Opinión
Viernes 19 de Agosto de 2016

Entre los anuncios y la realidad

Debates. El gobierno lanzó el programa de Cobertura Nacional de Salud, que beneficiaría a 15 millones de personas. Sin embargo, la iniciativa tiene muchas aristas polémicas. Lo mismo pasa con el proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Carina Mazzeo y Julia Canet (*) / Abogadas

Recientemente se conocieron dos medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, que eventualmente afectarán la estructura del sistema de salud en nuestro país.

La primera de ellas fue la creación de la Cobertura Universal de Salud, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Anunciada como un ambicioso sistema que implicaría el acceso de quince millones de argentinos no alcanzados por la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, quienes contarían antes de fin de año con una credencial inteligente que les garantizaría el acceso a prestaciones sanitarias básicas.

Pese a lo grandilocuente del anuncio, en la práctica lo establecido no ha sido otra cosa que la asignación de los recursos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, desde hace años sin "redistribuir" y por los cuales venían reclamando las obras sociales sindicales.

Se estableció además que de los recursos acumulados en dicho fondo se destinarían ocho mil millones de pesos al financiamiento de la anunciada cobertura universal de salud. No se advierte cómo, con esa suma, se pondría en marcha un sistema como el que se pretende, máxime si se tiene en consideración el hecho de que la Nación tiene unos pocos efectores de salud en todo el territorio, siendo la gran mayoría de los servicios de salud pública de resorte provincial o municipal, y hay enorme disparidad entre los servicios disponibles en cada una de las provincias. Existen provincias en que la mayoría de sus habitantes no tienen acceso a prestaciones básicas, y otras que han desarrollado hospitales que cubren, inclusive, la más alta complejidad. Así las cosas, lo anunciado aparece más como una expresión de deseos que como un objetivo programático que pueda realmente convertirse en realidad.

"Hay casos que tienen hasta tres coberturas y otros, ninguna", afirmó el ministro Lemus. "La idea —agregó— es que toda la población tenga una cobertura con acceso garantizado a la canasta básica de prestaciones del Programa Médico Obligatorio y equidad en cualquier punto del sistema, sin importar si la cobertura es del Pami, una obra social sindical o provincial, un programa de asistencia pública o una prepaga". Pero sus declaraciones no se condicen con lo que surge del análisis de la ley enviada al Congreso nacional donde se establece la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), ya que ese objetivo no se hará realidad, puesto que el propio proyecto establece que dicha agencia tendrá como función determinar la exclusión o inclusión de medicamentos, técnicas y procedimientos en "el Programa Médico Obligatorio, en la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en futuro los reemplacen". Pese a lo que se dijo, no se busca que los beneficiarios del sistema público accedan a las mismas prestaciones a las que pueden acceder quienes son afiliados a una prepaga u obra social, ya que al referir al PMO o a la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público, se está programando la elaboración de un sistema diferenciado que limite la obligación prestacional de los efectores públicos, y establece para la salud pública una canasta diferente de prestaciones que la que están obligadas a brindar las obra sociales y prepagas, dejando en evidencia que, lejos de solucionar la eterna fragmentación del sistema, la profundiza.

Se establece que la agencia a crearse será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria, agregando a través del art. 15 que sus decisiones serán de carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional, las jurisdicciones que adhieran y los sujetos alcanzados por su actuación. Esto último es quizás lo de mayor gravedad, en tanto resulta contrario a nuestro plexo normativo constitucional y violatorio del principio de división de poderes.

Para que se entienda, lo que establece la norma (y lo que ocurrirá de sancionarse de este modo) es que en el caso de que cualquier ciudadano recurra a la Justicia a fin de obtener la cobertura de determinada prestación, ya fuere afiliado a una obra social o prepaga o usuario del sistema público, y aún en el caso de que lo hiciera a través de una acción de amparo —vía rápida y expedita prevista por la Constitución para garantizar derechos de naturaleza constitucional como el de la salud— deberá darse intervención obligatoria a esta agencia, cuya decisión será vinculante inclusive para el tribunal interviniente.

El ministro Lemus también señaló que "el sistema está muy judicializado, con muchos amparos. Con la Agnet vamos a saber con qué evidencia científica cuentan los medicamentos, los aparatos o los procedimientos de uso médico, si ingresan o no a la cobertura universal y, también, que los jueces puedan rechazar o aceptar los amparos". De acuerdo a las intenciones del proyecto, un organismo creado en la órbita del Poder Ejecutivo será el que determine con carácter vinculante si pueden o no los jueces federales hacer lugar a una demanda instaurada por un particular en requerimiento de que se garantice su derecho de acceso a la salud.

Esto se justifica, según Lemus, en la supuesta "judicialización" del sistema ya que sólo este año, la justicia federal le ordenó al Ministerio de Salud que dispusiera la cobertura de 214 reclamos de pacientes. No parece ser un problema, ya que se trata de una población usuaria del sistema público de 15 millones y no es relevante que 214 de ellos obtuvieran resoluciones judiciales favorables. Es difícil pensar que esto pudiera provocar un desequilibrio del sistema, porque el acceso a la justicia es de carácter excepcional en poblaciones cuyos recursos económicos y culturales son más escasos.

La sospecha es que los intereses que se buscan proteger, son los de otros actores del sistema: las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Éstos sí son, con mayor frecuencia, demandados por el incumplimiento de sus obligaciones.

Si el nuevo sistema implica el establecimiento de una canasta básica de prestaciones para el sistema público, diferenciada de la que deben brindar los privados y la seguridad social, si la Agnet podrá excluir prestaciones del PMO y, además, será parte obligatoria y con decisión de carácter vinculante en los procesos judiciales en los que se reclame la cobertura de prestaciones de salud a cualquiera de aquellos entes, recortando facultades del Poder Judicial, más que evitar la fragmentación del sistema la profundizará; y más que garantizar derechos el hilo se cortará una vez más por lo más delgado, perjudicando los intereses de afiliados, usuarios y ciudadanía en favor de quienes permanentemente buscan eludir sus obligaciones.

Inaceptable. Poner en duda el número de desapariciones forzadas es la estrategia que siguieron los criminales.

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