Opinión
Martes 23 de Agosto de 2016

¿Es necesario reformar la Constitución?

Una reforma constitucional de partido, doctrinal y sectaria está inexorablemente condenada a sucumbir en el primer cambio de mayoría. Una "Constitución socialista" o que exprese el proyecto del Frente Progresista sería un franco retroceso.

"Conservar la Constitución, es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No la reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluye el respeto y la costumbre, y una ley sin esas bases es un pedazo de papel, un trozo literario. La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, son los grandes medios de remediar los defectos de las leyes. La ley es un dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado, quien la hace ser sabia o inicua". Juan Bautista Alberdi. "Bases".

La reforma de 1994 se edificó sobre una indudable legitimidad política, no obstante la consideración de sus resultados es opinable. Sostenemos que la Reforma del 94 hizo una importante ampliación de derechos, muchos de ellos sólo declarativos, pero en el imaginario colectivo será recordada como la reforma del Pacto de Olivos, esencialmente política. El Pacto que, buscaba imponer a toda costa la reelección presidencial .

A 22 años de la Reforma nos preguntamos: ¿mejoró en algo la calidad institucional de la República? ¿Profundizó la división de poderes? ¿Funcionó la Justicia durante estos años como un órgano independiente? ¿El federalismo fue respetado o más bien socavado por un régimen presidencialista que llegó a tener una alta concentración del poder? ¿Algunos de los problemas estructurales de nuestro país,como la inseguridad o la violencia social, fueron resueltos?

A partir de la Reforma del 94 se dio una ola de reformas provinciales. La mayoría de ellas argumentado la "necesidad" de adecuarse a la Constitución nacional reformada. Nuestra Constitución provincial por decisión del Ejecutivo, por falta de mayorías o por presencia de la oposición, se pudo salvar del embate de esa ola reformista.

En la actualidad, de las 24 provincias, incluida la CABA, encontramos solamente tres honrosas excepciones, tres provincias que no reformaron su Constitución: Mendoza (1916), Misiones (1958) y Santa Fe (1962). Y nos referimos como honrosas excepciones porque son las provincias de Mendoza y Santa Fe las que tienen el más alto índice de calidad institucional en el total de las provincias argentinas.

Despierta sentimientos encontrados leer la solemne declaración de derechos de los pueblos aborígenes en las reformas de las constituciones de provincias del NE como Formosa y Chaco cuando se las contrasta con la dura realidad que estas comunidades viven hoy, donde no solo no se les respeta en sus derechos, sino que se los vulnera y a veces desde el propio Estado provincial. En la mayoría de las de las provincias con Constitución reformada se establecieron gobiernos feudales, sin respeto por las minorías, con nulos sistemas de contralor y produciendo en definitiva una baja en la calidad institucional. Porque al fin y al cabo, el denominador común que encontramos en las reformas de las Constituciones provinciales es siempre uno solo y el mismo: la concentración del poder político.

Claro que si le preguntamos a los especialistas, en especial a los abogados constitucionalistas, ellos nos dirán que sí. Que la Reforma es necesaria por tales o cuales argumentos. Obviamente no podría responder de otra manera, como tampoco podría responder un cirujano de forma diferente a la pregunta de un paciente de si es necesaria realizar una intervención quirúrgica.

El gobierno provincial encabezado por Lifschitz viene de un tiempo a esta parte manifestando su vocación reformista. Esta vocación se ha concretado en un proyecto avanzado de reforma constitucional. Los medios nos han informado de la existencia de un cuidadoso y elaborado proyecto firmado por el director provincial de Reforma Política, llamado "Plan participativo y estratégico para la construcción de acuerdos en torno a la reforma constitucional en Santa Fe" que se presenta titulado como "Una Constitución para el Siglo XXI en Santa Fe; una Constitución de todos".

Ante este escenario se nos ocurre hacer algunas reflexiones. Las normas constitucionales son pactos de convivencia que regulan las relaciones en sociedades heterogéneas tratando de resguardar y respetar el pluralismo o el multiculturalismo. Esta faceta plural no es una novedad sin un hecho histórico. El pluralismo, de hecho, está en la naturaleza misma de esta provincia desde sus orígenes mismos y de derecho. Esta condición multicultural está contemplada y protegida en la Constitución vigente de 1962, apreciada, a pesar del paso del tiempo, como una de las más modernas e inclusivas.

Razonamos que el espíritu de cualquier Constitución es su perdurabilidad, que ese proyecto de convivencia pacífica se mantenga en el tiempo. No se puede reformar una Constitución bajo cualquier presupuesto, sino que tienen que haber razones, argumentos y fundadas motivaciones que justifiquen la reforma. Es más, entendemos que la pregunta básica que debe hacerse hoy es: ¿Necesita la gente, el pueblo de Santa Fe, una reforma constitucional? ¿Por qué y para qué le serviría en concreto? El hecho de que una reforma se inspire en motivos ciertos no implica que la misma tenga que resultar necesaria, atractiva y oportuna.

La reforma constitucional no debe ser presentada como una panacea. No podemos pretender que los problemas de la provincia los resuelva una reforma constitucional porque los problemas a los que nos enfrentamos algunos pueden tener origen institucional pero también hay mucho problema cultural para considerar. Y si se tratara de crisis de representatividad o legitimidad, el origen de esta crisis en nuestro sistema político e institucional se encuentra en el régimen electoral y en la regulación de los partidos políticos. Ambos pueden ser reformados de forma que permitan renovar la legitimidad de nuestro marco político e institucional sin necesidad de reforma constitucional.

Suponemos que también serán de tratamiento el tema de las autonomías municipales ¿Son realmente necesarias? ¿Será la gente puesta en conocimiento de que las autonomías significarán más gasto, más impuestos, más administración, más Estado innecesariamente, es decir más peso sobre el ciudadano? Como sabemos en Argentina nunca se eliminaron tributos sin agregar otros. ¿No es posible que por la vía de una ley se puede hacer correcciones para darle más autonomía a ciertas ciudades sin crear un Estado dentro de otro Estado?

En democracia no hay peores leyes que las innecesarias y recordemos que la Constitución es ley de leyes. Las leyes cuando son innecesarias tensionan el cuerpo social, no resuelven ningún problema y aumentan el ya de por sí excesivo arsenal legislativo.

Pero puede haber también razones estrictamente ideológicas. No se trata de resolver un problema, sino de modelar un nuevo sistema según las propias ideas y valores. Las reformas constitucionales innecesarias son, por tanto, instrumento de la lucha ideológica, componente esencial, de la disputa por el poder y por el control de la sociedad.

Los gobiernos nunca actúan de una manera neutral. Cuando afrontan problemas concretos, lo hacen obviamente desde una posición ideológica propia. En el caso de las leyes o reformas constitucionales innecesarias, porque no hay ninguna demanda social que las justifique, simple y llanamente, es una cuestión ideológica y de poder político.

Una reforma constitucional de partido, doctrinal y sectaria, está inexorablemente condenada a sucumbir en el primer cambio de mayoría. Una "Constitución socialista" o que exprese el proyecto del Frente Progresista sería un franco retroceso. Ensayos sectarios de este tipo, lamentablemente, en la Argentina no tuvieron un final feliz.

Toda Constitución tiene un sustento filosófico básico. Pero no es un manifiesto ideológico en el cual la"izquierda", el "centro" o la "derecha", introduzcan sus postulados. La Constitución es expresión de los consensos de toda la sociedad donde se precisan las reglas claras para la convivencia de todos. Su mandato es respetar la pluralidad y administrar, dentro del marco normativo, los derechos y obligaciones del ciudadano.

Volvamos a las fuentes. Alberdi, uno de los más importantes jurisconsultos del continente, es muy puntualal respecto: "El gran arte del gobierno es el arte de hacer amar a los pueblos la Constitución y las leyes. Para que los pueblos la amen, es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor y evitando en todo lo posible sus reformas, pues debemos remediar sus defectos, no por la abrogación sino por la interpretación".

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