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Domingo 19 de Octubre de 2014

"Es difícil aceptar que Capozucca se ponga como víctima"

Fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitado para manejar, pero ahora gestiona volver a hacerlo. ¿Qué debería hacer la Justicia?

Un chico de 19 años se lleva un coche moderno y veloz del concesionario de autos de su padre. Recoge a dos amigas y un amigo y sale a la calle. Bebe, pese a que está al volante del BMW, y a las 6.30 de la mañana corre una picada con otro vehículo. Va a 115 kilómetros por hora, muerde el cordón, pierde el control y se estrella contra un árbol. Un chico y una chica mueren, la otra queda en estado de coma irreversible, él sobrevive.

La tragedia que mató a Nayib Abraham, de 19 años, y a Ursula Notz, de 16, y que dejó postrada a Carla Alfaro (ese día cumplía 16), ocurrió el 22 de mayo de 2005. Después de un largo proceso, no exento de controversias, el responsable de esa masacre fue condenado a una pena de tres años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación para manejar. La pena de prisión ya se cumplió y la de inhabilitación se agotará el próximo año, pero aquel chico, que se llama Matías Capozzuca y hoy tiene 29 años, quiere volver a manejar.

¿Tiene derecho?

¿Es legítimo que se lo permitan?

¿Deberían negarle el carné?

Una conducta agresiva. "Desde el punto de vista legal es probable que Capozucca tenga derecho a pedir el carné, pero socialmente lo que se espera es que con la pena se haya producido un cambio en el responsable de un hecho tan grave, y no parece que este sea el caso", dice Gerónimo Bonavera, de la Fundación Conciencia Vial.

En 1995 un conductor desaprensivo embistió al hijo de Bonavera en Mendoza y Callao y se escapó. El chico murió y el padre inició una campaña para buscar testigos que lo ayudaran a identificar al homicida. Lo encontró tras una valiente búsqueda y logró que la Justicia lo condene. Después se convirtió en un militante de la conciencia vial y hoy es un referente en la materia.

Bonavera no tiene reparos legales hacia el deseo de Capozzuca de volver a manejar. "Si cumplió la condena y la ley lo habilita, nadie puede ir contra eso", explica, aunque entiende por qué muchos rosarinos rechazan la posibilidad de que el responsable de un delito con secuelas tan graves recupere el permiso estatal para conducir vehículos. "Hay una conducta agresiva de su parte y eso genera dudas sobre si está en condiciones de volver a manejar", explica. Su mirada se detiene incluso en un detalle aparentemente anecdótico, el hecho de que Capozucca asista a gestionar el carné acompañado de su padre. "Ya tiene 29 años, es estudiante de abogacía... ¿Es necesario que el papá vaya con él? Eso también genera rechazo, porque parece una provocación familiar", se explaya.

Bonavera vuelve sobre la actitud pública de Capozzuca. "En su aparición en televisión se lo ve arrogante, pero lo peor es que se victimiza, dice «tengo derecho a rehacer mi vida» y lo hace de manera desafiante. Nadie dice que no tenga derecho, pero es difícil aceptar que sea él justamente quien se ponga como víctima".

Más allá del caso puntual, Bonavera reclama cambios en el tratamiento legal de episodios como el que involucra a Capozucca y sugiere que el procedimiento penal limite el margen del juez para darles ciertas prerrogativas a los imputados y condenados. "Si alguien maneja borracho, corre picadas y mata, no tendría que tener la posibilidad de ser excarcelado", explica. Y añade: "Las normas deben contener un mensaje a la sociedad, quienes manejan deberían tener claro que si violan la ley y matan, irán presos".

"Que no vuelva a matar". El abogado y doctor en Derecho Oscar Blando evita hablar específicamente de Matías Capozucca, pero formula reflexiones que son aplicables al caso y también a otros vinculados a lo que, siguiendo a un criminólogo mendocino llamado Luis Marcó del Pont, denomina "delitos de tránsito".

Blando sostiene que la inhabilitación como sanción penal a alguien que ha cometido un delito de consecuencias irreparables es trascendente porque tiene un interés público: no le importa sólo a quien ha sido inhabilitado por la Justicia sino a toda la sociedad, porque si esa pena no se cumpliera serían los integrantes de la sociedad quienes podrían resultar afectados.

"La pena de inhabilitación para conducir a alguien que ha causado una muerte u otro daño con un vehículo le hace ver a esa persona, pero también se lo hace ver al resto de los individuos, que para ejercer los derechos que la vida civil garantiza es necesario respetar las reglas que permiten la existencia de la propia civilidad", afirma.

Blando, quien además es constitucionalista y profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de Rosario, sostiene que la inhabilitación como pena persigue una prevención específica de conductas vinculadas con el delito cometido. "Lo que busca esa sanción es impedir que la persona cometa nuevamente, en perjuicio de terceros, un hecho delictivo grave", explica.

Agrega Blando, ahora sí taxativo: "En casos graves como el de Capozucca, el impedimento para manejar debe incluir pautas estrictas de rehabilitación. Sin ellas no debe permitirse que el autor de un delito de tránsito vuelva a cometer muertes en el asfalto".

"No debe manejar". La posibilidad de que el delito se repita también es central en el análisis que formula un camarista penal de Rosario. El jurista, con años de desempeño en los tribunales locales, establece una distinción entre estar habilitado para volver a conducir y tener la capacidad para hacerlo. "Habilitado debe estar, porque sabe manejar, pero cabe preguntarse si tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal cuando está al mando de un vehículo", explica.

Como integrante del Poder Judicial, el hombre conoce detalles de la causa que no olvida y que, unidos a una "actitud desafiante" de Capozucca cuando enfrentó a la prensa hace algunos días, lo llevan a dudar sobre sus méritos para ser rehabilitado. Recuerda, por ejemplo, que mintió en el momento del choque al afirmar que la picada era entre otros dos vehículos. Que alegó tener influencias para evitar que lo acusaran. Y que culpó falsamente a otro conductor por el choque fatal que había provocado él mismo. Y dice algo que María Teresa Escudero, la madre de Carla Alfaro, la chica que lleva 10 años en estado de coma vigil irreversible, ha recalcado estos días: "Nunca mostró arrepentimiento por su conducta".

El camarista recuerda que, según el procedimiento penal, una persona puede ser rehabilitada si cumplió con un requisito formal, tres cuartas partes de la pena, y con otro más abstracto: demostrar que ha remediado la conducta que lo llevó a delinquir y no generar el temor de que pueda repetirla. En ese sentido coincide con Bonavera en que la actitud pública de Capozucca no contribuye a crear la percepción de que se rehabilitó. "Por lo que vimos estos días en sus apariciones públicas, diría que eso no ocurrió", dispara.

Lo legal y lo legítimo. Para una de las abogadas que atienden el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo, la legalidad de la pretensión de Capozucca no admite reparos jurídicos. En cuanto a la legitimidad, dice que este concepto es subjetivo y depende de quien lo evalúe, de la mirada de los otros, del consenso.

"Legitimidad no es lo mismo que legalidad. Si alguien cumplió la pena, como en este caso, nadie puede negarle el derecho a rehabilitarse. Capozucca, a través de su defensa, ha planteado todos estos años cuestiones vinculadas al proceso penal que fueron resueltas a través de distintas instancias. Ahora lo asiste la ley al solicitar obtener el carné aun cuando no se hayan cumplido los 10 años de inhabilitación impuestos como pena accesoria. Por eso el juez realiza la consulta a la autoridad administrativa de tránsito para que evalúe si está en condiciones de hacerlo".

Como el camarista, la abogada del CAV plantea que Capozucca pudo haber pedido permiso para volver a manejar cuando cumplió las dos terceras partes de la pena de inhabilitación. Supone que quizás no lo hizo porque en ese caso debería haber acreditado ante el juez la reparación del daño que causó y el cambio de la conducta que lo llevó a cometer el delito, mostrar arrepentimiento y no generar el temor de que pueda repetirla. Y agrega: "Cuando se cumplan los 10 años ni siquiera se lo tendrá que pedir a la Justicia, bastará con que se presente ante las autoridades del municipio y gestione su carné como cualquiera. Pero Capozucca quiere llevar una «vida normal» ahora, no puede esperar hasta el próximo año. ¿Es legal? Lo es, pero quizás esperar unos meses hubiese generado una valoración de la sociedad moralmente más cerca de la legitimidad que se pretende".

Aun así, reconoce que es difícil atribuir legitimidad al deseo de Capozucca de volver a manejar. "Si les preguntan a los familiares de sus víctimas, a sus amigos, probablemente querrán que jamás vuelvan a darle el carné y sería entendible, porque son ellos quienes sufren las secuelas de su conducta y temen que pueda repetirla", afirma.

Y concluye: "Este fue un hecho desgraciado y el responsable tuvo una conducta criminal, pero fue sancionado y su condena se cumplió. Su deseo de llevar una vida normal pese a las consecuencias tristísimas de su conducta sería menos reprochable socialmente si necesitara el carné para trabajar porque fuese camionero o taxista. La condena social no separa lo que corresponde legalmente de lo que la gente imagina que debería corresponder".

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