Policiales
Martes 29 de Noviembre de 2016

Estado de alarma en una franja que se percibe en aislamiento

La sucesión de crímenes desaforados mantiene hace tiempo a los vecinos del área sudeste en un miedo no exento de consecuencias políticas.

En esa franja difusa del sur rosarino que tiene como eje a Abanderado Grandoli desde Uriburu hasta Lamadrid hay algo que no se puede torcer. No se trata de dar una voz de alarma. La situación es alarmante hace mucho. Los conflictos surgidos en esa zona produjeron desde marzo trece asesinatos a balazos. La mayoría en un área circundante de ese corredor que abarca los barrios Parque del Mercado y el complejo municipal donde vivió Pimpi Caminos.

Los últimos dos asesinatos de esta secuencia son de una ferocidad que produce aturdimiento. Matan a dos primos hermanos con 20 horas de diferencia. Los buscan a ambos en la puerta de sus casas. En los atacantes no hay preocupación por ser vistos. Usan armas de calibre nueve milímetros y acribillan a sus víctimas a corta distancia y delante de sus familiares. Luego se retiran de la escena criminal sin encontrar escollos.

Desmesura. La mayoría de los trece homicidios comparten estos rasgos que son las etiquetas de una comunidad destrozada. No se exagera si se dice que las situaciones de homicidio remedan casos de fusilamiento. Pasó el 11 de marzo en Ayacucho al 4300 con Mariela Miranda, la madre de los hermanos Funes, a la que mataron en la puerta de su casa. O el 6 de junio con la quiosquera María Núñez en su salón de Sánchez de Thompson y Alice. Sucesos que se distinguen por su violencia desquiciada y por su impunidad. Pero lo que acaso sea el rótulo principal de estos hechos es que estos desórdenes, que se traducen políticamente como un mayúsculo problema de orden público, son el resultado de algo que en esa zona, en vastos grupos de jóvenes, se ha consolidado como una transformación cultural.

Usar armas de fuego y dirimir los conflictos de manera extrema, es decir quitando la vida, se tornó en esta zona una contraseña de identidad. No son solamente los homicidios sino los tiroteos rutinarios en plena calle, en horarios diurnos, los que este mismo año llevaron a que las autoridades de las escuelas de la zona prohibieran a los alumnos salir al patio en los recreos. El hecho de que estos incidentes se hayan vuelto costumbre transfiere graves efectos a los vecinos que sienten desdén hacia un sistema político que, comprueban, no los protege.

Otro tipo de presencia. Es necesario meditar sobre estos problemas sin eslóganes simplistas. No es que el Estado esté ausente. Hay presencia muncipal y provincial a través de las áreas de salud, de educación y también de seguridad comunitaria que están en contacto con el barrio y sus vecinales. Pero si los enfrentamientos armados no cesan y la zona sigue sembrada de cadáveres hay una forma de presencia a revisar porque no es eficaz.

De una manera coloquial y preocupada, un funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que estuvo en los dos últimos homicidios hizo una rápida semblanza de los casos colocándolos en el contexto de otros que ya pasaron allí mismo. "Los que cometen estos hechos no son personas contratadas de otros lados para venir a soldadear. Son los bebés nacidos acá mismo que crecieron y no están disputando una fortuna económica. La gente nos dice que no hablará de lo que sabe porque cree que nada será alterado. Entonces hay que examinar nuestras prácticas institucionales. Porque si no se reformulan los esquemas de protección nada tiene por qué cambiar".

El mismo funcionario dijo ayer a mediodía que la presencia policial esporádica no modifica nada. "El sábado a la noche los matadores de Franco Carballo entraron al monoblock y le dispararon varias veces en la casa. Esa acción fue perfectamente visible desde la avenida Grandoli. Si hubiera un policía permanente en cada esquina ese homicidio no podría haber ocurrido". Es cierto que no hay recursos policiales para cada cuadra de la ciudad. Pero no hay ninguna zona en Rosario de diez cuadras por diez donde se hayan producido más de una decena de homicidios en nueve meses.

Los vecinos dicen que necesitan en el complejo municipal de Grandoli al 4800 el mismo tipo de acción preventiva que se despliega en barrio Emaús, conocido como La Bombacha, donde la visibilidad permanente de la Policía de Acción Táctica (PAT) redujo drásticamente la violencia. "Pero nosotros no estamos al lado de Fisherton sino que nos rodea un cinturón de sectores más pobres", se lamentan. El reproche podrá ser más o menos justo o atendible. Pero es lo que manifiestan al convivir con un fenómeno aterrador, porque los crímenes que se reeditan producen la sensación de ser desconsiderados y desiguales para la mirada estatal.

Crisis y urgencia. Una idea muy arraigada indica que todo incidente violento ocurre porque el Estado omitió hacer algo. Es una idea rudimentaria. Salvo que subestimemos a las personas hay que pensar que los entornos familiares y comunitarios tienen responsabilidad también sobre lo que pasa. No obstante si hay trece homicidios en menos de 300 días, en una superficie urbana restringida, el gobierno local y provincial están ante un fenómeno nada artificial. No hay una construcción discursiva sino una crisis de alta urgencia que atender.

El miedo adopta distintos ropajes. En una zona precarizada por el desempleo masivo y crónico, por los abusos extendidos de una policía que ejerció violencias brutales con los jóvenes a la vez que pactó con el delito, el miedo gesta el silencio que hoy los fiscales encuentran como un muro para esclarecer delitos. Ese miedo también produce la idea de vivir en un gueto, en un espacio peligroso y segregado al interés de los otros.

El Estado debe rescatar de esa atmósfera de aislamiento y de estigma negativo en que los habitantes de esa franja que rodea a la avenida Grandoli manifiestan vivir. Lo dicen a gritos, como saben los operadores de seguridad y de salud, los docentes del barrio, los vecinalistas, los fiscales. La multitud de homicidios crea una sensación de apartheid urbano, de pérdida de un derecho esencial, que es el derecho al espacio público. Esta fase de violencia interpersonal expresa una patología colectiva que obliga a la autoridad pública a redoblar ingenio y esfuerzos para un problema que, al menos en esta zona, es dramático, concreto y no deja de acentuarse.

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