La violencia, el vandalismo y los robos sacuden la red de salud pública de Rosario. Una realidad cada vez más frecuente que afecta tanto a profesionales como pacientes. La mitad de los dispensarios, tanto municipales como provinciales, debe atender con custodia. De los 90 centros de salud, casi 50 cuentan con alguna protección: vigilancia privada, servicios adicionales de la policía o bien agentes de seguridad comunitaria. En el caso del municipio, la cantidad de efectores con protección se mantiene en estos porcentajes desde hace tres años.
La inseguridad golpea cada vez con mayor frecuencia y parece no distinguir códigos. Ayer, el centro de salud provincial Alfonsina Storni (Bermúdez al 6300) cerró sus puertas tras el robo sufrido por una pediatra del equipo médico. Sus colegas reclamaron patrullaje al ingreso y egreso del efector como condición para regresar a sus puestos laborales.
En sólo 48 horas, los ataques a profesionales de la salud irrumpieron con fuerza. El miércoles, en barrio 7 de Septiembre, dos enfermeras fueron agredidas por una mujer que les exigía la vacuna contra la gripe A. El edificio cerró sus puertas por el incidente y reabrió al otro día, pero con refuerzo policial.
Idéntica situación se produjo en la mañana de ayer, cuando una pediatra del dispensario Alfonsina Storni fue abordada por un delincuente que la despojó de sus pertenencias cuando bajaba de su vehículo. Tras este episodio, los trabajadores tomaron la decisión de brindar la atención al público a puertas cerradas.
Por la tarde, todo el equipo de salud se reunió con la directora del nodo Rosario del ministerio sanitario santafesino, entre otras autoridades para buscar una solución.
"Se acordó peticionar una ronda policial para la zona, y que el patrullero esté al ingreso y egreso laboral en la puerta del centro de salud a las 7, 13 y 18 horas. La protección es para todo el barrio, pero también para que se garantice la llegada a los puestos de trabajo. Este refuerzo se planteó por una semana, para que en ese lapso se acuerden otras soluciones", detalló a LaCapital la coordinadora de salud del nodo Rosario, Ivana Novarese.
Con consenso. La funcionaria indicó que de los 35 centros de salud provinciales que funcionan en este territorio, la mitad cuenta con custodia. "Algunos tienen seguridad privada, otros están cubiertos por los adicionales de la policía y otros cuentan con agentes de Seguridad Comunitaria. Todo se consensúa con el personal en cada centro, ya que en algunos se solicita que no existan agentes armados", especificó Novarese.
En el centro de salud Alfonsina Storni no contaban con protección. Allí acuden a diario unos 25 profesionales entre médicos, psicólogos, odontólogos, agentes sanitarios y administrativos. La población barrial ronda los 7 mil habitantes.
La coordinadora comparó los niveles de violencia urbana a los de una década atrás para marcar un profundo contraste. "Lamentablemente estos hechos contra el servicio de salud son cada vez más frecuentes", agregó y recordó que una de las soluciones que se aporta es el refuerzo en el vínculo entre la comunidad y los profesionales.
Uno de los sistemas adoptados para enviar robos es tener las farmacias con poco stock, ya que ese sector suele ser un blanco codiciado por los delincuentes. "El medicamento pasa rápidamente por el centro y llega casi justo al momento de la entrega al paciente", reveló Novarese.
Los municipales. De los 51 centros de salud que componen la red primaria del sistema municipal, en la actualidad 30 cuentan con la contratación de un servicio de vigilancia privada.
Su cobertura geográfica es variada. Va desde el Centro de Salud Martín (que funciona en la ex Maternidad de Moreno y Rioja) hasta diversos barrios de la periferia rosarina.
Cada tres meses, se licita el servicio de custodia en función de una cantidad de horas de vigilancia durante el horario de 7 a 19. "Los primeros que contaron con esta protección son de 2007 y desde hace tres años la mitad de ellos está con servicio privado. El número se mantiene estable desde 2013", indicó el director municipal de los centros asistenciales, Fernando Vignoni.
Los hechos de violencia se pueden rastrear en los últimos meses. En enero del año pasado, una médica y una administrativa del dispensario ubicado en Roullión al 4300 (barrio Toba) fueron atacadas a pocos metros del lugar.