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Domingo 02 de Noviembre de 2014

Esperando los fantasmas de diciembre

Reforzarán los patrullajes en 40 puntos de Rosario, habrá más fiscales para cubrir cada turno y ya se entablan contactos rutinarios con líderes vecinales.

La provincia trabaja para neutralizar situaciones de conflicto como las de años anteriores. Reforzarán los patrullajes en 40 puntos de Rosario, habrá más fiscales para cubrir cada turno y ya se entablan contactos rutinarios con líderes vecinales. La cercanía de diciembre instala hace años un escenario simbólico propicio para el reclamo y un cortejo de fantasmas asociados a los desbordes, que en los últimos dos años produjeron en Rosario inquietantes efectos políticos y sociales. Tanto en 2012 como en 2013 la fuerte voluntad institucional de evitar alusiones al fenómeno no impidió, como era previsible, lo que terminó por verse: enfrentamientos en las calles, saqueos de comercios, civiles asumiendo con efectos brutales la custodia del orden, policías participando en protestas y cometiendo delitos graves. Con estos antecedentes pendiendo como condicionante, el gobierno despliega un plan de contingencia para atemperar situaciones de crisis.

El discurso se encadena en los tres niveles del Estado y en sus tres poderes: no hay conflictos que insinúen los nubarrones de los años previos. Pero los imprevistos existen, a veces con ayuda, por lo que se trabaja en un programa de prevención. Se extenderán las fuerzas de seguridad por toda la ciudad de Rosario y el área metropolitana, las Fiscalías reforzarán sus guardias y los contactos entre referentes comunitarios y asistentes técnicos del Estado cobrarán ritmo diario.

"Dialogamos con organizaciones sociales para ser receptivos a los problemas, reconocemos el contexto inflacionario con el pago de un bono extraordinario o pagando los uniformes policiales. Estamos presentes frente a lo que pasa. Lo que dejamos claro también es que si hubiera acciones que supongan perturbar la paz social, estamos preparados; y ante la violación de la ley procederemos con total contundencia", señaló el ministro de gobierno, Rubén Galassi.

Las policías provinciales paladean el alto precio de retomar reclamos como el año pasado que las llevaron a un quiebre de su imagen pública. En Tucumán, Córdoba, Entre Ríos y Chaco decenas de oficiales medios y superiores fueron desplazados. En Santa Fe los miembros del informal sindicato policial desfilarán en indagatoria en un juzgado federal por sedición. Reclamar con un arma en la cintura, dejando las calles vacías y rechazando los pedidos de auxilio de la población, como hicieron recientemente, es asumido por la sociedad como una extorsión.

Aunque no se sepa bien quién los agita, el desfile de rumores de diciembre no deja de alborotar. Los representantes de 50 cámaras empresarias de Rosario acaban de exhortar al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, a reforzar la seguridad en la ciudad ante versiones de "posibles hechos de vandalismo disfrazados de reclamos sociales, como ocurrió el año pasado". El gobernador Antonio Bonfatti anunció el pago de un bono para todos los segmentos del empleo público y la Municipalidad de Rosario se dispone a lo mismo. Un veterano gremialista industrial como Héctor Méndez, que se distingue por sus discursos en favor del ajuste de costos laborales, resalta que hay empresas en condiciones de hacer un pago extraordinario en 2014.

A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad suspendió el otorgamiento de licencias para diciembre y enero a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria. Serán cerca de 2.500 los integrantes de fuerzas federales en Rosario para entonces.

Estos movimientos indicativos de la percepción de un estado social se complementan con un diseño de la Unidad Regional II de 40 puntos considerados estratégicos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde se robustecerán los desplazamientos de patrullas. En esas mismas zonas hay contactos regulares entre líderes vecinales y asistentes de la Secretaría de Seguridad Comunitaria y las áreas sociales de la Municipalidad para que las demandas no desemboquen en violencia. Gendarmería Nacional coordinó la semana pasada reuniones de mando entre los jefes del Operativo Rosario, el jefe de la Región II y el jefe de Inteligencia, con el mismo propósito.

En diciembre pasado hubo 95 personas detenidas en Rosario en situación de saqueo que siguen sometidas a proceso penal. También 46 procesados por robo calamitoso por la irrupción en un autoservicio de Villa Gobernador Gálvez. En 2012 hubo 37 procesadas en el marco del robo a 40 supermercados y comercios en la ciudad.

La combinación de saqueos con revueltas policiales de hace once meses fue un fenómeno de extensión inédita en todo el país. La tensión social resultó aprovechada, cuando no gestada, por policías provinciales para producir demandas bajo la presión concretada del cese de la prestación de servicio. En esos escenarios de quebranto del orden público, la ausencia de policías en las calles no hizo sino propagar la conmoción. En Córdoba, donde se iniciaron los conflictos, el gobernador José Manuel de la Sota accedió a una rápida recomposición salarial. El ejemplo se reprodujo en espejo. Hubo situaciones análogas en diez provincias con policías en paro total y una decena de muertos. En Santa Fe el panorama se desactivó tras cinco días dramáticos con un aumento del sueldo policial inicial a 8.100 pesos. El gobierno nacional señalaba que la policía era instigadora de saqueos. Bonfatti decía el mismo día del acuerdo de los policías en protesta: "Tienen la misma actitud de los delincuentes que deben perseguir".

En Rosario hay tres causas penales en curso como consecuencia de las acciones concretas de policías en protesta que acumulan seis cuerpos. Una es la 1.355/13 que se instruye por el tapón concretado por unas 300 personas frente a la Jefatura de Unidad Regional II, que impidió el ingreso y egreso de personal y patrullas. A esa se le suma por conexidad objetiva la causa 1.317/13, por el incendio intencional de la oficina de Prensa de la Jefatura, que no pudo sino haber sido cometida por personal uniformado, que eran los únicos presentes en el edificio. Por último se tramita la causa 1.318/13 por cortes en la calle y daños en bienes como destrucción o inutilización de patrulleros, interferir equipos de comunicación y dejar a víctimas de delitos desamparadas sin atención. Por estos comportamientos una comisión investigadora formada por legisladores de todos los partidos dará a conocer su dictamen dentro de 30 días.

En los próximos días el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, imputará a varios miembros del no reconocido gremio policial Apropol, entre ellos a su líder Alberto Martínez, por el alzamiento de diciembre. El fiscal de Estado Pablo Saccone los había denunciado por sedición e instigación a la comisión de delitos. Durante aquellos días, Bonfatti denunció haber recibido dos mensajes a su celular. "Pelado, paga las 12 lucas...", decía uno de ellos. La intervención judicial de la línea emisora determinó un allanamiento en la calle Gaboto y el secuestro del aparato por orden del juez Javier Beltramone. La línea había sido adquirida por la esposa de Alberto Martínez. Las Fiscalías de Santa Fe y Rosario tienen 45 policías identificados por impedir el servicio a sus camaradas.

Los que incentivan comportamientos violentos tienden a tener éxito en contextos de necesidad verificable. Pero eso no confiere legitimidad a los que buscan la convulsión. En los estallidos del pasado, además, los más pobres suelen recibir más palos que beneficios. Eso fue resaltado por varias organizaciones sociales el año pasado, que fueron las primeras interesadas en separar el reclamo del estallido.

"No notamos clima de enfrentamiento o de choque", dice el secretario de Gobierno de Rosario, Fernando Asegurado, invitando a ver ahora un contexto distinto. "Se unificaron las acciones y discursos de Nación, provincia y municipio en cuestiones de seguridad, las fuerzas actúan en conjunto, hay un nuevo sistema penal con fiscales más activos, muchos empleadores estatales y privados están otorgando beneficios. Tenemos 33 mesas barriales en los 6 distritos de la ciudad con diálogo permanente con referentes sociales y vecinales, en los que se dan a conocer necesidades pero no se explicitan allí conflictos graves. ¿Por qué tendrían que estallar estas cosas en diciembre si no se manifestaron antes? Si pasa algo, no tengo duda, será algo armado".

El fiscal regional de Rosario Jorge Baclini señala que más allá de la comprensión de la situación social, los hechos de alteración del orden público son delitos muy graves por lo que ante una eventualidad así se actuará con total firmeza. "Tenemos diagramado un plan, porque en caso de que se produzcan detenciones numerosas, habrá que disponer mayor cantidad de fiscales en turno para atender consultas telefónicas, pedidos de allanamiento e imputar en audiencias. Vamos a estar preparados ante una situación así, no por vocación de alarmar sino porque frente a los antecedentes recientes obrar de otro modo sería una negligencia".

Las zonas a volcar el ojo serán las mismas donde se dieron conflictos en los años anteriores. Los barrios Cristalería, La Lagunita, Santa Lucía, La Granada, Avellaneda al 4000, Grandoli y Gutiérrez, Ayacucho y Batlle y Ordóñez, Ovidio Lagos y Acevedo. También Villa Gobernador Gálvez. El año pasado referentes de organizaciones sociales que percibieron acciones de desestabilización bajo el ropaje de los reclamos manifestaron por la prensa que ellos eran ajenos a las maniobras. En un contexto inflacionario que bordea el 40 por ciento y crecimiento estancado, está claro que no todos los que demandan buscan el caos. Pero el año pasado hubo sectores gremiales reconocidos en la promoción de los disturbios: las autoridades, la policía y la Inteligencia de Gendarmería mencionan a franjas del Sindicato de Recolectores de Residuos y de modo aislado a algunos peones de taxis.

En los fenómenos de multitud, las inhibiciones más elementales suelen quedar suspendidas. Para que los sentimientos básicos y los comportamientos extremos que hay en toda persona aparezcan, en contextos propicios, el motivo puede ser lo de menos. De hecho no es sólo la necesidad básica ni el impulso al delito: en los últimos años los focos que activaron los disturbios fueron protestas por un temporal con inundación y cortes de luz generalizados en medio de un calor sofocante. Hay algo a mitad de camino entre lo espontáneo y lo provocado. Es lo que se llama sugestión, el fenómeno de contagio, donde hacen falta dos cosas: alguien capaz de conmoverse y alguien capaz de conducir. Eso campeó en Rosario en este tipo de disturbios en donde incluso, el año pasado, aparece clara la participación de personas ligadas al fenómeno narco. Sobre toda esta enredada trama social están volcadas las luces de alerta que enciende diciembre.

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