. Y a la jueza Paleari que dicte la resolución que corresponda "de acuerdo a derecho".